Acoso sexual callejero: el rol de las universidades
El acoso callejero es penado en el marco de la Ley N° 21.153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos y establece que lo comete quien realiza un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante a la víctima, en lugares públicos o de libre acceso público, y sin mediar el consentimiento de la persona afectada.
Esta ley, que se tramitaba desde el año 2011, fue aprobada el año 2019, y sanciona un fenómeno que forma parte de la historia de violencia de género que enfrentamos las mujeres. En marzo del año 2022, el acoso callejero se expresó de forma más evidente en los entornos de los centros de educación superior, especialmente en el llamado barrio universitario de República, y con más registros de denuncias en el transporte público. Según informó Metro, el porcentaje de denuncias realizadas hasta marzo del 2022 representó el 26% de todas las que se realizaron el año 2021. Esta situación puso al centro de la discusión el rol de las universidades en la protección de sus estudiantes frente al fenómeno.
En ese marco, desde septiembre todos los centros de educación superior deben dar cumplimiento a la Ley N° 21.369 (publicada el 15 de septiembre de 2021), que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en contexto universitario, creando espacios seguros, libres de estas conductas y asegurando prevención, investigación y sanción, junto con acciones de reparación. Cabe preguntarse si las universidades tienen alguna responsabilidad en el combate al acoso callejero que, como hemos dicho al comienzo, ocurre por definición, en espacios públicos.
La respuesta se circunscribe al rol educativo que cumplen las instituciones de educación superior y, dentro de ese rol, la implementación de acciones de sensibilización que generen posturas críticas hacia la violencia de género, en todas sus manifestaciones, incluido el acoso callejero. Al respecto, existe coincidencia de la investigación (Trujillo Cristoffanini, M.; 2021; Díaz-Aguado, J., 2013) sobre el papel que le cabe a la educación superior en avanzar hacia la igualdad y mitigar este flagelo, de manera muy crucial en contribuir a un cambio generacional a través de la formación. A pesar de este consenso, no ha sido una tarea fácil, ya que estas temáticas forman parte de la cultura, lo que genera amplia resistencia al cambio. En Chile, estudios indican que las principales expresiones de la violencia sexual son el acoso sexual, el cual afecta el rendimiento académico de las víctimas. Las estudiantes que lo han vivido tienden a percibir el ambiente universitario como hostil y muchas veces se ven forzadas a evadir las interacciones con los sujetos acosadores, teniendo que cambiarse de curso o, incluso, abandonar la carrera (Dinamarca-Noack, C.; 2021). Nos encontramos aquí con efectos que se producen en el contexto universitario y que demandan una acción de las universidades.
La UC ha generado respuestas para encarar esta problemática y desde 2017 ha implementado la Política de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual.
Además, en 2018 se creó la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual (UVS), que promueve la sensibilización, psicoeducación y entrega de herramientas de cuidado individual y comunitario para toda la comunidad de la UC, con el fin de prevenir el acoso sexual y la violencia sexual, como también proteger a personas en riesgo de ser víctimas de estas situaciones en el ámbito de la educación superior. En la línea de apoyo a las víctimas, desde el año 2018 la demanda ha sido creciente, y se han atendido a la fecha 444 casos.
Además, existe el Programa de Apoyo Psicosociojurídico que ofrece orientación a las personas afectadas por este tipo de situaciones, fuera y dentro del contexto universitario, a través de los servicios internos especializados o derivación a programas de la política pública y sistema judicial nacional. En esta línea de apoyo, 66 personas han sido derivadas (60 mujeres y 6 hombres), y existen a la fecha 25 causas vigentes, de las cuales 14 son de abuso sexual, 10 de violación y 1 de acoso sexual, la mayoría situaciones ocurridas fuera del contexto universitario.
Estos no son los únicos servicios que ofrece la UC. La Dirección de Asuntos Estudiantiles cuenta con el Programa de Relaciones Saludables y las Intervenciones de Prevención en Violencia Sexual.
Así, a dos años de la promulgación del Reglamento de Violencia Sexual en la UC, se han creado instancias preventivas y las víctimas cuentan con un lugar para ser acompañadas en la UVS. Según los resultados del Estudio de Evaluación de Impacto de la Política de Violencia Sexual UC 2018-2021, las tasas de victimización han bajado en los últimos años.
No obstante, considerando el aumento de las denuncias de acoso callejero ya citadas, es todavía un desafío concientizar sobre la corresponsabilidad que tenemos como comunidad para actuar cuando somos testigos de acoso sexual, y acompañar a quienes lo han sufrido