Cierre de fronteras: la antesala de un problema humanitario

Durante el último tiempo se ha producido un fuerte incremento de la migración en un corto período. De hecho, entre el  Censo de 2017 y la proyección que realiza el Departamento de Extranjería y Migración al 2021, la población extranjera casi se ha duplicado en Chile en 4 años.

Sin embargo, nos parece que esta cifra por sí sola no es suficiente para explicar la menor tolerancia y el mayor malestar de la población local con la migrante. Sostenemos que más allá del incremento numérico, es el discurso público que se construye en torno a estas cifras lo que genera una percepción cada vez más negativa y menos tolerante hacia la migración. Planteamos en esta línea que las autoridades políticas y de gobierno, así como los medios de comunicación, juegan un rol clave en la construcción de ese mensaje.

La reciente encuesta Bicentenario indica que el 78% de las personas consultadas considera que el número de inmigrantes en Chile es excesivo, 18 puntos más alto que en 2020. Por otra parte, el 64% considera que existe actualmente un gran conflicto entre chilenos y extranjeros, 16 puntos más arriba que la medición de 2019, ello pese a que la gran mayoría declara no haber tenido malas experiencias con personas migrantes. La misma encuesta da cuenta del menor consenso que existe en torno a la igualdad de derechos que debieran tener los migrantes regulares en el país. Si en 2019 el 79% de los consultados estaba muy de acuerdo o de acuerdo con que los extranjeros en situación legal tuvieran acceso a beneficios de salud, educación y vivienda en igualdad de condiciones que los chilenos, en 2021 esa cifra disminuye a 67%.

¿Qué explica estas percepciones en torno a la población migrante en el país? ¿Por qué y cómo se instala la idea de que existe un gran conflicto entre extranjeros y nacionales? ¿En qué medida estas percepciones afectan o dificultan el proceso de inserción social de la población migrante en el país?

CAMBIO EN EL DISCURSO PÚBLICO

Ante de contestar estas interrogantes, es relevante consignar que el discurso oficial de los últimos años pasó de un “ordenar la casa” a uno centrado en la criminalización de la irregularidad (Stang, F. y Lara, A., 2020; Stefoni et al., 2021; Thayer et al., 2020). Ello no es de extrañar puesto que a partir del inicio de la pandemia, y como producto del cierre de las fronteras (que se reabrirán el próximo 1 de mayo, en el caso de las fronteras terrestres), el incremento de ingresos de personas por pasos no habilitados se tomó la agenda en esta materia. Imágenes y discursos enfatizaron el descontrol de la frontera mostrando a personas agolpadas en una cancha de fútbol en Huara, durmiendo en la calle en Iquique y testimonios de caminantes que se aventuraban con bebés en brazos a recorrer más de 200 kilómetros por el desierto del norte grande. La situación cobró un ribete más complejo en septiembre de 2021 con la violencia vivida en Iquique.

El 24 de septiembre ocurrió en dicha ciudad un violento desalojo de unas 200 personas venezolanas que acampaban en la denominada plaza Brasil desde enero del mismo año. Al día siguiente se llevó a cabo una marcha antinmigrantes que terminó con la quema de las escasas pertenencias que tenían, a manos de un grupo de personas cuyo sentimiento de rechazo fue creciendo con las horas, al punto de ser capaces de gritarle a niños y niñas que se fueran del país porque aquí nadie los quería. Las pocas cosas que habían logrado juntar en su estadía en Chile, la escasa tranquilidad que puede brindar una carpa a la intemperie, la incipiente organización de quienes allí habitaban y que les permitió establecer turnos para cuidarse, terminó siendo arrasada y quemada en un acto de crueldad como pocas veces hemos visto (Stefoni, C.; Bravo, A. y Liberona, N.; 2021).

De esta forma se fue consolidando la idea de una crisis migratoria en el norte de Chile. Sin embargo, de las causas del incremento de los cruces por pasos no habilitados y de las razones que llevaban a estas personas a verse obligadas a vivir en la intemperie, se habló poco. Tal como hemos indicado en otras ocasiones, es posible identificar al menos tres elementos que se relacionan con el cruce por pasos no habilitados. En primer lugar, la mayor presión migratoria en el contexto de la crisis social, económica y política que atraviesa Venezuela; en segundo lugar, la crisis económica que se produce a partir de la pandemia en los países vecinos y que afecta de sobremanera a la población migrante, calificada como vulnerable y en riesgo; en tercer lugar, las medidas de cierre impuestas por el gobierno de Chile. Estas normas no se reducen al cierre de fronteras durante la pandemia, sino que se arrastran desde hace algún tiempo a través de la imposición de nuevas exigencias a quienes quisieran ingresar y permanecer en el país.

SIN SENTIDO DE HUMANIDAD

De este modo, las fronteras se comenzaron a cerrar para la población venezolana en 2018, cuando se anunció la implementación de una Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) y continuó al año siguiente (2019) con el establecimiento de una Visa Consular de Turismo (VCT) como requisito de ingreso para toda persona venezolana. Meses más tarde –después del cierre de la frontera por covid– se anunció la suspensión de la Visa de Responsabilidad Democrática. Los datos son claros frente a las dos alternativas de visado (consular) para la población venezolana: tanto la VRD como la VCT presentan un nivel muy bajo de aprobación, cercano al 30% del total de solicitudes. Por otra parte, es posible señalar que la solicitud de refugio fue prácticamente eliminada durante la administración de Sebastián Piñera, si vemos que el año 2020 el Estado de Chile reconoció la condición de refugiados solo a 7 personas y se rechazaron 2.072 solicitudes que se encontraban en trámite (DEM, 2021). Por lo tanto, frente a la imposibilidad de ingresar de manera regular, miles de venezolanos y venezolanas comenzaron a entrar de forma irregular a pie por el paso fronterizo de Colchane (Stefoni, C.; Bravo, A. y Liberona, N.; 2021).

Según la información publicada por el Servicio Jesuita a Migrantes, sobre la base de los registros entregados por la Policía de Investigaciones, en 2021 ingresaron al país 56.586 personas por pasos no habilitados. Por otra parte, de acuerdo con la información entregada por el Complejo Fronterizo de Colchane, durante un mes de funcionamiento del albergue instalado en el lugar, entraron en promedio 4.000 personas a dicho recinto (La Estrella de Iquique, 15 de noviembre de 2021).

El problema es que esta crisis humanitaria ha sido manejada con muy poco sentido de humanidad, pero con un excesivo sentido de crisis. De ahí que no debieran sorprender las respuestas de quienes fueron consultados para la Encuesta Bicentenario. La consecuencia de no considerar los elementos humanitarios en el desarrollo de las políticas públicas hacia la migración es que finalmente se termina por profundizar la situación de exclusión en la que actualmente se encuentran.

TRANSITAR CONTRA TODA NORMA

La mayoría de las personas que cruzan de manera irregular al país son familias venezolanas con niños y niñas de temprana edad, personas jóvenes solas, madres con hijos, familias con niños pequeños y abuelos. La gran mayoría de ellos llega desde Venezuela, ya sea literalmente caminando o bien han contratado el servicio de alguna agencia que promete ingresarlos al país y llevarlos hasta su destino final. Otros habían emigrado anteriormente a países como Colombia, Perú o Ecuador y han debido viajar hacia un nuevo destino, puesto que los estragos de la pandemia los dejaron nuevamente en una situación de gran fragilidad social y económica.

Todos ellos comparten la desesperación por ver cómo sus vidas dependen no solo de su esfuerzo por migrar y buscar un lugar más seguro, sino de no ser detenidos por “la migra”, no ser asaltados por las bandas de criminales y “coyotes” desplegados a lo largo de toda la ruta, y de confiar en que podrán resistir las durísimas inclemencias del altiplano boliviano-chileno. Recordemos que durante el año 2021 fueron 20 las personas migrantes que murieron intentando cruzar la frontera Pisiga-Colchane y durante enero de este año ya se han registrado dos muertes más.

Es importante tener claridad de que estamos frente a un escenario que es distinto a la migración tradicional que ingresaba al país y que había comenzado a crecer desde 1990 en adelante. Las razones que tiene la población venezolana para migrar no se relacionan únicamente con mejorar la situación económica o buscar nuevas oportunidades laborales. Hoy se trata de sobrevivencia, de poder entregar una oportunidad de vida a sus hijos y a sus familiares. Solo en la medida en que seamos capaces de comprender esta realidad podremos pensar en políticas que busquen poner en el centro al ser humano, brindar oportunidades, asilo, cobijo y refugio.

Las actuales cifras de ingreso por pasos no habilitados a Chile son una situación inédita, así como las características de la población en cuestión. Este ha sido uno de los grandes errores cometidos en Chile: pensar que se puede manejar esta migración con las mismas herramientas con las que se aborda el fenómeno en general. Lo extraordinario de la situación que se está viviendo en el norte del país requiere pensar en medidas extraordinarias: asistencia y ayuda humanitaria a quienes recién ingresan; permisos especiales de trabajo a quienes han entrado por pasos no habilitados; programas especiales de residencias temporales; asegurar derecho a la educación a infantes que ya vienen con un importante nivel de desescolarización y atención integral de salud, la cual no debe estar condicionada a la autodenuncia (Liberona, et al; 2021). Pero, sobre todo, se requiere una regularización migratoria inmediata, la que podría darse en el marco del reconocimiento de la condición de refugiados y refugiadas, acorde a la situación de Venezuela como primer país en desplazamiento forzado, según la ONU (Acosta, D. y Madrid, L.; 2020).

Es urgente que el Estado de Chile cumpla con los acuerdos de protección internacional que ha firmado, como la Convención de Cartagena de 1984, en línea con los pronunciamientos de la Corte Suprema contra las expulsiones colectivas (Stefoni, C.; Bravo, A. y Liberona, N.; 2021). Si persiste la política migratoria actual hacia esta población, nos encontraremos con futuras generaciones marginadas, que formarán parte de la sociedad chilena, pero que serán excluidas por una sociedad que no las acogió.