Reforma a carabineros: la urgencia de avanzar

La reforma prometida. Por Daniel Johnson Rodríguez

La reforma de Carabineros es un tema de larga data y se conocen recomendaciones de cambios importantes en su estructura y funcionamiento desde al menos una década. Adormecida por la alta aprobación ciudadana de la que gozaba la institución, la conciencia de la necesidad de una transformación se hace transversal a partir del fraude en el pago de remuneraciones en el año 2017, y toma fuerza por la fallida operación Huracán en 2018, el homicidio de Camilo Catrillanca a fines del mismo año y las acusaciones de abusos policiales durante el estallido social de 2019.

Aunque las manifestaciones de falencias institucionales parecieron circunscritas a áreas específicas, se debe entender estos casos como síntomas de un problema institucional. Así lo entendió la mesa de trabajo por la Seguridad, convocada por el presidente Sebastián Piñera en abril del año 2018, que en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública releva la necesidad de una modernización y fortalecimiento de las policías, dotándolas de la capacidad de adaptarse al entorno para entregar servicios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía, de una manera igualitaria e imparcial. Para lograrlo, se propuso la especialización de sus funciones, el fortalecimiento de su relacionamiento con la autoridad civil y la ciudadanía, un incremento de los niveles de profesionalización de sus integrantes y el fortalecimiento de la organización y sus capacidades de gestión.

Estas mismas ideas fueron recogidas y profundizadas en los documentos desarrollados por el Consejo Asesor para la Reforma de Carabineros, convocado por el exministro del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blumel, en el año 2019, y por el Consejo Independiente para la Reforma de Carabineros, que funcionó al alero de la Comisión de Seguridad del Senado, presidida por el senador Felipe Harboe en el mismo año. Ambos documentos incluyeron, además, la necesidad de establecer un sistema de gestión del cambio que consideraba un equipo civil técnico que condujera el proceso en conjunto con Carabineros. Este debía contar, al menos, con capacidades de planificación y control de gestión, legales, de estudios y de comunicación tanto interna como externa. También, entendiendo que la reforma de Carabineros durará al menos una década y por tanto debe ser considerada una política de Estado, se recomendó la conformación de un consejo transversal que permitiera conocer y dar continuidad al proceso, aún después de cambios de gobiernos y de coaliciones gobernantes.

Si bien los planes de reforma planteados eran contundentes y se contaba con la voluntad declarada de la institución de someterse al cambio, su implementación fue algo tímida al inicio, su conducción quedó delegada en un disminuido equipo de asesores de la Subsecretaría del Interior y su operación se dejó radicada en la división de seguridad pública de la misma cartera.

Posteriormente a los informes de las comisiones convocadas después del estallido social, se conforma una unidad coordinadora de la reforma de Carabineros, consejo asesor del subsecretario del Interior constituida por representantes activos de la oficialidad y de suboficiales de la institución, por un exgeneral, por funcionarios de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Mujer, por representantes de universidades y centros de estudio ligados a la seguridad en nuestro país y por otras personas destacadas vinculadas a la materia. Esta instancia acordó los siete pilares del proceso: enfoque de derechos humanos, enfoque de género, subordinación a la autoridad civil, coordinación con el sistema de seguridad y justicia, transparencia y rendición de cuentas, eficacia policial y centrada en las personas y en proteger sus derechos. Al alero de estos pilares se construyó un mapa estratégico de la reforma y acciones que iban abordando diferentes aspectos del proceso. Era un avance en la dirección correcta.

Tal como ha sido anunciado, esperamos que este gobierno retome este proceso generando las capacidades técnicas para desarrollarlo con la profundidad y el impulso necesario para lograr cambios fundamentales en la seguridad de nuestro país.

Continuidad con cambios: Un enfoque para modernizar Carabineros Por Mario Fernández Baeza

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), divulgada el 9 de julio de 2022, señaló que Carabineros de Chile alcanzó el 4° lugar de confianza ciudadana entre las instituciones de Chile. ¿Cómo se entiende este respaldo, en medio de exigencias por refundar Carabineros y su desaparición de la propuesta de nueva Constitución?

Partamos con una afirmación de contexto. La transición chilena a la democracia –más allá de su injusta valoración– tuvo lugar en medio de una enorme transformación global en todas las sociedades. Y el actual proceso constituyente es una consecuencia elocuente de tal fenómeno. Así, el uso legítimo de la fuerza –el rol de las policías– ha afrontado serias dificultades para adaptarse. Especialmente en Chile, por el cambio de la dictadura a la democracia ya descrito. Y el resultado está a la vista: la creciente crítica al actuar de sus funcionarios y las acusaciones por el ejercicio de sus tareas, así como la sucesión de comisiones y estudios de los diferentes gobiernos para afrontar este problema, sin haberse logrado continuidad ni resultados notorios de tales esfuerzos.

Entretanto, la velocidad con que aumenta la inseguridad contrasta con la lentitud para enfrentarla. Para responder y más allá de la contingencia. ¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución sobre Carabineros?

Poco. O nada, más bien. La única mención de la expresión Carabineros de Chile se encuentra en las disposiciones transitorias. O sea, se le nombra sobre el pasado, no sobre su futuro. Lo que sí se establece y se regula son las policías. Especialmente en los artículos 296 y 297. No se distingue entre policía uniformada y la policía civil, y no se menciona a Carabineros o a la PDI. Una omisión que contrasta con las Fuerzas Armadas, que figuran en el art. 299.1 de la propuesta: “Las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, La Armada y la Fuerza Aérea”.

Por otra parte, y de manera más bien contradictoria, la propuesta constitucional dispone que las policías “son instituciones policiales, no militares” (art. 297.1), aunque más adelante señala: “Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes”, nociones propias de las Fuerzas Armadas, según la misma propuesta. Además, el texto establece una “Política Nacional de Seguridad Pública”, destinada a establecer “la organización y los criterios de distribución de las policías”, agregando que “La ley regulará la vigencia, los alcances y los mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género y de interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales” (art. 296.2). En consecuencia, sería la ley la encargada de regular el marco jurídico de las instituciones policiales para el futuro. Por eso, en esa perspectiva –o en otra que emergiera para fijar nuestra futura Constitución– nos parece que el legislador debiera considerar dos supuestos para modernizar Carabineros de Chile:

Identificar –con precisión y crudeza– todas las debilidades, anacronismos y vacíos de la institución, pero respetando los valores, tradiciones y trayectorias inmersas en su historia. Además, el carácter uniformado –o sea militar– de Carabineros es coherente con la gran mayoría de los países del mundo. En segundo lugar, separar las responsabilidades punibles o irregulares de sus integrantes de las responsabilidades institucionales.

Así, el comportamiento del Estado sería coherente con el respaldo ciudadano a Carabineros ya mencionado. Porque se afrontaría la exigencia social latente –aunque aparentemente divergente– por un mayor respeto por los derechos humanos y por una mayor severidad en combatir la delincuencia. Y es que la armonización práctica de esa doble exigencia solo pueden lograrla aquellas instituciones –tan expuestas como necesarias– como son las policías y la justicia. De ahí el deber ciudadano de vigilarlas, para que no se excedan. Pero también de cuidarlas, para que no inhiban.