Corrupción: los márgenes de la ética y la confianza

En el último tiempo hemos conocido graves casos de corrupción, que además parecen ser bastante extendidos. Estos han ocurrido tanto a nivel público como privado, ya sea en el denominado “caso convenios”, en que se investiga la existencia de redes de personas que se han apropiado indebidamente de fondos públicos, o por informaciones que señalan el pago de coimas de privados a funcionarios públicos para alterar los resultados de investigaciones que estaban conduciendo instituciones del Estado. Esto se suma a situaciones previas de corrupción, como son los casos de colusión y de financiamiento ilegal de la política, entre otros. Queda claro que la corrupción va más allá de una realidad o de un grupo en particular y que está presente en numerosos ámbitos de nuestra sociedad. Por eso, debemos trabajar para combatirla.

La palabra corrupción deriva del latín corruptio, que se refiere a la acción de romper, dañar, pervertir, separar o destruir. Más claro aún: en el caso de los organismos vivos, se refiere a su descomposición o putrefacción, es decir, su muerte. En esa misma dirección, los múltiples casos ocurridos producen efectos similares: pueden llevar a la destrucción total de la convivencia y de la vida en sociedad.

La corrupción puede tener implicancias tanto legales como éticas. Respecto de lo primero, es importante que sea perseguida por la justicia y castigada con toda la severidad de la ley, ya que es el sistema político-legal el responsable de determinar lo que es justo e injusto. Mientras, la ética está en el ámbito de lo que es bueno o malo, y obliga más bien en conciencia. Pero esto en ningún caso significa que las faltas éticas no revistan gravedad. Es frecuente dar a entender que una falta a la ética es menos grave y produce menos daño que una falta legal. En este artículo quiero hacer ver que las faltas a la ética pueden ser tan dañinas –o incluso más– que las legales, ya que muchas veces no son siquiera castigadas legalmente, pasan inadvertidas y producen un daño irreparable a nivel de la confianza. Por eso, es necesario combatir este flagelo desde la perspectiva ética en paralelo y de forma complementaria a todos los esfuerzos legales que se deben realizar.

¿QUÉ ES LA CONFIANZA?

En general, las definiciones de confianza tienen en común tres conceptos: la expectativa de que otros se comportarán de una manera predecible, que actuarán considerando nuestros intereses y que violar dichas expectativas rompe este atributo. La creencia de que los demás no actuarán de forma oportunista es otra manera de definir esta palabra, la cual se puede dar a nivel personal, organizacional o societal.

La confianza de la ciudadanía es uno de los pilares sobre los que se construye y sostiene la democracia. Es un componente esencial de las relaciones sociales, en especial cuando hay un desequilibrio de poder. Sin ella no pueden funcionar ni las interacciones sociales ni las organizaciones e instituciones en que se apoyan. Como dice Sissela Bok, filósofa moral de Harvard, “la confianza es la atmósfera en que prospera todo aquello que importa a los seres humanos”.

Hoy en Chile y en el mundo vivimos una gran crisis en este sentido. La ciudadanía desconfía de la mayoría de las instituciones públicas y privadas, así como también de las relaciones interpersonales. En nuestro país, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP, septiembre-octubre de 2023) mostró que más de un 50% de los encuestados cree que hay corrupción en el Congreso, Gobierno, municipalidades, fundaciones, gobiernos regionales, tribunales de justicia y empresa privada. Algo semejante se observa a nivel individual: un 91% de las personas considera que casi siempre o normalmente hay que ser cuidadoso en cuanto a confiar en la gente, porcentaje que ha aumentado 12 puntos en los últimos cuatro años (CEP, noviembre-diciembre de 2022).

De igual forma, en América Latina solo una de cada 10 personas considera que se puede confiar en los demás, mientras que en los países de la OCDE (sin Latinoamérica) ese número es mucho mejor: los encuestados consideran que una de cada dos personas sería confiable. En cuanto a los gobiernos, en Estados Unidos el porcentaje de personas que confía que el gobierno hace lo correcto no ha superado el 20% durante los últimos 15 años. Números no mucho mejores se aprecian en países como Inglaterra y Francia.

La crisis de confianza, y en especial la desconfianza en las instituciones públicas, tiene serias consecuencias, como el incumplimiento de las leyes, la economía informal y la falta de cohesión social. En su declaración de Viena de 2007, la ONU estableció que “construir confianza (en los gobiernos) es una preocupación mundial. Cuando las personas no ven que ellos y sus intereses están siendo representados por sus líderes (políticos y gobiernos), la confianza se compromete y el interés del público general se ve socavado”.

UN CÍRCULO VIRTUOSO

¿Qué explica esta profunda crisis de confianza? Sin duda, este es un fenómeno que se origina en múltiples factores. En este artículo quiero defender que la percepción de que las personas e instituciones cometen faltas a la ética es uno de los principales motivos de la pérdida de confianza. De ahí la gravedad de la corrupción, en especial de aquellos casos que quedan sin castigo legal.

Al respecto, Adela Cortina –experta española en filosofía moral– dice que “una de las razones por la que nacen las éticas aplicadas es la necesidad de confianza. Profesionales y expertos, insatisfechos con la calidad de sus prácticas profesionales y con el grado de confianza que la profesión puede infundir en la sociedad, entienden que la mejor manera de recuperar el crédito (la confianza) es revitalizarla éticamente, es decir, mediante la forja del carácter de la profesión. Ni la legalidad, ni los incentivos económicos bastan para que los profesionales alcancen las metas de la actividad que la sociedad les ha encomendado: lo único eficaz es asumir la ética de la profesión, las excelencias y principios que la orientan”.

La ética ayuda a construir una confianza que surgirá si las personas observan que otros individuos o instituciones actúan de manera consistente, sobre la base de ciertos principios y valores éticos. Más aún, la ética y la confianza se retroalimentan positivamente: cuando los individuos o las instituciones actúan éticamente, es más probable que se ganen la confianza de los demás. Una vez establecida esa confianza se genera un círculo virtuoso, ya que contribuye a forjar en los individuos una disposición a actuar de manera ética.

Esta relación entre ética y confianza ha sido demostrada empíricamente. Análisis de percepción realizados en distintas ciudades de Estados Unidos muestran que existe una mayor sensación de confianza en aquellas urbes en que hay una elevada apreciación de conductas éticas. En particular, la confianza pública se eleva cuando se observa una mejor percepción de la integridad, la lealtad organizacional e individual con el interés público, la competencia ética y la calidad en el servicio.

AVANZAR PARA CONFIAR

Es fundamental que nuestro cuerpo legal y sistema judicial puedan detectar y castigar de forma eficaz y eficiente todos los actos de corrupción. Además, de forma paralela, se deben diseñar políticas que nos permitan tener instituciones públicas y privadas que se comporten éticamente. Para ello es necesario contar con personas con una ética profesional adecuada. Además, se deben desarrollar estrategias institucionales concretas que promuevan y faciliten dichas conductas, y que permitan constituir instituciones coherentes en su propio comportamiento.

Para lograr lo anterior, las personas deben cumplir la meta interna de sus respectivas profesiones, que consiste en proporcionar un bien específico e indispensable para la sociedad. En este plano se refleja el comportamiento ético individual. A nivel institucional, esto corresponde a la misión que se les ha conferido socialmente y que son aquellas acciones que le dan sentido, racionalidad y legitimidad social a su quehacer. Como consecuencia de alcanzar los bienes internos se pueden obtener bienes externos comunes a la mayoría de las actividades, como el dinero, el prestigio y el poder, pero si estos se anteponen a los bienes internos, la actividad se corrompe. Dichos bienes o fines internos no pueden ser modificados, y un profesional ético, en el sector público o en el privado, debe perseguirlos siempre.

Otro aspecto importante para considerar es que en profesionales e instituciones dicha confianza se basa también en su capacidad de contar con expertos comprometidos que cuenten con las competencias adecuadas para cumplir con sus obligaciones.

La evaluación que pueda hacer la ciudadanía respecto de por qué confiar o no en individuos o instituciones se basa en razones cognitivas y emocionales. Las de carácter cognitivo se fundamentan en evidencias de integridad, competencias, fiabilidad, experticia técnica y responsabilidad en el cumplimiento de las funciones propias del trabajo en el sector público y privado. Las emocionales, en tanto, reflejan la percepción respecto del compromiso genuino por el bienestar del ciudadano que tengan dichos servidores.

¿Cómo se logra potenciar esas actitudes y hábitos que ayudan a alcanzar los bienes internos de una profesión y de una institución? La estrategia para seguir debe ser clara, partiendo por liderazgos que construyan procesos que permitan la formación ética de los miembros de una institución y el desarrollo de acciones concretas, como podría ser la elaboración de códigos de ética. Respecto de lo primero, hay que proporcionar una educación ética sólida y capacitación continua en ética a todos los miembros de la institución, en especial a quienes cumplen funciones de liderazgo.

Los códigos de ética pueden colaborar en ello. Si bien dichos estándares éticos en general no recogen nada muy nuevo, hacen más explícitos ciertos derechos y deberes o ciertas normas especialmente destacables sobre los problemas que se quieren resolver. Enfatizan principios básicos, como los conflictos de interés o cómo tomar decisiones de forma ética. Pueden servir porque establecen claridad respecto de las conductas que se esperan y, aunque en principio solo obligarían en conciencia, se pueden tener en consideración consecuencias concretas cuando no se cumplen. Las instituciones públicas y privadas deberían tener la capacidad de adelantarse a la legislación y tener códigos que regulen un comportamiento ético más allá de lo propiamente legal.

En conclusión, existe una fuerte relación entre ética y confianza. Las personas pierden la confianza en los otros y en las instituciones cuando ven que se cometen faltas a la ética o incoherencias en el comportamiento –fruto de no practicar los bienes internos de cada profesión– y en la misión institucional, vale decir, que dejan de cumplir con el objetivo de desarrollar el bien común y priorizan los intereses personales. Considerando que la corrupción tiene implicancias éticas – además de legales–, es crucial desarrollar estrategias para que las instituciones y las personas que las componen tengan altos estándares éticos. Es una aspiración difícil de alcanzar, pero no por eso debemos dejar de trabajar en dicho desafío.