Haití en su propio laberinto

¿A QUÉ SE DEBE LA CRISIS ACTUAL DE HAITÍ?

Este es un país sumido en la violencia, con un Estado fallido por excelencia, donde las pandillas han asesinado a unos 12.000 haitianos desde 2021, alcanzando la cifra de 600.000 desplazados (en un país de 11 millones de habitantes). A lo anterior se suman cinco niños muertos o heridos a bala a la semana y a una ciudad capital, Puerto Príncipe, controlada en un 80% por las pandillas.

Al contrario de la leyenda urbana que se ha tratado de pintar, a fines de 2009, con la cooperación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que se desempeñó allí de 2004 a 2017, Haití había alcanzado un estado de cuasinormalidad. Bajo el liderazgo de un político avezado como René Préval, ya en su segunda presidencia (2006-2011), esta nación comenzaba a gozar de un grado importante de ley y orden. Al fin se respiraba algo de predictibilidad y de continuidad, después de una transición democrática compleja, repleta de altos y bajos, tras el fin de la dictadura duvalierista (1957-1986), tan bien descrita en la clásica novela de Graham Greene, Los comediantes.

El presidente Préval hizo un esfuerzo significativo por mejorar los organismos de seguridad del Estado. La Policía Nacional Haitiana (PNH), el Poder Judicial y el sistema carcelario fueron fortalecidos y permitieron un mínimo de paz social. En tanto, Préval, un ingeniero agrónomo y un político atípico, de bajo perfil y proclive a la labor tras bastidores, que se focalizaba en el diseño y la aplicación de políticas públicas más que en figurar y aparecer en los medios, hizo mucho por bajar la temperatura de la política haitiana. Esta última ha sido tradicionalmente tempestuosa, basada en “hombres fuertes” más interesados en acumular poder que en lograr un buen gobierno.

Sin embargo, el sino histórico de Haití se manifestaría una vez más. El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter que causó 230.000 muertes, 300.000 heridos y un millón y medio de desplazados. Unos 285.000 hogares fueron destruidos y los daños totales llegaron a 11.000 millones de dólares.

Justo cuando parecía que Haití se estabilizaba y podría comenzar a remontar, la naturaleza hizo lo suyo. La tragedia fue seguida por un brote de cólera, por el huracán Mateo en 2016, que también causó grandes daños, y por una fuerte sequía en 2018-2019, que arrasaría con la producción agrícola. Todo ello culminaría con la pandemia de covid-19, en que Haití fue uno de los últimos países en recibir las vacunas.

ELECCIONES FALLIDAS

Si todo lo mencionado es complejo de enfrentar para cualquier gobierno, lo fue aún más para el de Michel Martelly, un hombre ajeno a la política y sin experiencia alguna en gestión pública, y quien, para sorpresa de nadie, vio la presidencia como su oportunidad para hacerse rico. Eso fue lo que hizo, sin preocuparse en lo más mínimo de canalizar adecuadamente la cooperación internacional posterremoto (con compromisos por fondos de hasta 13.000 millones de dólares) ni de la reconstrucción. Actualmente, 14 años después del sismo, el imponente y blanco palacio presidencial en Puerto Príncipe sigue en ruinas. La tragedia de Haití (y de las Américas) es que esto no tendría por qué haber sido así.

En 2010, la senadora y exprimera dama Mirlande Manigat, una distinguida politóloga, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y habría triunfado en la segunda si no hubiese sido por una desembozada intervención electoral estadounidense. Esta forzó la retirada de quien había salido segundo, Jude Celestin, para favorecer al que había logrado el tercer lugar, Michel Martelly, quien ganó la segunda vuelta. Manigat era catalogada como demasiado independiente y por ello menos manejable por Washington (de ideología centrista, pertenece a la Agrupación de Demócratas Nacionales Progresistas, ADNP, cercana a la Democracia Cristiana). Martelly, en cambio, no era visto así. El resto es historia y Haití entraría en un laberinto del que no logra salir hasta hoy.

MAGNICIDIO EN PUERTO PRÍNCIPE

En 2017, el abrupto término de Minustah, la primera Misión de Paz de la ONU conformada por una mayoría de efectivos latinoamericanos (y en la que Chile cumplió un destacado papel), en medio de los enormes desafíos que enfrentaba el país, llevó a un deterioro de la situación de seguridad. Esta se desbordó en julio de 2021, con el asesinato en su propia casa del sucesor de Martelly, el presidente Jovenel Moïse (nombrado “a dedo” por este), por parte de mercenarios colombianos, en circunstancias que todavía se investigan.

Así fue como Haití pasó de ser un “Estado frágil”, es decir, uno en el cual “el poder del Estado es incapaz de llevar a cabo funciones esenciales y entregar servicios clave a la población, como seguridad, protección de la propiedad, servicios públicos básicos e infraestructura esencial” (Cammack, D. y otros; 2006), a un “Estado fallido”. En este caso, se produjo el colapso total del aparato estatal, que es reemplazado por pandillas armadas que establecen su propio control territorial. El Estado perdió el monopolio del uso de la fuerza y esta es ejercida en forma impune por grupos que someten a la población a secuestros, asaltos y extorsiones de todo tipo. Esto es lo que se dio en Haití entre 2021 y 2024. Llegó a tal punto, que en marzo de 2024 las pandillas asaltaron las dos principales cárceles del país y facilitaron la fuga de la mitad de los reclusos.

Según el Banco Mundial, Haití no solo es el país más pobre de las Américas, sino que de los más pobres del mundo. Un 87% de la población vive bajo la línea de la pobreza y un 30% bajo la de la extrema pobreza. La expectativa de vida es de apenas 63 años, versus 72 años en América Latina y el Caribe en su conjunto, y 81 años en Chile.

REACCIÓN INTERNACIONAL

Después de tres años de una creciente espiral de violencia e inseguridad en que la comunidad internacional se negaba a intervenir para proteger a la población, pese a los llamados del propio gobierno haitiano, en julio de 2024 un destacamento inicial de 400 policías kenianos (de un total de 1.000) fueron enviados a Puerto Príncipe en una Misión Multilateral de Apoyo en Seguridad (MMAS), aprobada por la ONU. Ellos serían parte de un eventual contingente de 2.500 efectivos provenientes de países como Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Chad y Jamaica, que se han comprometido a ello. Estados Unidos, en colaboración con los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), ha sido el principal impulsor de esta misión y ha comprometido 300 millones de dólares en ayuda. Sin embargo, el costo total de la misión sería de 600 millones de dólares y la ONU, hasta ahora, solo ha logrado compromisos por 21 millones para estos efectos.

Aunque el objetivo ostensible de la misión es controlar y, eventualmente, desmantelar las pandillas que han sembrado el pánico en la población, hasta ahora la fuerza de la policía keniana se ha dedicado a proteger la infraestructura, como el puerto y el aeropuerto, que estuvo tres meses cerrado por las pandillas. Estas últimas se han replegado a sus cuarteles y un cierto grado de normalidad ha vuelto a la capital. Sin embargo, esto es solo la calma antes de la tormenta. El mandato de MMAS es crear las condiciones de seguridad que permitan la realización de elecciones de un nuevo gobierno en 2025. El cómo ello pueda ocurrir no está claro.

Ese posible gobierno reemplazaría al actual, liderado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, dueño de una cadena de lavanderías y antiguo postulante al Senado, quien fue nombrado por un Consejo Presidencial Transicional que ha estado a cargo del país desde hace unos meses, en una solución de emergencia ante la crisis. Algo es mejor que nada, y por lo menos la presencia de MMAS ha dado un respiro a la sufrida población haitiana. Sin embargo, su tarea se ve cuesta arriba, entre otras razones, porque, según un artículo publicado en octubre por The New York Times, “los expertos estiman que hasta 15.000 personas son miembros de 200 pandillas haitianas”. Un número muy superior al de los efectivos de la misión.

Y el contraste con la Minustah, integrada por 7.000 efectivos, no podría ser mayor. Esta fuerza militar tuvo problemas, incluyendo haber transmitido el virus del cólera que causó la muerte de 10.000 haitianos, así como diversas acusaciones de abusos sexuales por parte de sus tropas. Sin embargo, la noción de que la misión fue un fracaso y que por lo tanto la comunidad internacional debería mantenerse al margen de toda intervención militar en Haití es profundamente equivocada. La Minustah hizo un aporte relevante para estabilizar un país que había pasado por una compleja transición democrática, un proceso constitucional y varios golpes de Estado. Hizo posible, en 2011, la primera transferencia de poder de un presidente electo a otro en los dos siglos de historia independiente de Haití y le trajo una medida de orden y progreso. Por su parte, la MMAS, tanto por una cuestión de magnitud del destacamento como de recursos disponibles, está muy lejos de lo que fue la Minustah, por lo que existe un justificado escepticismo de que pueda cumplir su objetivo.

¿RÉQUIEM POR LA "COMUNIDAD DE LAS AMÉRICAS"?

Mas allá de la situación actual en Haití y de la presencia de la MMAS, lo ocurrido en estos últimos tres años en la patria de Toussaint L’Ouverture (el líder de la revolución haitiana) y la renuencia de la así llamada “comunidad de las Américas” de responder a la crisis humanitaria que se ha dado en el país más pobre del hemisferio occidental nos dice que en realidad esa comunidad, si alguna vez existió, ya dejó de hacerlo. La negativa por todo este periodo de los países de América del Norte, como Estados Unidos y Canadá, de responder a esta crisis y enviar una misión militar a Haití, refleja una notable indiferencia a una tragedia que ocurre en el mismo centro del Caribe. Lo mismo vale para los países sudamericanos como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, que participaron activamente en la Minustah y que ahora se han lavado las manos como Poncio Pilatos.

El hecho de que sea un país africano el que deba proveer una fuerza armada para restablecer el orden en un país de las Américas, porque en el continente no hay nadie dispuesto a hacerlo, es revelador de un ensimismamiento y falta de solidaridad digna de mejor causa. Entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han brillado por su ausencia, demostrando la crisis del panamericanismo tan alabado por algunos.

En 2004, Chile fue el primer país de la región en responder al llamado a participar en la Minustah y movilizó a 300 efectivos en 72 horas. También tuvo a dos excancilleres a cargo de la misión. Por ello, el silencio ensordecedor que mantiene ahora el Gobierno de Chile sobre el tema es decepcionante.