Cinco principios clave en la lucha por la equidad urbana

La crisis urbana desatada en estos últimos años en Chile es el reflejo de que nuestras políticas urbanas y habitacionales no están dando el ancho, y hace rato el problema ha superado a las soluciones.  No es solo una dificultad en Chile, sino que corresponde a una crisis global de asequibilidad a la vivienda, donde los precios de compra o arriendo suben mucho más rápido que los ingresos de las familias. Un estudio de la OCDE mostró que el 54% de los hogares más pobres en Chile debe destinar más del 40% de los ingresos al arriendo de sus casas, siendo el tercer país con la mayor proporción entre 34 naciones analizadas. El ranking es encabezado por Nueva Zelandia, Israel, Chile, Reino Unido, Finlandia y España, lo cual demuestra la diversidad geográfica del tema.

Este análisis no puede abstraerse del contexto y de las formas de gobernanza predominantes. Por ejemplo, algunos investigadores (Kettunen, H., & Ruonavaara, H.; 2020) explican que los sistemas de vivienda europeos se han movido, en gran medida, hacia la desregulación y la neoliberalización. Entonces, parte del problema que enfrentan se puede encontrar en los cambios sustantivos que ocurrieron por la instauración del modelo más liberal, el retroceso de los Estados del Bienestar y la persistente financiarización de la economía.

En este contexto, han surgido diferentes estrategias para enfrentar la crisis (Fuentes, L.; RuizTagle, J. y Valenzuela, F.; 2020). Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, en 2016, creó un plan basado en un enfoque de derechos, teniendo en cuenta que el acceso a una vivienda digna está consagrado en diferentes instrumentos y, por lo tanto, existe una obligación de abordarlo. Entre las estrategias está la reserva del 30% de las unidades de nuevos proyectos inmobiliarios residenciales para vivienda protegida, el otorgamiento de atribuciones para que el Ayuntamiento realice compras de terrenos y edificios de manera preferente. Junto con ello, establece un aumento de la producción habitacional para llegar a mil unidades por año, buscando destinar gran parte de las nuevas moradas al alquiler. El alquiler social corresponde a un arriendo con precios máximos definidos de acuerdo con el ingreso de los beneficiarios y, además, existe un programa destinado especialmente a adultos mayores.

Otro ejemplo es el London Housing Strategy, elaborado por la Greater London Authority en 2018, con el fin de enfrentar la crisis habitacional en la ciudad y permitir el acceso a una vivienda digna y asequible a todos los londinenses. El plan impulsado pretende incentivar, principalmente, tres modelos de residencia asequible: Social Rent, London Living Rent y Shared Ownership. El primero corresponde a una vivienda pública entregada en arriendo a precios protegidos, y es la forma tradicional de acceso para los sectores de menores ingresos en dicho país. La segunda estrategia es un producto habitacional intermedio, creado recientemente, que ofrece alquiler a hogares de ingresos medios mientras compran una vivienda definitiva. Por último, London Shared Ownership es un programa de acceso a la propiedad para hogares de ingresos medios, donde estos compran una parte de la propiedad a través de un crédito hipotecario, y luego pagan un alquiler proporcional y regulado por el resto de su valor.

RECUPERAR LA ÉPICA DE LA VIVIENDA

Considerando estos aprendizajes y la experiencia acumulada, los principios que deberíamos adoptar en Chile para enfrentar este gran desafío son cinco:

1. El primero de ellos es que necesitamos dotar de épica a la política de vivienda y la disminución del déficit. La vivienda es la base para el desarrollo de la familia y la ausencia de la posibilidad de alcanzarla, deja en el máximo nivel de precariedad y vulnerabilidad a las personas. Existe mucho consenso técnico en torno a las acciones a seguir, lo que falta es el acuerdo político y este debe venir de la mano de un relato o una narrativa que invite a aportar a todos los actores y se transforme en una de las principales metas del país.
2. El segundo principio se relaciona con la ausencia de una bala de plata para resolver el problema. La composición del déficit habitacional es muy diferente al de los años noventa donde la demanda era más homogénea. Hoy el problema de acceso a la vivienda no es exclusivo de los grupos más vulnerables, sino también ocurre en segmentos de clases medias, adultos mayores, migrantes, entre otros. Por esto, debemos establecer múltiples estrategias para un problema que tiene múltiples orígenes.
3. El tercer principio es no concentrar todas las acciones en un solo actor, sino que involucrar a múltiples actores para que aporten a la solución. Esto pasa por que no solamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) esté a cargo del tema, sino que también los gobiernos regionales, municipios, sociedad civil y privados sean parte de la solución. Hacer esto en el corto plazo significa disponibilizar a través de las glosas presupuestarias correspondientes, recursos para que, por ejemplo, los municipios puedan construir y administrar viviendas en arriendo. En el mediano plazo, se necesitarán algunas reformas para incorporar más actores a la producción de viviendas y la Ley de Integración Social y Urbana (Vicuña, M.; Fuentes, L.; et. al 2020), que se discute actualmente en el Congreso, es una buena oportunidad para abordar estos cambios necesarios.
4. El cuarto principio establece que no solo tenemos un problema de acceso a la vivienda, sino también a la ciudad. Miles de familias a lo largo de nuestro país, a pesar de los esfuerzos, continúan conviviendo cada día con la violencia, largos viajes, ausencia de veredas y equipamientos, falta de luminarias públicas y un largo etcétera de problemas en sus barrios. Hoy, la joven política de Regeneración Urbana llevada a cabo por el Minvu, desde 2017, intenta abordar desde una perspectiva más integrada este problema con el cual muchas familias llevan conviviendo por más de 23 años. Sin embargo, los nudos críticos de las normativas, la pandemia, la reactivación económica y el déficit habitacional creciente, resultan una gran amenaza para el éxito de estos proyectos. Requerimos con urgencia realizar reformas en la política de regeneración que puedan darle estabilidad al programa y entregar una caja de herramientas efectivas para llevar adelante estos proyectos en el menor plazo posible (Una propuesta para abordar este problema en Rasse, A.; Fuentes, L. et al., 2020).
5. Finalmente, el quinto principio es ideológico. Debemos ser capaces de superar la lógica subsidiaria del Estado establecida en los últimos cuarenta años y que el Estado tenga un rol mucho más activo en la ciudad, ya que al reinar exclusivamente los principios del mercado es inevitable que las ciudades sean cada vez más desiguales. El único actor que puede velar por el bien común es el Estado, en la medida que las políticas públicas en materia de ciudad se mantengan estables y superen los tiempos políticos. Algo difícil pero no imposible. La equidad urbana es un atajo a la lucha contra la desigualdad y, en esto, el Estado tiene un papel irremplazable.