Cobre: el metal rojo dibuja el destino de Chile

 La minería representa más del 60% de nuestras exportaciones y genera más del 20% de la riqueza del país (PIB directo e indirecto), según informó en 2021 la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Además, es uno de los sectores que más contribuye a los ingresos del Estado, aportando entre cinco y hasta más de 20% del total, dependiendo de los costos de las operaciones nacionales y de los precios internacionales de los productos minerales de cada año (Consejo Minero, 2021). También es, posiblemente, el principal motor de movilidad social en Chile, al proveer un número significativo de puestos de trabajo con salarios y beneficios adicionales muy por sobre la media nacional. Por último, la industria minera ha impulsado el perfeccionamiento de distintos ámbitos del quehacer público, como las regulaciones laborales en materias de salud y seguridad de los trabajadores; la creación de la legislación ambiental y el desarrollo del sistema de evaluación de impacto ambiental del país, entre otros aspectos.

A pesar de lo anterior, en los últimos años se ha discutido intensamente acerca de la contribución de la minería al desarrollo sustentable del país y al bienestar de su población. Las distintas visiones que existen al interior de nuestra sociedad con respecto de esta industria se han visto plasmadas en el proceso constitucional que estamos viviendo, y también se han expresado a través de la tramitación en el Congreso Nacional de varias iniciativas de ley asociadas al Royalty a la minería.

El proyecto de Royalty, que actualmente está en discusión en el Senado, busca aumentar la tributación de la industria por sobre los niveles actuales, los que alcanzan valores de entre 35 y 42% de las utilidades, dependiendo de los supuestos que se utilicen para su cálculo, y de los costos y precios reales que enfrentan las compañías durante el año analizado (Castillo, E. y Valverde, J.; 2021; CET, 2021).

Este proyecto de ley ha tenido tres hitos fundamentales durante su tramitación: la propuesta aprobada en la Cámara de Diputados, que elevó la tributación efectiva de la industria a niveles por sobre el 65% de las utilidades e incluso llegó a más del 90% de estas, dependiendo de las condiciones del mercado (Castillo, E. y Valverde, J.; 2021); las modificaciones aprobadas en la Comisión de Minería y Energía del Senado, que aumentaron el pago de las compañías a un rango de entre 40 y 45% de sus utilidades (más o menos 3 a 5% por sobre la situación actual), lo que parecía bastante razonable, pero incorporaba elementos complejos desde el punto de vista técnico; por último, las indicaciones introducidas por el Gobierno en julio de este año, que mantienen gran parte de la iniciativa aprobada en la comisión del Senado, pero con una carga tributaria total significativamente mayor. Dada la relevancia de este hito, en este artículo se profundiza sobre esta propuesta (las anteriores se estiman superadas en la discusión pública).

REFLEXIONES SOBRE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

En nuestra opinión, la propuesta del Gobierno tiene elementos que son complejos, tanto desde el punto de vista técnico como de sus objetivos. Por ello, de aprobarse sin modificaciones significativas podría impactar en el mediano plazo en las inversiones del sector, repercutiendo en la producción, el empleo y finalmente generando una menor contribución de la minería al desarrollo sustentable del país.

Lo primero a destacar es la complejidad de la propuesta del Gobierno, que incluye una serie de componentes, consideraciones y rangos de tributación dependiendo del tamaño y tipo de minería que la hacen engorrosa. Así, hay diferencias en los esquemas y rangos de las tasas si las operaciones producen mayoritariamente cobre u otros productos minerales, y si producen menos de 12.000 toneladas, de 12.000 a 50.000, de 50.000 a 200.000 o más de 200.000 toneladas de cobre fino al año.

Además, en términos técnicos hay varios elementos que, al parecer de diversos expertos, hacen negativa la fórmula elegida por el Ministerio de Hacienda. Entre ellos, la inclusión de un componente de las ventas de las compañías mineras o ad valorem y la definición de las tasas al margen operacional, fijadas sobre la base de los precios del cobre y no a partir de la rentabilidad de las operaciones. Estos elementos no reconocen la heterogeneidad de la industria; es decir, no consideran la variabilidad de condiciones geológicas y técnicas que enfrenta cada operación y proyecto, que implican, finalmente, costos y rentabilidades distintas en cada caso particular. Esto puede poner en riesgo el desarrollo de proyectos más marginales desde el punto de vista económico e incluso forzar o adelantar el cierre de las operaciones que hoy día tienen menor rentabilidad.

Por último, uno de los aspectos más críticos de la propuesta tiene relación con el objetivo de captura de rentas que se ha propuesto el Ministerio de Hacienda: dos tercios de la renta económica del sector, que equivale a una tasa efectiva de tributación de entre 55 a 60% de las utilidades (Jara. J.J; 2022). Ese valor es muy elevado y nos dejaría fuera de competencia frente al resto de los países relevantes en producción de cobre, los que tienen tasas efectivas de tributación de 30 a 50% (Castillo, E. y Valverde, J.; 2021).

En un estudio preliminar que hemos desarrollado en los últimos meses junto a otros colaboradores, no concluido aún, analizamos los potenciales impactos de la propuesta en discusión, en términos de inversión, producción, empleo, impuestos y generación de riqueza (PIB directo, indirecto e inducido), de aquí al año 2050. Los principales resultados del estudio muestran lo siguiente:

1. En el escenario actual (sin proyecto de Royalty) la industria minera contribuiría con más de US$150.000 millones a los ingresos del Estado, lo que representa en promedio 2% del PIB anual.
2. En segundo lugar, si el proyecto se aprueba, la producción esperada de cobre del país caería casi un 12% en el período de análisis, producto del desincentivo a la inversión que este generaría.
3. Además, la propuesta del Gobierno aumentaría la recaudación durante los primeros 10 años (0,44% del PIB), pero no es sostenible en el mediano o en el largo plazo, ya que a mediados de la próxima década su contribución sería casi nula debido a la menor producción por desincentivo a la inversión.
4. En cuarto lugar, la menor inversión y la caída de la producción implicarían, en promedio durante el período de estudio, que se perderían alrededor de 52.000 puestos de trabajo y que el PIB del país sería 1,4% menos de lo esperado anualmente.

La investigación concluye que el margen en el que se podría aumentar la carga tributaria de la minería, para no desincentivar en forma significativa la inversión y comprometer su contribución futura, es de entre cuatro y seis puntos porcentuales adicionales en la carga total efectiva actual.

RECONOCER A LA MINERÍA

Los resultados anteriores son una muestra de la enorme importancia que tiene este sector en el país, y el cuidado particular en la equidad intergeneracional que deben tener las políticas públicas cuando se relacionan con esta actividad. Por ello, nos gustaría concluir este artículo con una visión positiva de lo que está sucediendo en el país. Primero, queremos destacar la contribución fundamental de esta actividad al desarrollo de Chile, que depende fuertemente de esta industria, pero que muchas veces se desconoce. Este reconocimiento es un paso adelante para tener más y mejor minería por el bien del país.

Y segundo, relevar el beneficio que ha tenido, en forma y fondo, la discusión del proyecto en los últimos meses. Los ministerios de Hacienda y de Minería y el Congreso Nacional han abierto conversaciones con diversos expertos y actores del mundo académico, político y del sector minero (empresas, proveedores, asociaciones gremiales y profesionales, entre otros), con una buena disposición a escuchar y llegar a consensos amplios que beneficien al país. También resaltar la disposición de la industria, en particular de las grandes empresas mineras. Ellas se han mostrado conscientes de la necesidad de recursos por parte del Estado para financiar la mejora en la calidad de vida de las personas que está demandando la sociedad chilena.

Si seguimos colaborando entre todas y todos, y entendemos las necesidades y aprensiones de los distintos participantes de esta industria (empresas, gobierno y sociedad civil), llegaremos a un proyecto de Royalty que incremente aún más (en el corto, mediano y largo plazo) el tremendo aporte de la minería al desarrollo sostenible del país y el mundo.