La arquitectura de la justicia social

Vulnerabilidad

A pesar de las diversas formas que el Estado de Bienestar puede adoptar, no resulta del todo inapropiado considerar la atención a ciertos tipos de vulnerabilidad como uno de sus rasgos distintivos. Esto supone (entre otras cosas) la existencia, de parte del Estado, de un deber de provisión social de cierto tipo. Lo que justificaría este deber es la protección de algunas dimensiones de nuestra vida cuyo cuidado no debería depender del poder económico que se tiene, pues, si así fuera, quienes no gozan de ese poder o lo tienen en escaso grado, se encontrarán en una situación económica, social y política de gran debilidad.

Quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad carece de los mínimos constitutivos de toda vida que esté “en condiciones de poder ser realizada”, es decir, es vulnerable a todas esas cosas a las que la ausencia de esos mínimos la exponen. Por ejemplo, un niño en un contexto de precariedad sicológica y material es vulnerable a la manipulación de los adultos y a una baja escolarización; quien es anciano, en un contexto en el cual las pensiones son bajas y, en parte por eso, ser anciano es visto como una condición negativa (es decir, como una “carga”), es vulnerable al abandono y a la precariedad material; quien es pobre, en un contexto de economía capitalista en que el dinero es considerado un valioso símbolo de poder y estatus, es vulnerable a la explotación y al menosprecio clasista; quien sufre de una enfermedad que no tiene los medios para costear es, en una sociedad donde la salud depende de los recursos propios, vulnerable a un daño físico irreparable o a la muerte; quien pertenece a una determinada etnia, en un país en el que quienes detentan el poder político miran a dicha etnia con desdén e indiferencia, es vulnerable a la discriminación arbitraria.

Estos ejemplos muestran, además, que los tipos de vulnerabilidad pueden ser cualitativamente distintos en, al menos, dos sentidos. Uno guarda relación con cuestiones materiales (económicas o de acceso a bienes). El otro se refiere al no reconocimiento de aspectos de la propia identidad o la pertenencia a un determinado grupo (étnico, religioso o culturalmente definido).

La noción de vulnerabilidad nos ayuda a entender que, a pesar de las diferencias que puedan existir respecto de qué es lo que sería una vida realizada, hay ciertos mínimos –vinculados con ciertas capacidades mínimas de agencia– que son condición de posibilidad de cualquier proyecto de vida.

Aceptar que la atención a ciertos tipos de vulnerabilidad es uno de los rasgos distintivos del Estado de Bienestar, en cualquiera de sus posibles concreciones institucionales, pasa por entender que estos tipos de vulnerabilidad pueden implicar la destrucción de la autonomía personal que posibilita una vida digna. Que el Estado de Bienestar se ocupe de estos mínimos muestra que su propósito es más bien correctivo que radicalmente transformador o revolucionario.

Recordemos que, en términos históricos, el Estado de Bienestar surge primero como mera asistencia al pobre, luego amplía su alcance implementando servicios y seguros sociales, consagrando derechos, para terminar gobernando aspectos importantes de la economía mediante políticas regulatorias de diverso tipo (fiscales, monetarias o laborales), políticas procrecimiento e inversiones y provisión de empleos, entre otras. Todo esto, con el fin de asegurar la estabilidad de las políticas destinadas a la protección de aquellas dimensiones de la vida de las personas que no deberían estar sujetas a las oscilaciones del mercado (salud, familia, educación o ingreso, por ejemplo). Esta función del gobierno económico no fue el producto de una acción planificada, sino más bien el resultado de un conjunto de políticas de asistencia y protección cuya acumulación fue haciendo necesaria la creación de reglas e instituciones que ahora son parte importante de la arquitectura del Estado moderno.

A pesar de la complejidad institucional que ha ido asumiendo, el propósito central (no necesariamente el único) del Estado de Bienestar es, como lo hemos dicho, la protección de la vulnerabilidad, cuestión que, como puede constatarse empíricamente, ha favorecido tanto a los más necesitados como a las clases medias. Es en este sentido que se afirma que el Estado de Bienestar procura controlar los daños que necesariamente produce el mercado (en su versión capitalista), tales como la inseguridad, la desigualdad y la inestabilidad, cosas que siguen de la “destrucción creativa” que, al decir de Joseph Schumpeter, caracteriza al capitalismo.

 Autonomía

Aunque la autonomía individual es un buen criterio para determinar por contraste lo que significa ser vulnerable, es importante no interpretar este concepto en términos individualistas. Una perspectiva individualista explica la autonomía como si esta fuera el resultado de un proceso en el que las relaciones con otros individuos tienen un rol más bien secundario; un proceso cuya meta última es un tipo de independencia de los demás, con el fin de que estos no sean un potencial obstáculo para mi propia felicidad. La visión contraria sostiene que la autonomía personal se alimenta positivamente de nuestra relación con los demás, al tiempo que, por cierto, puede verse también amenazada por ella. Por esta razón cabe aquí hablar de autonomía en sentido relacional y de dicha independencia como susceptible a fragilidades derivadas de su carácter relacional, es decir, de tipo social, económica o política.

Es importante tener esto en mente, pues existe el peligro de que una atención exclusiva por satisfacer aquellos mínimos que evitarían la vulnerabilidad pueda llevarnos a entender esta condición como si no tuviese un componente relacional vinculado a las condiciones sociales, políticas y económicas en las que tiene lugar. Esto explica en qué sentido los mínimos a los que se alude cuando se analiza la provisión social que le cabría al Estado de Bienestar no deberían ser entendidos únicamente en términos materiales. En la medida en que ya no se trata solo de asistir al pobre –pues aparecen como relevantes otras formas de vulnerabilidad– se puede concluir que es necesario incorporar la entrega de servicios sociales públicamente financiados, tales como la educación, la salud, el transporte y otros. Cuando, además, se considera que –no obstante su posible efecto regresivo– tales servicios deberían ser provistos universalmente, se apunta con ello a evidenciar que las diferencias de estatus pueden ser una fuente importante de vulnerabilidad en términos de reconocimiento.

Vida digna y sociedad decente

Para ilustrar el tipo de mínimos que podrían tenerse en consideración a la hora de pensar en capacidades mínimas de agencia, algunas de las cuales tienen un componente relacional, se puede considerar la propuesta de Martha Nussbaum –basada en el trabajo previo del economista y filósofo Amartya Sen– de elaborar una lista de capacidades humanas básicas que pueda funcionar como parámetro normativo para la elaboración de políticas públicas. Esta lista de capacidades está compuesta, entre otras, por aquellas relativas a la salud física y todo lo que eso implica; a las emociones y su componente afectivo interpersonal; a la razón práctica y su capacidad para elaborar críticamente una cierta concepción del bien; al disfrute de actividades recreativas; al control sobre el propio entorno político, es decir, participación política y protección de la libertad de expresión y de asociación; a la afiliación o el poder vivir con otros y manifestar preocupación por sus necesidades (Nussbaum, M.; 2006, 88-89).

Según Nussbaum, estas capacidades deberían ser entendidas como mínimos bajo los cuales la dignidad humana no sería respetada. Por esta razón es que deben ser protegidas, tanto mediante los derechos de primera generación (libertades políticas y civiles) como mediante los derechos de segunda generación (los derechos económicos y sociales).

Como se puede ver, detrás de todo uso del concepto de vulnerabilidad existe una cierta imagen de lo que significa vivir una vida digna y en una sociedad decente, es decir, una en la que las vulnerabilidades son atendidas porque sus miembros creen que esa condición no es compatible con el respeto a la dignidad de la persona. La decencia en cuestión no pasa entonces por el hecho de atender la vulnerabilidad, sino por el motivo que hay para hacerlo. Son los motivos de carácter moral los que están en la base de una comprensión no meramente técnica o instrumental del propósito del Estado de Bienestar. Es precisamente la justificación moral la que no debe perderse de vista a la hora de elaborar determinadas políticas públicas, tanto en lo que refiere a su propósito como al modo de implementarlas.

Si la vulnerabilidad que hemos aquí tratado se vincula estrechamente con el sistema capitalista, entonces la relación entre el Estado de Bienestar y el capitalismo está basada en un equilibrio precario, pues el primero tiene el propósito de corregir algunos efectos del segundo, pero al ser estas consecuencias algo propio de la dinámica del mercado, su corrección es una amenaza a la vitalidad de esa misma dinámica que, de tanto en tanto, produce esos resultados. Esto muestra en qué sentido los defensores del Estado de Bienestar no buscan eliminar el capitalismo, sino más bien contener, desde el punto de vista social, sus efectos (de allí que se hable de distintos tipos de capitalismo). Es por esto que el Estado de Bienestar tiene críticos de ambos lados del espectro político. Hay quienes lo consideran un cómplice de las injusticias del capitalismo y otros una intervención indeseada y burocrática en lo que debería ser un mercado libre. El caso es que, no obstante estas críticas, el Estado de Bienestar –en sus diversas formas e intensidad– es parte fundamental de la cultura democrática actual.

* Respecto del concepto de vulnerabilidad, este artículo contiene extractos (en algunos casos reformulándolos) de “Los usos y formas de la vulnerabilidad”, del libro Los invisibles. Por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad, de Catalina Siles (ed.), Ies, Santiago, pp. 30-47, 2015.