Nueva ley de patrimonio: un proceso abierto y continuo

Nos parece particularmente relevante destacar la necesidad de actualizar la institucionalidad del patrimonio en Chile y llevar adelante este proyecto legislativo con el fin de actualizar una ley, reglamentos e institucionalidad totalmente obsoletos y que no reflejan la diversidad, la riqueza territorial y cultural del patrimonio chileno. Estos tampoco están a la altura de los debates disciplinares relacionados con el patrimonio cultural hoy.

Hay experiencias internacionales de países como Italia, México o Perú entre muchos otros que, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, han reformulado y aprobado leyes y reglamentos con el objetivo de actualizar los instrumentos legales y establecer nuevos mecanismos institucionales para abarcar la difícil tarea de la puesta en valor, de la conservación y de la actualización del patrimonio cultural como tema fundamental para la sociedad. Por ejemplo, en los últimos 100 años en Italia, la ley que regula el patrimonio y constituye el marco de actuación del Ministerio per i Beni delle Attivitá Culturali, se ha modificado 11 veces y en los últimos 20 años se ha intervenido cuatro, otorgando cada vez más protagonismo a dicho ministerio, que en la actualidad maneja también el área del turismo. Esto demuestra los beneficios de la actualización de los modelos legales y cómo el patrimonio natural y cultural son importantes activos para el fortalecimiento de la cultura, de las identidades y del desarrollo económico, aportando positiva y significativamente a la calidad de vida y a la paz social.

La indicación sustitutiva de la normativa que ha sido ingresada al Parlamento permite superar la visión monumentalista de la ley 17.288, que entiende la dimensión patrimonial como una línea robusta unidireccional y ordenada cronológicamente. En cambio, nos parece que la nueva ley permite develar y reconocer los planos transversales de significados que conectan momentos culturales distintos, articulan temas recurrentes sin tiempo definido y responden a los problemas intrínsecos de la cuestión patrimonial.

La administración y gestión del patrimonio de Chile requiere de una nueva institucionalidad capaz de entenderlo como un espacio integrado y un activo social y cultural capaz de articular el conocimiento y los problemas de nuestra sociedad. Patrimonio hoy es mucho más que monumentos. Es un campo disciplinar expandido nuevo, en el cual se cruzan las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias exactas. Valorar el patrimonio en su interdisciplinariedad y en su desafiante muldimensionalidad nos permite entender el mundo que vivimos de manera más profunda y precisa, sin suprimir la complejidad que lo conforma.

Pero para esto, la actualización del marco legislativo e institucional del patrimonio de Chile es una necesidad y una responsabilidad que tenemos como sociedad.

Es en esta lógica que hay que entender esta propuesta de Ley del Patrimonio. Esta no es el destino final del viaje, sino una etapa de un proceso abierto y continuo que, hasta hoy, en el caso chileno, se ha desarrollado de forma excepcionalmente lenta -en desmedro de su propio patrimonio-.

La nueva ley introduce categorías tan relevantes como la de paisaje e itinerario cultural, identifica y propone instrumentos para la conservación del patrimonio inmaterial y, lo que es más importante, sitúa a lo largo de todo el territorio nacional la presencia física de la institucionalidad patrimonial.

Un aspecto relevante que pudiera reforzarse, además de la muy debatida y controversial representatividad de la sociedad civil, se refiere a la necesidad de otorgarle a la nueva institucionalidad patrimonial la capacidad efectiva de preservar, gestionar y administrar el patrimonio actual de la nación. Esto se debe traducir en poder decisional y recursos económicos, plasmados en más y mejores apoyos para la intervención y recuperación del patrimonio público y privado presente en el territorio nacional.

Dicho esto, y a pesar de las aspiraciones que como sociedad proyectamos sobre esta ley, se considera que esta es un significativo y necesario avance para el patrimonio que las y los chilenos cuidan para sí mismos y el mundo.