Cambio climático: los desafíos de Chile

Un país vulnerable por Horacio Gilabert

La vulnerabilidad ante el cambio climático puede ser definida como la predisposición de un sistema, humano o natural, a ser afectado negativamente por algún fenómeno de origen climático al cual se encuentra expuesto, generando el riesgo de ocurrencia de desastres o daños asociados. La definición de vulnerabilidad del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) indica que esta incluye la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la incapacidad para adaptarse y enfrentarlo.

Chile es un país con una gran diversidad de climas y ecosistemas asociados. El cambio climático, que la ciencia considera una realidad, tendrá impactos importantes en estos sistemas naturales, artificiales y las comunidades que los ocupan y habitan.

Esta diversidad es una de las principales razones por la que Chile es considerado como un país altamente vulnerable y expuesto a los impactos que tendrán estas transformaciones en el régimen de temperaturas y precipitaciones. Posee grandes extensiones de borde costero de baja altura; áreas áridas y semiáridas; muchos bosques; áreas susceptibles a desastres naturales; áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos como las cordilleras de la Costa y de los Andes; cumple así con siete de las nueve características que la Convención Marco de las Naciones Unidas establece para que un país sea vulnerable a los impactos del cambio climático.

La dependencia de nuestro país a la producción y exportación de materias primas también contribuye a su vulnerabilidad. Esta problemática se ha manifestado en los grandes incendios de la zona centro-sur en las temporadas 2016-2017 y 2018-2019 o en las inundaciones que han afectado al norte del país en los años 2015, 2017 y 2019. En esos casos, eventos extremos de temperaturas o de precipitaciones, en conjunto con factores adicionales, gatillaron desastres naturales que afectaron severamente ecosistemas naturales y comunidades.

No podemos descansar por Francisco Meza

Numerosos son los ejemplos que podemos citar en los que Chile aparece con iniciativas interesantes, especialmente si se considera el tamaño de su economía. La discusión de una Ley de Cambio Climático, el rol de su sector agrícola y forestal en la mitigación, y el acento en energías renovables son imágenes que muestran que se camina en la dirección correcta. Por otra parte, y al igual que muchos países, las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que reflejan el aporte concreto en la lucha contra el cambio climático, son todavía insuficientes. Es por ello que, más allá de contentarnos con los primeros avances y los aportes que se han hecho en una gama de temas, se requiere apurar el paso. La magnitud del desafío que tenemos es enorme.

Muchas veces se ha debatido sobre el rol que tiene Chile en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, argumentando que la pequeña cifra que aporta el país al cúmulo de las emisiones no es significativa, y que son los actores de mayor tamaño los que deben tomar la iniciativa. Lamentablemente, esa idea desconoce que la única forma para que logremos cambiar la trayectoria de las emisiones es teniendo el compromiso de todos los países, ya que el incentivo al incumplimiento se minimiza, en la medida en que se evidencia que todos están haciendo esfuerzos y participando de una fiscalización recíproca.

Chile puede construir una posición de liderazgo potenciando sus esfuerzos de mitigación, incorporándolos como una nueva realidad de su estrategia de desarrollo. Esto contribuirá a que pueda, por ejemplo, explotar ventajas competitivas como las que ofrece la energía solar para muchas actividades o la protección de su patrimonio ambiental para recuperar un mayor número de tierras y bosques degradados, así capturando carbono y protegiendo su patrimonio ambiental.

Un segundo aspecto sobre el cual se debe avanzar es el desarrollo de una agenda más decidida en materia de adaptación. En los últimos años, hemos tenido ejemplos muy ilustrativos del futuro que podría esperarnos. Los incendios forestales, sequías y olas de calor, entre otros, son en sí mismos casos de estudio que son ricos en información, la que debiera ser utilizada para el desarrollo de planes de adaptación concretos, con medidas que sean susceptibles de evaluar.

Tercero, y no menos importante: necesitamos invertir en ciencia y tecnología. Una vez más, topamos con el principal escollo para el desarrollo que tiene nuestro país: su incapacidad de entender que el conocimiento es un motor y no un elemento suntuario del cual se prescinde en momentos de escasez. Necesitamos más y mejores centros de investigación de excelencia (por ejemplo, Fondap) que aborden este tipo de desafíos. No podemos contentarnos con tener una o, peor aún, ¡ninguna iniciativa que desarrolle investigación con financiamiento de mediano plazo! Menos aún, considerando que el umbral de 1,5 °C, que ha sido definido por Naciones Unidas como tolerable, se encuentra solo unas décadas más adelante.

El océano sustentable por Juan Carlos Castilla

El factor más importante que explica el aumento reciente en el nivel medio del mar (NMM) es su expansión térmica, responsable del 80% de la variación en los últimos 110 años. Entre 1870 y 1971, el océano se calentó entre la superficie y los 700 metros de profundidad del orden de 0,11 °C por década.

Aunque se han identificado ciudades costeras amenazadas en los Países Bajos y Bangladesh, entre otros, es muy diferente la realidad en el litoral del Pacífico Sur Oriental –el que incluye a Colombia, Ecuador, Perú y Chile– porque aquí los procesos tectónicos generan cambios más importantes y rápidos de deformación vertical de la corteza que los asociados al aumento en el nivel del mar debido al cambio climático, los que exigen investigación propia, de ambos fenómenos en forma simultánea.

El fenómeno, en todo caso, nos incluye. Uno de los escenarios conservadores de cambio climático para el año 2100 predice aumentos del NMM de entre 20 y 3o cm para distintas latitudes del país; otros modelos predicen aumentos de hasta 74 cm. Debido al cambio climático, en la zona central de Chile también existe una tendencia al aumento en la frecuencia e intensidad de las marejadas, además de un giro al sur del oleaje cuyas consecuencias en la morfología de las costas tampoco ha sido suficientemente estudiado.

Por otra parte, la información científica confirma una tendencia a la disminución de la concentración de O2 para todos los océanos entre 1960 y 2010, mayoritariamente por el aumento de la temperatura del agua. Es otra realidad relevante, porque el O2 juega un rol esencial en la vida de todos los organismos marinos que respiran, precisamente, dentro del agua.

Esto se relaciona con una gradual acidificación de las aguas océanicas, en especial costeras. Se estima que entre 1750 y 2011, las emisiones de CO2 de origen antropogénico a la atmósfera se incrementaron en aproximadamente un 40%; la mitad de este se produjo 40 a 50 años; un 30% fue absorbido por el océano.

También parecen ser importantes las influencias del cambio climático en los desembarques de recursos marinos y en la acuicultura en Chile, pero faltan estadísticas para hacer estudios confiables; la pesca ilegal, por ejemplo, dificulta hacer cálculos demostrables. Lo mismo sucede con los pasados con las mareas rojas, cuya relación con el cambio climático tampoco ha podido ser evaluada científicamente.

Durante 2016, en Chile se desarrolló una Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para un Chile resiliente frente a desastres de origen natural (del CNID), que pone particular énfasis en las medidas de adaptación al cambio climático. En la Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se identificaron algunos aspectos sobre la vulnerabilidad del país y su adaptación; ambos documentos constituyen una buena ventana de entrada a comprender las medidas de adaptación, pero no abordan de manera detallada las medidas concretas que se requieren:

• Una estadística de calidad: Chile cuenta solo con 40 mareógrafos y ni una sola boya mayor permanente de oleaje, lo que nos deja algo ciegos; se debe contar con un monitoreo continuo e integrado, nuevas capacidades satelitales de observación continua del territorio, redes masivas de sensores de bajo costo y la conexión del conjunto de redes internacionales desplegadas en el país.
• Necesitamos mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de inundación, que incorporen los posibles efectos del cambio climático; un esfuerzo incipiente se hizo en Arica.
• Faltan opciones “verdes” en el diseño de infraestructura costera: restauración de humedales, rehabilitación y reconstrucción de dunas y playas, uso de arrecifes artificiales de coral o de cinturones verdes de protección contra inundaciones.
• Aplicar estrategias encaminadas a adaptarse al eventual retroceso de la costa, para combatir la erosión.
• Controlar el excesivo desarrollo inmobiliario de zonas costeras altamente vulnerables.

Sin embargo, todas estas acciones solo serán posibles en la medida que haya mejoras en el acceso a estadística oceanográfica de calidad y con cobertura espacial y temporal adecuada; se validen los escasos modelos de predicción de oleaje disponibles para lugares puntuales en nuestras costas; se desarrollen modelos de predicción de marea meteorológica y se conforme una masa crítica de profesionales con formación en el ámbito de la ingeniería marítima y disciplinas afines.

Una de las estrategias más prácticas  y efectivas es la de la creación de Áreas Marinas Protegidas; naciones costeras se habían comprometido a resguardar un 10% de sus aguas al 2020, pero al 2015 solo el 3,5% de los océanos tenía alguna protección; recientes  estudios  indican la conveniencia de subir la meta al 30%. Sin embargo, algunos científicos afirman que ello sería un distractivo ante la sobreexplotación, pero pareciera que es un camino útil; no el único, pero sí como parte de una estrategia integral. En esto, Chile sí presenta avances notorios que han merecido reconocimiento internacional.

Los hielos ya no son eternos por Frabrice Lambert

La cercanía de Chile al continente blanco ha generado una relación de varios años, la que comenzó a ser relevante cuando la ciencia dimensionó algunos impactos ambientales en ese lugar. Aunque el país carece de los equipos y grandes taladros de Estados Unidos, Europa y China, que bajan hasta tres y cuatro kilómetros de hielo, sus observaciones del pasado recién son valiosas para el entendimiento del cambio climático moderno.

En algunos casos, los científicos chilenos trabajan asociados con centros de Europa, Estados Unidos y Japón, haciendo uso de sus equipos. Esto robustece estudios como el de la capa de ozono o los cambios meteorológicos y en las aguas antárticas. Punta Arenas, como base, es importante en la logística de muchos países.

Hoy es más posible preguntarse cómo va a impactar el cambio climático en esa zona. Se pensaba que no había situaciones como la de Groenlandia, donde las temperaturas del aire se elevaron muy rápido, pero se descubrió que, más lento, en la Antártica también sube, especialmente por debajo del hielo y por el calentamiento del océano.

La zona de más cambios es la costera. Aunque todavía hay un cierto equilibrio, ya que el hielo crece en el interior mientras decrece en la costa, la Antártica del oeste y la península antártica se derriten rápidamente. La desintegración de toda la capa de hielo en la zona oeste es un escenario posible, ya que se piensa que esto podría haber ocurrido en el último interglacial, hace unos 120.000 mil años, cuando la temperatura era unos 4 °C más alta que ahora. Esto podría subir el nivel del mar hasta 5 m en los próximos centenares.

Los informes científicos se concentran en el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y otros impactos, pero lo más difícil para enfrentarse al cambio climático es la transformación económica y sociológica necesaria para que el ser humano modifique sus hábitos. Lo que sí es claro es que mientras antes se tomen medidas, la adaptación será más gradual.

Un sector privado más comprometido por Marina Hermosilla

En las encuestas y en los medios estamos viendo una sociedad que cada vez está más consciente de la necesidad de un consumo y una producción sostenibles.

El Acuerdo de París busca cambiar la estructura de la economía global a nivel mundial y tiene entre sus objetivos alinear los flujos financieros públicos y privados con la acción climática. Los países ya están realizando los arreglos legales e institucionales para ello.

Frente a esto, uno se pregunta ¿qué está haciendo el sector privado chileno para estar a la altura de estos desafíos?

En algunos casos, como el del área forestal, la reputación que se construyó en los años 80 y los 90 no deja ver aún con claridad a una industria que, actualmente, cumple con los más altos estándares internacionales de manejo de plantaciones forestales y relación con las comunidades, avalada por la certificación Forest Stewardship Council (FSC) para toda producción de celulosa y papel, y una gran parte de la madera que se produce en el país.

Algo similar ocurre con la industria salmonera, cuya producción está alineándose con los exigentes estándares de Marine Stewardship Council (MSC), pero sigue siendo vista por amplios sectores como poco sostenible.

En el ámbito minero son cada día más las empresas que han optado por requerir a sus proveedores el suministro de energías renovables y sus estándares de seguridad y salud ocupacional son de los mejores del mundo.

Más evidente es el esfuerzo realizado por el sector de generación de energía, donde no solo existe un acuerdo entre las autoridades y los privados de realizar la salida total del carbón al 2040, sino que el auge de las energías renovables no convencionales de 2% a 20%, en menos de 15 años es el reflejo de un sector con nuevos actores, dinámico e innovador.

Por su parte, el trabajo que están realizando las empresas que producen bienes de consumo masivo, para modificar envases y desarrollar productos con menos huella ambiental, está dando paso, poco a poco, a una economía más circular.

Los avances del sector privado productivo contrastan con la situación del sector financiero chileno. Salvo notables excepciones, como es el caso del Banco Estado y la Bolsa de Santiago, la gran mayoría de la banca, así como los fondos de inversión y de pensiones, se han quedado atrás. Aún no han incorporado la sustentabilidad –y mucho menos la acción climática– en el corazón del negocio y, por lo tanto, no han sido capaces de jugar el estratégico rol que les cabe de facilitar el financiamiento para la transformación hacia una economía más sostenible, menos intensiva en carbono y más resiliente al clima. Modificar la estructura productiva del país a una baja en carbono es, sin duda, un gran desafío, pero Chile tiene las condiciones para ello: riqueza en múltiples energías renovables, estabilidad económica y política, un sector privado dispuesto a innovar y un sector financiero que, aunque requiere proactividad, opera con los estándares de los países más desarrollados.

Un país de energías inagotables Enzo Sauma

El principal compromiso de Chile, ante los riesgos relacionados con el cambio climático, implica alcanzar la carbono-neutralidad hacia el año 2050, con lo que seríamos el primer país en vías de desarrollo en lograr ese objetivo. Aunque es una meta que parece ambiciosa, la emergencia climática nos ha obligado a revisar ese calendario.

La transformación de la matriz energética hacia energías renovables  es  un proceso decisivo en esa dirección, tendencia mundial que, al año 2017, ya significó una inversión que superó los 33.000 millones de dólares.

Afortunadamente, las fuentes de energías renovables –que corresponden a aquellos recursos considerados inagotables– tienen un alto potencial de desarrollo en Chile, especialmente en relación con lo hídrico, lo solar y lo eólico.

Para incentivarlas ya se han promulgado leyes –20.257 y 20.698–, orientadas a lograr una generación renovable del 10% al año 2024, para los contratos anteriores a julio de 2013 (y posteriores a 2007), y del 20% a los posteriores.

Hay avances interesantes, como el proyecto Cerro Dominador de concentración solar, que permitirá evitar 870.000 toneladas de CO2 al año. Por supuesto, ello no es suficiente para ser carbono neutral; se requieren otras inversiones, en especial, si se busca adelantar los compromisos que se pensaron al 2050 y ahora se intenta lograr antes, ojalá al 2030.

Para que el proceso se acelere, falta incorporar una correcta valoración, tanto de los beneficios que se alcanzarían como de los daños ambientales que podrían ser evitados, mediante esta transformación de la matriz energética.

Hacia un transporte urbano electrificado por Juan Carlos Muñoz

En Chile, las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen del transporte son una fuente muy importante y se proyecta que seguirán creciendo. En las ciudades, la perspectiva es crítica; pero una rápida adopción de la electromovilidad permitiría reducir sus emisiones en la medida que la fuente de la electricidad sea limpia de carbono. La prioridad debe ponerse en un transporte público eléctrico de calidad (buses y metro), que comience en las grandes ciudades y luego se expanda hacia las demás; el avance tecnológico lo debiera permitir. El bajo costo de baterías y energía permite proyectar a Bloomberg (NEF, 2018) que, al 2030, el 84% del total de ventas de buses será eléctrico, a nivel mundial. Santiago ya inició este proceso; solo en China se encuentran ciudades con más buses de este tipo y se programa, además, seguir fortaleciendo la extensa red de Metro.

Un proceso similar debiera ocurrir con los automóviles y camiones eléctricos. Sin embargo, la movilidad en las ciudades enfrenta otra crisis similar: los largos desplazamientos acentuados por la pobre planificación urbana y la congestión vehicular; ellos causan pérdidas de productividad importantes y exigen unos espacios urbanos que impiden que emerja una ciudad más amable. Por eso el foco también debe estar puesto en planificar el crecimiento urbano, desincentivar el uso del automóvil y fortalecer el transporte colectivo y no motorizado, mediante esquemas tarifarios y de priorización del espacio vial.

Si los buses eléctricos circulan en medio de la congestión, pocos se bajarán del auto para escogerlos. Así, es importante entregar pistas segregadas al transporte colectivo de superficie, de buen diseño urbano, que le permitan ofrecer rapidez  y confiabilidad.

La electrificación del transporte privará al fisco del impuesto a los combustibles que suma un 5% de sus ingresos. En este contexto, se debe pensar en un esquema de tarificación de la movilidad que acelere el cambio tecnológico y fomente el transporte colectivo con perspectivas de contar, finalmente, con una conectividad urbana completamente electrificada al año 2040.

La estrategia forestal por Luis Otero

Los habitantes de Chile producen cerca de 90 millones de toneladas (t) de CO2 anuales. Cifra importante, pero que con una gestión sostenible de nuestros recursos forestales, basada en un mayor uso de la madera de las plantaciones para generar productos de larga duración (viviendas), en la experiencia acumulada en silvicultura y un manejo sustentable de nuestros bosques nativos, sería posible compensar para lograr ser carbono-neutrales en un futuro cercano.

Para lograr esto, en primer lugar debemos considerar que el país cuenta con cerca de tres millones de hectáreas (ha) de plantaciones que, en promedio, capturan un total de 36 millones de t de CO2 por año. De esa cifra, un 70% se devuelve rápidamente a la atmósfera por descomposición de productos como papel, pañales, etcétera. Pero el resto –10,8 millones de toneladas– es muy relevante, por el CO2 que es retenido en la madera para la construcción de casas y muebles (según el Instituto Forestal de Chile, 2019), los que tienen una duración mayor a 30 años. Con una mejor política y mayor uso y construcción de vivienda en madera podríamos llegar al 50% de empleo de nuestras retenciones en las plantaciones, es decir a 18 millones de t de CO2.

En segundo lugar, consideremos que la actual superficie de bosques nativos es de 14 millones de hectáreas, de las cuales cerca del 40% es susceptible de manejo sostenible, es decir, unos cinco millones de hectáreas. Hoy sus bosques tienen un bajo crecimiento y captura de dióxido de carbono, ya que están degradados y poseen un tercio de la densidad o biomasa que podrían tener, fundamentalmente por la explotación y uso ganadero de los bosques. Con estos cinco millones de hectáreas manejadas, en promedio en los próximos 30 años lograríamos una captura de 40 millones de toneladas (manejo bosque nativo) y 35 millones de toneladas (en plantaciones de especies nativas). En tercer lugar, si se reforestan 3,5 millones de hectáreas con especies nativas –por ejemplo, en suelos que están disponibles entre Coquimbo y Aysén–, con especies adaptadas a la sequía en el norte como el algarrobo, el pimiento, el maitén y el quillay, entre otros; y más al sur, algunas como la araucaria, el roble, el raulí, el coihue y el ulmo, tendríamos la captura de unos 35 millones de toneladas de CO2 anuales, a partir del año 2020.

Es decir, con el manejo sostenible de nuestros bosques llegaríamos en 30 años a fijar cerca de 93 millones de toneladas de CO2 anuales, poco más de las t que actualmente enviamos a la atmósfera. Por lo tanto, si esta situación se mantiene constante desde ahora, a partir del año 2030 podríamos ser un país con un balance igual a cero en emisiones de CO2. Una vez que los bosques y las plantaciones nativas estén totalmente colmados de dióxido de carbono, será necesario iniciar nuevas estrategias: cosechar solo el crecimiento anual y convertirlo en productos de madera o que contengan CO2 de larga duración como casas, muebles, textiles o en biomasa para reemplazar la energía fósil. De esta forma, podremos seguir siendo un país carbono-neutral de forma indefinida.

Una década de sequía por Javier Lozano

La sequía comienza a  producirse normalmente por una condición meteorológica anómala durante un período prolongado, dando lugar a un déficit en las precipitaciones o a un aumento en la evapotranspiración. Esto puede causar una disminución de las reservas de humedad del suelo y, en consecuencia, afectar al flujo y almacenamiento hídrico superficial. Estos fenómenos pueden verse afectados, además, por el consumo humano de agua que modifica los patrones espaciotemporales de disponibilidad hídrica, alterando las características de las sequías e incluso desencadenando nuevos eventos. De este modo, estos fenómenos pueden estar provocados tanto por factores climáticos como humanos.

Las  variaciones  climáticas probablemente condicionan la aparición de sequías de la misma forma que la influencia humana puede mitigarlas o intensificarlas, y sus consecuencias pueden reflejarse en distintos niveles. Por ejemplo,  la escasez hídrica actualmente puede causar impactos significativos en los sistemas agua-energía-alimentos. Desviar agua de canales o embalses en las zonas aguas arriba podría beneficiar la seguridad alimentaria, pero conducir a una reducción del caudal de los ríos aguas abajo poniendo en peligro la seguridad hídrica y energética. Del mismo modo, el incremento de zonas demandantes de agua puede desencadenar déficits en zonas abastecedoras. Los estudios revelan que en el territorio central de Chile, la anomalía pluviométrica se prolonga casi diez años, con déficits de lluvia anual oscilando entre un 25% y un 45%. Esta zona acoge a más de 10 millones de personas que demandan agua para desarrollar prácticamente cualquier actividad. El descenso de los recursos hídricos podría comprometer el funcionamiento ambiental y económico de la zona central de Chile, influyendo profundamente en los componentes sociales y políticos del país.

La evolución y las características de las futuras sequías no solo dependerán de los fenómenos climáticos, sino también de las actividades humanas. Por ello, es recomendable, por un lado, disponer de estrategias de gestión hídrica que permitan abordar y mitigar sus futuros efecto y, por otro, reducir las emisiones actuales de gases de efecto invernadero, con el fin de evitar una modificación permanente de los patrones climáticos globales. Un ciclo de retroalimentación que, según nuestras próximas decisiones políticas y sociales, puede ser positivo o negativo. El futuro de este planeta es responsabilidad de las sociedades actuales.