Elecciones judiciales en México: ¿democratización o debilitamiento institucional?
La propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en México representa un cambio estructural que trastoca los dos pilares más sensibles de todo sistema democrático: la elección de funcionarios y el equilibrio entre poderes públicos. Esta reforma podría abrir nuevas formas de relación entre justicia y ciudadanía, pero también implica riesgos graves para la autonomía del aparato jurisdiccional.
La idea de una reforma profunda al sistema judicial mexicano se hizo pública a inicios de febrero de 2024, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional que planteaba la elección por voto directo de los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales. Su principal argumento era que el Poder Judicial estaba alejado del pueblo, operaba bajo lógicas elitistas y respondía a intereses ajenos a la ciudadanía. Sin embargo, tras su presentación, esta reforma permaneció inmóvil, toda vez que la coalición del Ejecutivo no contaba con la mayoría legislativa necesaria para aprobarla sin la necesidad de negociar con otras fuerzas políticas.
Sin embargo, tras las elecciones presidenciales y legislativas de junio de 2024, la coalición oficialista obtuvo una mayoría calificada (2/3 partes) en ambas cámaras federales. Con ello, una reforma judicial profunda se convertía en una posibilidad por demás viable. Al poco tiempo de haber asumido sus funciones, el recientemente electo congreso aprobó (con modificaciones mínimas) la reforma judicial promovida por López Obrador quien, aún era presidente constitucional de México.
¿Es una profundización de la democracia?
Desde cierta óptica, esta idea tiene un atractivo especial para la democracia: aproximar a los ciudadanos a las decisiones sobre quién debe impartir justicia en su país. En un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia la opacidad y presunta corrupción del Poder Judicial, el voto directo aparecía como una promesa de renovación. Democratizar el acceso a los cargos judiciales (sugieren los defensores de la reforma) sería una fórmula para quebrar el elitismo y abrir el sistema a perfiles nuevos, acaso más sensibles a las necesidades sociales.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre ampliar la participación ciudadana y socavar los criterios técnicos y constitucionales que aseguran una justicia independiente. El riesgo de esta propuesta radica en que, en nombre de la democracia, se pierdan justamente los elementos que permiten que un juez sea imparcial: su autonomía frente al poder político, económico y mediático. Convertir la selección de cargos judiciales en una competencia electoral puede llevar a que los jueces actúen pensando más en su electorado que en el Estado de Derecho.
La pregunta de fondo en este tema es: ¿se puede elegir democráticamente a jueces sin politizar la justicia? Las experiencias en otros países muestran que no es sencillo. En muchos casos, los procesos electorales judiciales terminan dominados por intereses partidistas o grupos de poder con mayor capacidad para financiar campañas. La independencia judicial no se garantiza solo con buenas intenciones.
La elección popular de jueces no es una invención mexicana. En Estados Unidos, algunos jueces estatales son electos por voto, aunque en contextos muy distintos: con reglas locales, sistemas de revocación y contrapesos institucionales sólidos. En América Latina, las experiencias han sido más problemáticas. En Bolivia, por ejemplo, la elección judicial instaurada en 2011 ha derivado en una justicia politizada, poco eficaz y fuertemente cuestionada por organismos internacionales. En Venezuela, las reformas judiciales han servido más bien para consolidar el poder del Ejecutivo, eliminando la posibilidad de un contrapeso real. Estas experiencias sirven como advertencia: elegir jueces por voto no garantiza mayor independencia ni mejor justicia. De hecho, en contextos de alta polarización y debilidad institucional, puede ser el camino directo a un Poder Judicial subordinado.
La pregunta de fondo en este tema es: ¿se puede elegir democráticamente a jueces sin politizar la justicia? Las experiencias en otros países muestran que no es sencillo. En muchos casos, los procesos electorales judiciales terminan dominados por intereses partidistas o grupos de poder con mayor capacidad para financiar campañas. La independencia judicial no se garantiza solo con buenas intenciones.
¿Destruye la división de poderes y facilita el autoritarismo?
Como adelantamos, el mayor riesgo asociado a esta reforma no es solamente la politización de la justicia, sino su subordinación al poder ejecutivo o a la lógica mayoritaria, lo que pondría en jaque la función contramayoritaria del Poder Judicial. En toda democracia constitucional, los jueces están precisamente para poner límites: a los abusos del poder, a las leyes inconstitucionales, a las decisiones que vulneran derechos. Si ese poder se vuelve dependiente de quien tenga mayor popularidad, el equilibrio entre poderes se rompe.
Más que una amenaza inmediata de autoritarismo, lo que está en juego es algo más sutil, pero igual de preocupante: la erosión progresiva de los contrapesos. No se trata solo de quién nombra a los jueces, sino de qué incentivos tendrán, a quién le deberán sus cargos y cómo se protegerá su independencia una vez electos. Un juez que debe hacer campaña para ser votado, ¿podrá decidir en contra de la opinión pública o de quien impulsó su candidatura? Además, la necesidad de financiar campañas abre la puerta a nuevas formas de dependencia, ya sea hacia partidos, patrocinadores o grupos de presión. En contextos donde la polarización es alta, esto puede alentar estrategias de campaña basadas en discursos punitivos o populistas, erosionando aún más el carácter técnico e imparcial de la función judicial.
Consideramos, pues, que la reforma refleja una tensión fundamental entre la legitimidad democrática (entendida como la participación directa de los ciudadanos) y la necesidad de preservar criterios técnicos, profesionales y constitucionales en la administración de justicia. Cuando ambos principios entran en conflicto, es necesario preguntarse cuál debe prevalecer y bajo qué condiciones puede armonizarse esta relación sin sacrificar la autonomía judicial.
Importa decir que lo anterior no implica defender el statu quo. Es cierto que el Poder Judicial en México necesita cambios profundos: mayor transparencia, rendición de cuentas, cercanía con la sociedad. Pero esos cambios deben fortalecer la independencia judicial, no diluirla. Una democracia robusta no solo se mide por el número de cargos electos, sino por la calidad de sus instituciones.
La necesaria supremacía de la ley
La elección por voto popular de jueces y magistrados en México en 2025 no puede entenderse como un gesto aislado de apertura democrática. Es una decisión con implicaciones profundas, que debe evaluarse con rigor, no con entusiasmo superficial. La justicia no puede ni debe responder a cálculos políticos ni a las pasiones del momento. Por eso, cualquier reforma al sistema judicial debe tener un objetivo claro: fortalecer la autonomía del poder que existe precisamente para limitar a los otros.
La participación ciudadana es importante en cualquier democracia, sí. Pero más importante aún es conservar un sistema donde la ley esté por encima de las mayorías circunstanciales. Si perdemos eso, perdemos el sentido mismo de vivir en una república.