La sociedad del descontento

Chile obtuvo importantes avances sociales en las últimas décadas en dimensiones como la pobreza, cobertura educacional, esperanza de vida, déficit habitacional y otros más. El mayor logro fue la reducción de la pobreza por ingresos, desde un 39% de la población en 1990 a un 7% en 2022. Por contraste, la dimensión que muestra menos progreso es la desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini cae de 52% en 1990 a un 48% en 2022. A modo de comparación, en la mayoría de los países europeos el Gini está entre 25% y 30%.

Ahora bien, el coeficiente de Gini es difícil de interpretar y es poco informativo de lo que ocurre en las puntas de la distribución, que son de mayor interés. Un mejor indicador y de creciente uso es el coeficiente de Palma, que es la ratio entre la participación en el ingreso del 10% más rico respecto del 40% más pobre. En 2017, este indicador ascendió a 3,1, de modo que el 10% de mayores ingresos obtuvo 3,1 veces más ingresos que el 40% más pobre en su conjunto.

Los datos para medir la desigualdad de ingresos provienen de la Casen. Esta es una encuesta de hogares de buena calidad técnica, pero, como otras encuestas, subestima la desigualdad porque se subreportan los ingresos más altos y se excluye una parte de los ingresos del capital. Una mejor medición se consigue integrando la información de la encuesta con datos de registros administrativos y de cuentas nacionales. El coeficiente de Palma de la medición corregida asciende a 6,6 en 2017, cifra que más que duplica la que entrega la Casen y que se ha mantenido elevada desde inicios de los años 2000 (Larrañaga, O., Echecopar, B. y Grau, N.; 2022, ver gráfico siguiente).

LOS PROBLEMAS DE LA DESIGUALDAD

Para muchas personas el verdadero problema de equidad social radica en la existencia de pobreza, por lo que la fuerte caída de este indicador haría menos preocupante la permanencia de la desigualdad. Sin embargo, hay razones importantes para no conformarse con vivir en un país de alta desigualdad. Podemos señalar las tres más relevantes.

Primero, que la pobreza afecte a menos del 10% de la población no significa que Chile se haya convertido en un país de clase media, donde la mayoría vive con tranquilidad económica. Basta dar una vuelta por los barrios de Santiago –o de cualquier otra ciudad– para verificar que estamos muy lejos de alcanzar tal ideal. Más allá del 7% pobre, entre un 30% y un 40% de la población vive con ingresos bajos y una gran incertidumbre económica. El crecimiento económico es el mejor instrumento para elevar los ingresos de la población vulnerable. Sin embargo, y este es el segundo problema que destacar, no han existido experiencias de desarrollo económico en presencia de alta desigualdad. Todos los países hoy desarrollados exhibían niveles bajos de desigualdad hace 30 o 40 años, cuando tenían un ingreso per cápita similar a Chile en la actualidad.

Un tercer problema es que una sociedad de alta desigualdad es percibida por la población –o parte de ella– como una sociedad injusta. Este no es solo un tema moral, sino que tiene consecuencias en el funcionamiento del país y en la estabilidad social. La crisis social que amenazó la institucionalidad del país en 2019 tuvo por sustrato un extendido malestar vinculado a condiciones de vida precaria, sensación de abusos y pérdida de confianza en las instituciones.

Además, hay que tener en cuenta que la concentración de ingreso y de riqueza entrega un poder político que obstaculiza la puesta en marcha de políticas públicas distributivas y contribuye a que la desigualdad se mantenga en el tiempo. Asimismo, la desigualdad se expresa en relaciones sociales asimétricas, donde los que tienen más pueden sentirse superiores y quienes tienen menos, inferiores. Ello se expresa en prácticas de clasismo, abuso y discriminaciones que son muy resentidas por la población afectada.

¿QUÉ HACER?

La historia muestra que el sistema de mercado o capitalista ha sido una máquina de crecimiento económico, pero su funcionamiento requiere de pagos diferenciados a los participantes en la producción y propicia procesos de concentración de la riqueza. La acción de los gobiernos ha sido necesaria para contener la desigualdad en niveles socialmente aceptables.

Hay distintas dimensiones a través de las cuales opera la acción distributiva de los gobiernos. A continuación, se señalan las principales áreas en que debiera avanzar la política distributiva en el país.

En materia de igualación de oportunidades resulta evidente que dotar a niños, niñas y adolescentes de mayores y mejor distribuidas capacidades constituye una base para transitar hacia una sociedad más próspera y justa. Sin embargo, esta es una meta poco alcanzable bajo condiciones de alta desigualdad socioeconómica, puesto que es muy difícil que la política pública pueda compensar las diferencias que se originan en hogares con muy disímiles dotaciones de recursos económicos y culturales. De modo que se trata de una política necesaria, pero no suficiente.

La base del sustento económico de la gran mayoría de los hogares es el empleo, pero Chile tiene un problema generalizado de bajos ingresos laborales. Según la Superintendencia de Pensiones, alrededor de un 40% de los asalariados recibe una remuneración líquida por debajo de $530.000, equivalente a la línea de pobreza para un hogar de cuatro personas. Ingresos laborales más altos mejoran la calidad de vida de los hogares y desincentivan el camino de la informalidad y de la ilegalidad. Para “hacer que el trabajo pague”, la política pública dispone del salario mínimo y transferencias focalizadas para trabajadores de bajos ingresos o empresas de menor productividad. Por otra parte, hay una gran tarea pendiente en construir un sistema de educación para el trabajo de calidad, especialmente en el área de capacitación laboral.

La política social provee servicios de educación, salud, cuidados y vivienda a la mayor parte de la población. Estos servicios son constituyentes básicos del bienestar social y en su producción participan agentes públicos y privados. Han sido el eje principal de la política distributiva del Estado en Chile y la suma del gasto público en educación y salud asciende a un 10% del PIB (2022), cercano al promedio de 11% del PIB en los países OCDE. No obstante, su oferta en el país está socialmente segmentada y la población de menores recursos accede a servicios de baja calidad y en condiciones no siempre aceptables.

La seguridad social es la política pública que provee seguridad económica frente a los eventos que impiden el trabajo: vejez, enfermedad, desempleo y otros. Su eje principal son las pensiones de la vejez, cuya provisión en el país se ha delegado en un sistema de capitalización individual administrado por organizaciones privadas (AFP). Este sistema ha probado ser muy inefectivo para entregar pensiones dignas a la mayoría de los usuarios, acentuando la desigualdad en el país. Este es otro espacio donde la política pública puede hacer una diferencia a futuro.

Finalmente, la acción distributiva de los gobiernos requiere de un financiamiento que es mayoritariamente provisto por el pago de impuestos. El principal espacio de crecimiento de estos recursos es a través del impuesto a la renta que deben pagar las personas de altos ingresos y las empresas grandes. Para ello se requiere reducir la evasión y elusión de su pago, a la vez que ampliar la base sobre la cual se tributa. Quienes se verían afectados por un alza del impuesto argumentan que se perjudicaría la inversión, el empleo y el crecimiento. Pero ello sería efecto de decisiones que estos mismos actores realizarían en respuesta al aumento del tributo. Esta es una mirada de corto plazo, que no considera que se necesita invertir en paz social para que el sistema de mercado siga funcionado a futuro.