La universidad intervenida

Las nubes dominaban el cielo capitalino esa mañana húmeda y fría del 11 de septiembre de 1973. Pasadas las 7 horas, un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea había abordado en Concepción cuatro aviones Hawker Hunter para volar hacia Santiago, y horas antes se habían registrado una serie de movimientos militares en Valparaíso. El rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, quien había estado guardando reposo en su casa después de sufrir un infarto, decidió dirigirse a la Casa Central pese a su complicado estado de salud. Allí volvió a ser hospitalizado. Casi en paralelo, con 12 años el hoy rector de la UC, Ignacio Sánchez, pasó frente a La Moneda en el camino a su colegio y pudo ver los tanques que cercaban el palacio de gobierno. Pronto arreciaría el bombardeo y se produciría la muerte del presidente Salvador Allende, mientras Fernando Castillo dirigía la reunión del Consejo Superior desde su cama. Sería su última sesión como rector de la casa de estudio.

El hombre que se había convertido en el primer académico y laico en asumir como rector de la UC, tras ser electo por la comunidad universitaria luego del proceso de reforma de la institución iniciado en 1967. El mismo que había intentado en los últimos meses propiciar el entendimiento entre diversas fuerzas políticas, en un escenario altamente polarizado.

Los acontecimientos tras el Golpe de Estado avanzarían con celeridad. A los días, el general Augusto Pinochet informó que los rectores de todas las universidades chilenas serían prontamente reemplazados. Fernando Castillo dimitió ante el Gran Canciller, el cardenal Raúl Silva Henríquez. Este último solicitó a continuación una audiencia con el ministro de Educación, el contralmirante Hugo Castro, ocasión en la que le hizo ver el estatus pontificio de la universidad, los estatutos de la institución que habían sido aprobados por el Vaticano, y buscó generar un acuerdo en la nominación del rector. “El ministro escuchó la proposición, pero expresó de inmediato su rotunda negativa: el nuevo rector sería nombrado por el gobierno, sin más trámite”, recordó el cardenal en sus memorias. “Le dijimos que esto sería muy delicado, que la UC quedaría en una situación única en América; pero el hombre no estaba para explicaciones”, agregó el arzobispo de Santiago en esa época.

LA “DEPURACIÓN” INTERNA

El 3 de octubre, el cardenal Silva Henríquez ratificó por decreto el nombramiento del almirante en retiro Jorge Swett Madge como rector delegado de la UC, de acuerdo a la normativa de la Sagrada Congregación para la Educación. A diferencia de los rectores de otras universidades, fue el único designado con un decreto de gobierno que respetaba las atribuciones del derecho canónico. La decisión fue cavilada por el arzobispo, pues había quienes pensaban que debía oponerse. “Si rechazaba el nombramiento, situaría a la Iglesia en una posición de ruptura. Por otro lado, me parecía que lo esencial era mantener la catolicidad de la universidad, lo que estaba garantizado, al menos, por el Gran Canciller y la vigencia de las normas pontificias”, argumentó el prelado, agregando que estaba convencido de que la situación “sería transitoria y que la UC recobraría pronto su autonomía”. Entre las primeras medidas adoptadas por Swett estuvo la de declarar en receso el Consejo Superior de la universidad, creado durante la reforma universitaria. En lugar de este se creó un consejo asesor de la Rectoría, en el que participaban autoridades como el prorrector, vicerrectores, decanos de facultades y áreas, el presidente de la FEUC, y el representante de administrativos y miembros de la comunidad universitaria designados por el propio rector. Con la excepción del vicerrector económico, Jorge Awad, quien permaneció a petición del cardenal, el resto de los vicerrectores de la época de Castillo Velasco renunciaron, a pesar de que Swett manifestó la posibilidad de que permanecieran.

En lo que se denominó como la “depuración interna” de la institución, el rector delegado de la junta militar decidió cerrar entidades creadas durante el proceso de reforma universitaria, como el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) y el Centro de Estudios Agrarios. Según las cuentas de la Rectoría de la época, Swett consideraba que “solo hacían proselitismo político, bajo el signo del marxismo-leninismo, lo que constituía una traición para la universidad y el país”. También se dio término al Programa de Estudios y Capacitación Laboral (PRESCLA) y se realizó la reorganización del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, de la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Arquitectura, y se suprimió el Departamento de Historia Económica y Social. Además, se procedió al despido de docentes de diversas unidades académicas, con especial énfasis en el ámbito de las ciencias sociales. En casos como el del Instituto de Sociología, el rector Swett evaluaba caso a caso la permanencia de ciertos profesores y, a partir de 1974, se decidió prohibir el ingreso de nuevos estudiantes.

LA DIVISIÓN CRECE

Antes del 11 de septiembre, José Antonio Viera-Gallo había formado parte del Consejo Superior como representante de los profesores, y también de una comisión junto a otros académicos, como Jaime Guzmán, que tenía como objetivo redactar los nuevos estatutos para la organización interna de la UC. “Cuando vino el Golpe Militar, ese estatuto se olvidó y entró la fuerza sin miramientos hacia las normas. Fue muy chocante ver cómo con quienes habíamos trabajado codo a codo, a pesar de nuestras diferencias políticas, de la noche a la mañana nos convertimos en enemigos”.

Viera-Gallo, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Allende e integraba el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), promotora de la reforma universitaria, se asiló en la Nunciatura, tras gestiones del obispo de Temuco, Bernardino Piñera. Hasta ahí llegó Jaime del Valle, quien había sido decano de la Facultad de Derecho de la UC y posteriormente sería prorrector durante el período de Swett. “Me intentó explicar a mí cómo se estaba expulsando a profesores. Según él, había un acuerdo con una especie de directiva de profesores de izquierda, lo que me pareció muy extraño”, cuenta quien hoy se desempeña como investigador del Centro de Políticas Públicas de la UC.

Tras una primera oleada de despidos posteriores al Golpe, hubo otras formas indirectas para generar desvinculaciones. “Hubo personas a las que no se les dice que se les despide por su militancia, sino que por una disminución de la planta docente o por necesidades de presupuesto”, cuenta Andrea Otero, doctora en Historia por la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne y la UC, y también autora de la investigación de tesis “Reforma, intervención y metamorfosis de un sistema universitario. El caso de la Universidad Católica de Chile (1967-1981)”.

Por su parte, Ana María Arón, profesora emérita de la Escuela de Psicología y quien sufrió la desaparición de su hermana Diana (periodista de la UC y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria), cuenta que uno de los principales problemas de la época fue que se instauró el miedo, la pérdida de confianzas y la sensación de estar en una universidad vigilada. “En el campus Oriente había un lugar al que le llamábamos ‘el patio de los callados’, porque era el único donde podías estar seguro de que nadie te estaba escuchando y no había micrófonos”, dice. La profesora explica que en aquellos años se decretó eliminar las pruebas especiales de ingreso a la carrera de Psicología, motivo por el cual empezaron a recibir estudiantes de los cuales sospechaban que actuaban como informantes de los servicios de inteligencia de la época.

Según explica Claudio Rolle, profesor del Instituto de Historia, había académicos en la UC que estaban resguardados por tener una posición jerárquica mayor o un prestigio personal por la relevancia en cierta disciplina, que les permitía hablar con mayor libertad. “Los que no reunían esas condiciones se encontraban restringidos en su forma de pensar y disentir, cuando el pensamiento crítico es lo que debe distinguir a una universidad”.

Poco antes del Golpe de Estado, Patricio Gross, quien trabajaba en la Vicerrectoría de Comunicaciones y asumió como vicerrector de la unidad (1973-1974) por gestión del cardenal Silva Henríquez cuando Swett fue designado, había promovido la impresión de un libro con los artefactos del antipoeta Nicanor Parra. La decisión no había sido sencilla y generó una evaluación con diversas autoridades de la época, pues entre la obra del artista habían alusiones irónicas y de humor hacia la propia Iglesia, como las frases “Con el Papa ni a misa” o el célebre dibujo del crucifijo con la leyenda “Voy y vuelvo”. Cuando llegó el rector Swett, le inquirió: “¿Cómo es posible que la Vicerrectoría de Comunicaciones haya publicado esta barbaridad?”. Finalmente, las ediciones impresas, que yacían en bodega, fueron destruidas. “Mandó a quemar los pocos ejemplares que habíamos sacado”, recuerda Gross.

Fotografía Juan Domingo Marinello

LA SALIDA DEL CARDENAL

Una serie de desencuentros se produjeron entre el cardenal Silva Henríquez y el rector Swett, los que culminaron con la renuncia del Gran Canciller a fines de octubre de 1974. Entre otras cosas, y según explica la historiadora Andrea Otero, hay decisiones que el arzobispo consideró que Swett debía informarle antes de implementarlas, en su rol de representante de la Iglesia Católica. Entre estas, la designación de autoridades. Claudio Rolle afirma que la relación también se tensionó a raíz de que la Rectoría dificultaba que el prelado utilizara las pantallas de Canal 13 para llegar a los chilenos, difundir la tarea pastoral y solidaria de la Iglesia chilena.

De acuerdo a lo que expresa en sus memorias, el cardenal evaluó que el rector Swett promovía a través de su gestión “la voluntad oficial de poner fin a los últimos rastros de la reforma” y también “imponer en todos los niveles la conducción de un sector ideológico que veía ahora la posibilidad de ejercer el mando sin limitaciones”. Con ello, el arzobispo de Santiago se refería específicamente a diferentes integrantes del movimiento gremial, opositor a la reforma universitaria, y que fueron ocupando diversos cargos en la dirección de la institución.

Para mantener la presencia de la Iglesia en la dirección de la casa de estudios, el cardenal, junto al nuncio y la Conferencia Episcopal, decidieron crear la figura de un Pro Gran Canciller, que fue ocupado por el sacerdote Jorge Medina, exdecano de la Facultad de Teología.

LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA SE HACEN PRESENTES

Patricio Gross recuerda que, mientras se desempeñaba como vicerrector de Comunicaciones, recibió la visita de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), quienes le preguntaron por personas que se desempeñaban en la vicerrectoría. Tras responderle con evasivas y que desconocía sobre sus direcciones personales, le comentó a Swett sobre lo ocurrido. “Patricio, ¿qué quieres que haga? Si en esto yo no tengo nada que ver, siento mucho que hayan llegado para allá directamente”, le dijo.

En los primeros días de noviembre de 1975 se presentaron en la Rectoría dos personas que se identificaron como funcionarios de la Dina y que requerían información sobre Alejandro Ávalos, militante del Partido Comunista y quien tras estudiar Pedagogía en Inglés en la UC se desempeñaba como profesor ayudante en el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación en la misma casa de estudios. Según consta en las declaraciones judiciales recogidas por la Vicaría de la Solidaridad, el rector Jorge Swett llamó a su jefe de gabinete, Carlos Bombal, para que les diera la información que requerían. Bombal se dispuso a llamar al director académico de la unidad donde trabajaba Ávalos, pero fue interrumpido por los integrantes de la Dina, quienes le solicitaron evitar el contacto telefónico, “ya que la orden que tenían era la de detener al señor Ávalos sin testigos”. En la declaración, Bombal afirma haberle dicho a Swett de las intenciones de los funcionarios del servicio de seguridad. El 20 de noviembre entre las 17:00 y 18:00 horas, Alejandro Ávalos fue detenido en el trayecto entre su lugar de trabajo y la casa de su madre en Providencia. Hasta hoy figura en el listado de detenidos desaparecidos.

Carlos Bombal, entrevistado en 1997 por la periodista Mónica González en la revista Cosas, sostuvo que apenas se fueron los agentes advirtió a otras autoridades de la universidad que le parecía extraño que quisieran detener al profesor Ávalos sin testigos y que esto motivó a que se diera aviso a la unidad académica a la que él pertenecía. “Jamás tuve ningún vínculo con la Dina”, afirmó Bombal.

Años más tarde, cuando Patricio Gross trabajaba como académico de la Facultad de Arquitectura, decidió reunirse con el Pro Gran Canciller, Jorge Medina, para hacerle ver su preocupación por lo que estaba pasando en el país y que afectaba a la universidad –hacía poco se había producido la desaparición del profesor de Letras Jaime Ossa–. Cuenta que el sacerdote lo escuchó atentamente y después le dijo: “En estos tiempos que estamos viviendo hay que submarinearse”.

Hoy, en una vitrina ubicada en el hall de la Rectoría se encuentran dos cartas firmadas por el rector Swett. En una de ellas se refiere a la exoneración de 110 académicos entre 1973 y 1978. En la otra misiva, la autoridad universitaria le solicita al jefe de plaza que no vuelva a suceder que agentes de la Dina ingresen al campus Oriente a buscar estudiantes.

EL CASO DEL CONSEJO CONSULTIVO

Según Andrea Otero, diversas particularidades distinguieron a la UC de otras casas de estudio durante la época de la intervención. Una de estas fue la permanencia ininterrumpida del rector delegado Jorge Swett por 11 años y medio, y que contrasta con los reiterados cambios que se produjeron en otras universidades. Otra excepcionalidad fue la existencia del Consejo Consultivo, en la que participaban vicerrectores, pero también decanos y representantes de la federación de estudiantes y de los funcionarios, entre otros. Si bien se trataba de un organismo asesor del rector, que contaba con márgenes en cuanto a la deliberación y la toma de decisiones, había espacio para el diálogo y el debate sobre diversos temas. A fines de 1977, esta instancia se convirtió en el Consejo Universitario de la UC que, a diferencia de su predecesor, sí tenía facultades resolutivas. Si bien contaba con una importante presencia de miembros del gremialismo, el número de integrantes se incrementó con cuatro representantes docentes, uno de los trabajadores y uno adicional de los estudiantes. Conscientes del recelo que podría provocar este cambio en el ambiente universitario general del país, se debatió incluso si resultaba prudente informarlo y que no pudiera ser interpretado como una señal de “autonomía”.

La existencia de la FEUC era otra característica distintiva, pues las federaciones no eran permitidas por el régimen militar. Prohibidas las elecciones al interior de la universidad, era la directiva saliente la que le proponía al rector Swett una terna para que eligiera al próximo presidente de la FEUC. Claudio Rolle señala que, si bien el movimiento gremial sostuvo un discurso de que no hacía política, en la práctica sus representantes reiteradamente sí lo hacían.

El que la institución estuviera en un pie distinto a otras de las siete casas de estudio intervenidas obedece, según Claudio Rolle, al hecho de que habían representantes del movimiento gremial, académicos y egresados de diversas unidades académicas de la universidad que colaboraron en materia política, constitucional y económica con el régimen, entre los que hubo ministros de Estado y directivos, como Jaime Guzmán o Alfredo Prieto, quien servía como ministro de Educación cuando se creó la Ley General de Educación en 1981.

Para Carlos Williamson, quien se desempeñó como profesor de Economía, integrante del movimiento gremial y quien se formaría además en la Universidad de Chicago, hubo una influencia muy determinante de diversos representantes de la casa de estudios, por lo cual existió “una especial consideración por la Universidad Católica”. Entre estos, Williamson menciona la incidencia de Jaime Guzmán, pero también la de Sergio de Castro, quien tras desempeñarse como académico de la UC y ser uno de los autores principales de El Ladrillo –texto que fijaría las pautas del modelo neoliberal en el país– se transformaría en ministro de Hacienda y uno de los arquitectos de la reforma económica.

TIEMPOS DE CAMBIO

A fines de los años setenta comenzaron a producirse diversas protestas en los distintos campus de la UC. Los cuestionamientos al régimen militar, pero también al incremento de las matrículas y al rector Swett prevalecían en las manifestaciones. Entre 1982 y 1984 hubo una serie de centros de estudiantes en los que vencieron fuerzas opositoras al régimen.

Uno de los casos más bullados fue la tensión ocasionada por el secuestro de la estudiante de Pedagogía en Filosofía y secretaria del centro de alumnos, Marcela Palma, en agosto de 1982. Según consta en el expediente de la Vicaría de la Solidaridad, con revólver en mano tres individuos la subieron a un automóvil Peugeot 504. Tras ser vendada, la interrogaron sobre sus actividades y la de otros dirigentes universitarios. Como se resistió a colaborar, fue golpeada y la obligaron a desnudarse. La situación generó una serie de protestas y paros entre los estudiantes, varios de ellos de la Escuela de Teatro. Después de reunirse con los alumnos, el rector Swett decidió suspender el año académico de la Escuela de Teatro y tres alumnos fueron expulsados, al ser considerados activistas y agitadores.

En el año en que la economía chilena pasaba por su crisis más profunda desde la Gran Depresión, las movilizaciones de jóvenes universitarios se intensificaron. “Si no hubiera sido por las protestas estudiantiles de los 80 que nacieron en las universidades del país, probablemente el retorno a la democracia hubiera sido más lento. El germen universitario fue clave para poner sobre la mesa la necesidad del término de la dictadura”, dijo recientemente el rector Ignacio Sánchez en un seminario realizado en el marco de los 50 años del Golpe.

Fue también en esta época que culminaría el período de Jorge Swett como autoridad de la UC. Como ocurriría en muchas universidades chilenas de esos años, la dictadura militar determinó que fueran los civiles quienes asumieran el liderazgo. En el balance del período del vicealmirante, que estuvo marcada por una restricción de partidas presupuestarias a la educación superior, Andrea Otero explica que hubo un fuerte interés por apoyar la ciencia aplicada, que pudiera dar rendimientos rápidamente, mientras las ciencias sociales se vieron menos favorecidas. Asimismo, se impuso un modelo que daba relevancia a aspectos financieros en la gestión universitaria. Si bien se echó pie atrás en ciertas medidas impulsadas por la reforma, por otro lado se decidió con matices conservar aspectos del currículo flexible para que los estudiantes pudieran elegir en función de sus intereses. El investigador de Clapes Carlos Williamson cree que en muchos sentidos, y a la luz de lo que sucedió en las otras instituciones de educación superior, “la Universidad Católica se sacó la lotería con el rector Swett, pues él tuvo la clarividencia de darse cuenta de que la universidad tenía un gran potencial académico”. En tal sentido, destaca la relevancia que le dio al desarrollo de la investigación, así como a la medida de incorporar profesores de jornada completa, uno de los anhelos de la reforma universitaria. La promoción de programas de apoyo y de salud estudiantil son otros aspectos valorados por el economista. Entre las sombras de su rectoría, destaca su rol directo en las exoneraciones.

El rector entrante el año 1984 fue Juan de Dios Vial Correa, un destacado académico de las facultades de Medicina y de Ciencias Biológicas. Fue el entonces arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno, quien se reunió con él para sondearlo. “Si la Iglesia me lo pedía oficialmente, yo no le iba a decir que no”, explicó Vial Correa varios años después en una entrevista al historiador Alejandro San Francisco. El rector se había incorporado como profesor de la UC en 1952 y tuvo siempre una especial dedicación por el desarrollo de la ciencia. Lo caracterizaba, además, su curiosidad intelectual y espíritu crítico.

Claudio Rolle subraya la trayectoria académica, pero también la participación que había tenido Vial Correa al servicio de la institución. “Para la dictadura, entregar la Rectoría a una persona como Vial era una operación que tenía muchas ventajas, porque le permitía acercarse a la Iglesia, en acuerdo no solo con la Iglesia chilena, sino que también con Roma, frente a tener un rector cuestionado. En cambio, ahora, tenía un académico destacado que no estaba ahí por llenar el cargo, sino que había reflexionado y escrito sobre la universidad”, afirma.

En un escenario nacional de protestas y de incipiente apertura –entre 1985 y 1986, habiéndose reestablecido la votación, la FEUC estaría presidida por Tomás Jocelyn Holt (militante DC)–, la visita del Sumo Pontífice Juan Pablo II a la UC sería un hito relevante. Tal como expone Claudio Rolle, en el discurso del Papa “la universidad empieza a recuperar esa idea de que no es un colegio grande, ni un espacio donde se forme a profesionales, sino que es un lugar de creación de pensamiento, de innovación y pensamiento creativo”. Según el historiador, durante los últimos años de la dictadura se fue obteniendo mayor pluralismo y debate al interior de la universidad. Fue también una época en la que la Asociación de Académicos, conformada en los años 80, se convirtió en un espacio de voz para disentir y reflexionar, así como para dar garantías a quienes realizaban una carrera académica. Quien fuera ministra de Educación, Mónica Jiménez, presidió esta entidad y logró que esta tuviera participación en el Consejo Superior.

El período del rector Juan de Dios Vial Correa se extendería más allá de la transición a la democracia, hasta el año 2000, y se caracterizaría por una significativa modernización de la casa de estudios, que además de una importante promoción de la investigación incorporó el posgrado. Asimismo, flexibilizó el currículo de pregrado y la UC pasaría a convertirse en una universidad “compleja”, término que él mismo creó.

Fotografía Juan Domingo Marinello

GESTOS DE REPARACIÓN

Sucedió un 5 de septiembre de 2013, en el Aula Magna del Campus San Joaquín. Mientras se iban proyectando las fotografías en blanco y negro de 28 estudiantes, académicos y funcionarios asesinados y detenidos desaparecidos durante la dictadura, sus familiares subían al escenario para recibir el reconocimiento otorgado por la universidad. En la ceremonia, organizada por la FEUC y la Dirección Superior de la UC, el rector Ignacio Sánchez explicó que se trataba de un recuerdo que “se nos solicita a todos, con la responsabilidad y el aporte de cada uno”. Durante el acto habló la académica Ana María Arón, quien manifestó el orgullo que sentía por la universidad por este gesto. “Es ahora cuando puedo decir: yo te perdono, universidad, no por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste”. Dos años después se realizó un reencuentro con los académicos exonerados. De un grupo de 95 exprofesores invitados, asistieron 66 académicos y familiares a la ceremonia que propiciaba la acogida y la reconciliación. “Nuestra tradición, desde la fundación de la UC, ha sido proteger la autonomía universitaria. Esta se quebrantó al aceptar que, de manera externa a ella, se permitiera que un grupo importante de profesores –dentro de ellos todos ustedes– fueran exonerados por motivo de sus ideas y convicciones. Esto no debió haber ocurrido nunca, independientemente de las circunstancias y el contexto político de la época”, señaló el rector Sánchez, expresando su compromiso de que situaciones externas de atropello a la libertad académica no podrían volver a producirse en la universidad.

No serían los únicos actos reparatorios. Este año 2023 se inauguró la Plaza la Paz en el campus San Joaquín, un lugar de reflexión donde junto a mensajes de grandes pensadores y promotores de la paz, como Santa Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Clotario Blest y Albert Einstein, se incluyeron los nombres de los miembros de la comunidad universitaria desaparecidos o ejecutados durante la dictadura (31 personas en total). Además de la inauguración de la obra de los artistas nacionales Claudio y Francesco di Girolamo, Alberto Moreira, Francisco Gazitúa y Luis Montes, se anunció la creación del Centro UC para el Diálogo y la Paz, iniciativa inspirada en la encíclica Pacem in Terris y que coincide con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. El centro buscará aportar con investigación, reflexión, diálogo y acciones a la convivencia nacional, también sacando lecciones de lo que fue la historia política reciente de Chile. José Antonio Viera-Gallo valora los actos de reparación realizados por la universidad y también iniciativas como el Centro de la Paz y el Diálogo, añadiendo que es importante mirar el futuro. Explica que se siente reconciliado con la universidad. “No puedo juzgar a una institución por lo que pudo haber ocurrido hace 50 años. Cómo no voy a recordar la formación, los años de juventud, el entusiasmo y tantas cosas propias de la vida universitaria”, afirma.

Carlos Williamson subraya la importancia de los gestos de reparación hacia los “muchos miembros caídos de nuestra institución”. “Sin entrar en individualizar, creo que en la universidad, cual más, cual menos, tenemos un pecado de omisión. De no habernos informado, de no haber inquirido más detalles sobre lo que pasaba. En cierta forma, quien calla, otorga”, sostiene.

“Ha sido importante como restitución de la memoria y como reparación para todas las familias víctimas de la universidad, un gesto que la universidad no había tenido”, dice Ana María Arón, quien destaca la importancia de contarle la historia a las nuevas generaciones.

Asimismo, cuenta el significado que tiene para ella el hecho de que su hermana Diana sea recordada con su nombre en una plaza. Cada vez que estaciona su automóvil en el campus San Joaquín, procura pasar por la plaza. En algunas oportunidades la reconforta llevar también consigo a sus nietos que estudian ahí.

Lugar de reflexión. Creada por los artistas Claudio y Francesco Di Girolamo, Alberto Moreira, Francisco Gazitúa y Luis Montes, la Plaza de la Paz fue inaugurada en abril pasado (2023), en el campus San Joaquín de la UC.