Políticas culturales en Chile: bitácora de una supervivencia

LA UP Y EL GOLPE

El Golpe Militar significó un impacto irremediable para la cultura sobre el cual todavía se discute y cuyos alcances sobrepasan las posibilidades de este artículo. Pero en términos concretos muchos artistas salieron al exilio, fueron torturados, asesinados o desaparecidos. No hubo ámbito de la creación donde se dejara de advertir, con sangre, lo que se podía esperar por haber participado de la Unidad Popular o resistirse a callar tras el Golpe. El toque de queda por sí solo apagó, al menos durante los primeros años, la dinámica vida cultural que el país tenía hasta ese momento, y una amplia red de organizaciones culturales comunitarias quedó desmantelada de facto (Errázuriz, L.H.; 2006). La Universidad de Chile, que en muchos aspectos cumplía las funciones de un inexistente Ministerio de Cultura, fue intervenida, afectando así también aspectos importantes del desarrollo cultural como la formación artística y la extensión cultural. Varios hechos nos muestran que, con Allende, aparece por primera vez la cultura como parte de las responsabilidades explícitas del Estado.

En el documento “Las primeras 40 medidas del gobierno popular” se promete crear “el Instituto Nacional del Arte y la Cultura” (Unidad Popular, 1969). Además, en su Programa Básico de Gobierno, de 1969, destaca un capítulo titulado “Cultura y Educación” donde, entre distintas reflexiones sobre el tema, se comprometen medidas significativas: “El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalmente transformado como a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular” (Unidad Popular, 1970).

Bajo su corto periodo, Salvador Allende provee al Estado de una editorial estatal, Quimantú (comprando la editorial privada, Zig-Zag), y hace lo mismo con el sello fonográfico Víctor RCA, convirtiéndolo en el sello IRT (Biblioteca Nacional de Chile, s.f.). Ambas entidades, junto con la productora Chilefilms, que había sido recuperada para el Estado por Frei Montalva, conformaban una apuesta de generación de bienes culturales y su democratización por parte del Estado. En 1971 promulgó una ley para el Fomento de la música nacional (Nº 17.439). En 1972, inauguró el Museo de la Solidaridad con las donaciones de artistas de todo el mundo, que iba a tener su casa definitiva en la Unctad III. El Instituto Nacional de Arte y Cultura, sin embargo, no se llegó a concretar.

EL DESMANTELAMIENTO

La dictadura destruyó la mayoría de estas acciones. La editorial Quimantú se privatizó y pasó a llamarse Gabriela Mistral. La productora estatal Chilefilms, tras un brutal allanamiento, también fue vendida, y la IRT, intervenida. El Museo de la Solidaridad debió rearticularse desde el extranjero (Museo de la Solidaridad Salvador Allende, 2023).

Con todo, el nuevo régimen dictatorial, al contrario de lo que se suele pensar, se dispuso a desarrollar una política cultural que supliera el proyecto anterior. Tempranamente, en 1974, nombra por decreto a Enrique Campos Menéndez en el cargo de asesor cultural de la Junta Militar. En el documento en cuestión se especificaba que sus tareas eran “asesorar, proponer las medidas, políticas y programas” que debían “adoptarse para difundir, armonizar, perfeccionar y en general incentivar el desarrollo cultural del país y dignificar sus medios de difusión, en términos que preserven la tradición histórico cultural del mismo y permitan proyectarla al futuro con un sentido de nacionalidad” (Alvarado, L.; 2019). Incluso se conserva en la Biblioteca del Congreso un documento llamado “La Política Cultural del Gobierno de Chile”, que data de esos años.

De acuerdo con Matías Alvarado Leyton, quien ha profundizado en este periodo y, en específico, en la figura del asesor cultural, la idea tras este cargo era instrumentalizar la cultura con fines políticos: “Así, Campos Menéndez se debió encargar de fomentar, a través de las manifestaciones culturales, particularmente las más clásicas, una imagen favorable y beneficiosa para la dictadura, tanto en el país como en el exterior” (Alvarado, L.; 2019).

Por otra parte, al interior del Ministerio de Educación se fue construyendo una incipiente institucionalidad cultural. El año 1977 se creó el Departamento de Extensión Cultural, que desarrollaría diversas acciones a nivel nacional, principalmente itinerancias (Donoso, 2019). Llama la atención la creación, ese mismo año, del Teatro Itinerante que, de acuerdo con un documento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) fue un “precedente en materia de acceso y circulación en nuestro país” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2023) y en cuyo elenco era reconocible la presencia de actores de oposición a la dictadura. Incluso los fondos concursables de cultura tuvieron su primera versión el año 1988 (Domínguez, G.; 2019). Y meses antes de la recuperación democrática, en febrero de 1990 a través de la ley 18.956, el departamento pasó a ser una División de Cultura (como parte de una reestructuración de esa cartera). Estos avances, al interior del Mineduc, parecían estar determinados más por la voluntad particular de su director, Germán Domínguez, que por los intereses de la dictadura.

LA DISIDENCIA

Paralelamente, desde muy temprano los artistas comenzaron a realizar acciones de disidencia a la dictadura. Ejemplo de ello son las del Colectivo de Acciones de Arte (CADA), creado en 1979, las obras del Teatro Ictus y las grabaciones del Sello Alerce de obras de Víctor Jara, Quilapayún y otros artistas, entre muchísimas otras acciones que se daban a lo largo de todo Chile. A esto se suma la labor de los artistas en el exilio en contra del régimen (Memoria Chilena, 2019). La campaña del plebiscito de 1988 tuvo a los artistas delante y detrás de las cámaras. Un gran número de audiovisualistas, actores, músicos, bailarines y escritores participaron activamente en ella. Consistentemente, el programa del primer gobierno de la Concertación dedicaba una parte sustantiva de su programa al ámbito cultural (Concertación de Partidos por la Democracia, 1989).

LA RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA

A inicio de los 90 existían varios organismos que de forma dispersa se ocupaban de temas culturales: la División de Cultura en el Ministerio de Educación, la Secretaría de Comunicación y Cultura de la Secretaría General de Gobierno, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirac) y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). El primer programa de la Concertación reconocía un problema en esta dispersión: “… (Se requiere) estudiar la configuración de una instancia coordinadora u organismo superior, que permita conducir con mayor coherencia y eficacia las políticas y acciones del sector público en el campo cultural (…) como Concertación nos comprometemos a analizar y resolver, en un plazo prudente, la configuración de este organismo (…)” (Concertación de Partidos por la Democracia, 1989).

El plazo “prudente” terminó siendo de 13 años. Tras dos comisiones abocadas a estudiar el tema, y un proyecto de ley ingresado en los meses finales del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue el presidente Ricardo Lagos quien, a través de una indicación sustitutiva, concretó el anhelo de una institucionalidad cultural en 2003, con la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Con ello, la máxima autoridad de Cultura entraba al gabinete presidencial bajo la figura de ministro presidente del CNCA. Ya nombrado el primer ministro de Cultura, José Weinstein, se concretaron proyectos de ley que, hasta el momento, avanzaban lentamente en el Congreso: en 2004 se creó el Consejo de la Música y pocos meses después el Audiovisual, que junto al del Libro y la Lectura creado en 1993 fueron construyendo la institucionalidad que tenemos hasta hoy para la cultura.

Pero la dispersión institucional no había quedado resuelta con la creación de este Consejo, y uno de los más antiguos organismos públicos de cultura, la DIBAM, creada en 1929, aún dependía del Ministerio de Educación. Posiblemente por eso, y quizás porque la idea de un Ministerio de Cultura seguía rondando, el tema del estatus institucional que debía tener la cultura volvió a abrirse en 2011 cuando el presidente Sebastián Piñera anunció durante su mensaje presidencial del 21 de mayo la creación de un ministerio. Tras varios años más de debate, el nuevo organismo se concretó a fines del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

LIBERTAD DE CREACIÓN

El primer gobierno de la Concertación comenzaba el extenso capítulo dedicado a la cultura de su programa de gobierno señalando su compromiso con la libertad como principio orientador de una cultura en democracia: “(…) es deber del Estado garantizar las libertades en todos los planos de la cultura y en todas las actividades que concurran a crearla o difundirla“ (Concertación de Partidos por la Democracia, 1989). Tras una dictadura que había abusado de la censura previa, era esperable el desarme de los dispositivos institucionales para ejercerla.

La Junta Militar había legado un Comité de Calificación Cinematográfica que podía prohibir películas y que se conformaba, entre otros, por militares y miembros del Poder Judicial. Más de mil obras se llegaron a prohibir durante la dictadura. Aunque en 1999 la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto para restituir las libertades, este no había avanzado y al año 2000 este órgano de censura continuaba funcionando.

Entre las películas censuradas estaba La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, que fue la protagonista de una batalla judicial entre grupos religiosos y abogados laicos, que terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año 2003, la corte internacional mandató al Estado de Chile a “modificar su ordenamiento jurídico en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2023).

Se inició una reforma constitucional para garantizar la libertad de creación y difusión de las artes, que no solo permitió reformar el mencionado Comité de Calificación Cinematográfica, sino que consagró hasta hoy una herramienta de protección a la libertad de expresión artística que, en diversos casos, ha evitado los intentos de censura previa.

Si la nueva constitución conservará esta garantía aún es una incógnita.

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA CULTURA

La primera acción relacionada con el financiamiento a la cultura durante la recuperación democrática fue la Ley de Donaciones Culturales, promovida por el entonces senador Gabriel Valdés, en el año 1990. A poco andar, por iniciativa del entonces ministro de Educación, Ricardo Lagos, se comenzó a construir un sistema de financiamiento cultural estatal que, aunque con algunas modificaciones, perdura hasta hoy: primero el Fondart (1992) y luego el Fondo del Libro (1993). Años más tarde, el Fondo de la Música (2004), el Audiovisual (2005), el Fondo del Patrimonio (2010) y recientemente el de Artes Escénicas (2018), entre otros más específicos, conforman un conjunto de herramientas de fomento dirigidas principalmente a incrementar la oferta de bienes culturales. Los montos asignados a este tipo de instrumento se incrementaron de manera sostenida, pasando a ser una columna central de la acción del Estado en cultura. Alrededor de 2010 comenzó a crecer un malestar respecto de la concursabilidad que no pararía de subir. En 2014, se anunció una “reingeniería de los fondos”, que con distintos matices se ha reiterado de gobierno en gobierno y, está por verse, si se logrará un cambio sustantivo en lo venidero.

Con todas las críticas, la mayoría muy atendibles, el sistema de financiamiento que se ha construido contiene una apuesta interesante del Estado. Solo en el caso de la cultura se entrega a especialistas que no pertenecen al aparato estatal la potestad, que por derecho tienen, de decidir quién se gana los recursos. Se trata de una apuesta por preservar a la cultura de la intervención política estableciendo una distancia entre la autoridad y quien define el destino de los recursos (Hillman Ch., H. & McCaughey, C.; 1989). En diversos casos de polémicas e intentos de censura ante obras financiadas con recursos públicos que incomodaban a grupos religiosos (como el proyecto Nautilus, más conocido como la “Casa de vidrio”, en 2000) o a las Fuerzas Armadas (como la obra Prat, de Manuela Infante, en 2002), el Estado debió defender la decisión de los especialistas, aunque le causara problemas.

DESIGUALDAD CULTURAL

En una mirada a largo plazo, pese a la lentitud, la relativa marginalidad e incluso la indiferencia y la falta de voluntad o pericia de algunas autoridades, las políticas públicas en cultura se han extendido y fortalecido. El marco normativo de a poco ha crecido y en el poder legislativo se han conformado comisiones del tema, tanto en la Cámara de Diputados como recientemente en el Senado.

Si bien, el presupuesto en cultura aumentó de manera sustantiva los primeros cuatro gobiernos de la Concertación, ralentizó su crecimiento a partir de 2010 y solo el año pasado volvió a recuperar el ritmo mínimo necesario de crecimiento. Al año 2023, el gasto público en este tema sigue representando solo el 0,4% del total. Durante estas décadas, la construcción de una red de infraestructura cultural que se diseñó en el gobierno de Ricardo Lagos, se inició en el primer gobierno de Michelle Bachelet y se continuó durante el periodo de Sebastián Piñera, para finalizar durante el segundo mandato de Bachelet, dan cuenta de una política de Estado sostenida por más de 10 años.

La evidencia arrojada por las Encuestas de Participación Cultural que desarrollan desde 2004 a la fecha muestra poca variación en una situación estructural: una desigualdad profunda entre ricos y pobres, en la frecuencia, intensidad y variedad con la que se relacionan con la cultura, sin que las políticas públicas parezcan haber modificado la situación.