La pobreza ignorada

La pobreza es una experiencia que compromete aspectos relevantes de la vida diaria. No se trata solo de carencias materiales. Se trata, más bien, de la dificultad para llevar adelante una vida con dignidad, autonomía, participación y sentido de pertenencia.

Chile y otros 11 países de América Latina y el Caribe comprenden hoy oficialmente este concepto como una privación de libertades y capacidades para vivir con dignidad. Esta mirada, también conocida como el Enfoque de Capacidades, fue originalmente desarrollada por el Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, y extendida, posteriormente, por la filósofa Martha Nussbaum.

La medición de la pobreza multidimensional en Chile, inaugurada en 2014, incluye rezagos en educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. De acuerdo a ella, cerca de un millón de hogares –o tres millones y medio de personas– experimentan pobreza multidimensional.

Esta problemática, tanto en su medida multidimensional como por ingresos, afecta mayormente –y también de forma más persistente– a ciertos grupos: a hogares donde hay niños, niñas y adolescentes o personas en situación de discapacidad, a desocupados, a quienes estando en edad de trabajar se dedican a labores como el cuidado y, más recientemente, a migrantes.

Al mismo tiempo, los mayores avances en superación de la pobreza se han dado entre los adultos mayores, sobre todo en lo referente a ingresos, desde la creación del Pilar Solidario del sistema de pensiones, y luego con su expansión a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Esta persistencia en algunos grupos y avances en otros son particular reflejo del modo en que el país organiza su política social.

El estudio “Imaginarios, Narrativas y Soluciones sobre la Pobreza en Chile”, preparado recientemente por CADEM para la Alianza Comunicación y Pobreza, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, levantó información sobre la comprensión que los chilenos tienen hoy de la pobreza.

La precariedad y la vulnerabilidad son los conceptos que más se acercan al modo en que la ciudadanía describe esta experiencia. Entre las caracterizaciones más repetidas están el no tener ingresos para lo más básico, vivir endeudado o no llegar a fin de mes y no tener dónde vivir. La carencia de oportunidades en educación, trabajo y salud, además de vivir cada día sin poder planificar el futuro, también recibe un número significativo de menciones.

Así comprendida, la pobreza se percibe como un fenómeno cercano. Un 42 % de los encuestados dice experimentar la pobreza hoy o haberla experimentado en el pasado. Al mismo tiempo, un 68% dice haber convivido con ella, ya sea directamente o a través de la experiencia de familiares, amigos y vecinos. Otro 18% dice no conocerla de cerca, pero expresa temor a la posibilidad de caer en ella.

Así como la pobreza cambia de expresión, la política social debiera adaptarse para atender esa nueva realidad.

La incorporación de una medición multidimensional de la pobreza no ha modificado de manera sustantiva el modo de hacer política social. Probablemente, el esfuerzo más importante en años recientes ha sido la creación de la PGU, a la que se dedica cerca de dos tercios de los recursos públicos destinados a la protección social en el país. Es un esfuerzo valioso que ha permitido reducir de manera importante la pobreza por ingresos en hogares donde hay adultos mayores, pero que no ha sido acompañado por una forma renovada de atender la superación de la pobreza en su carácter multidimensional.

Seguramente, apoyar de manera más integral a familias y comunidades requiere de modificaciones relevantes para un Estado acostumbrado a trabajar en silos. Sin embargo, existen algunas experiencias en Chile de las que, para bien o para mal, vale la pena aprender.

Una de ellas son los programas diseñados para atender a las familias en pobreza extrema como Chile Seguridades y Oportunidades y su predecesor, Chile Solidario. Estos programas se caracterizan justamente por su integralidad, pues entregan apoyos a través de acciones coordinadas de acompañamiento. Si bien suceden a pequeña escala, pueden entenderse como pilotos posibles de extenderse a otros grupos.

Otro espacio de apoyo integral es la atención a territorios afectados por desastres socionaturales. Ellos requieren de atención en múltiples ámbitos de manera simultánea. Para ello, la colaboración intersectorial resulta clave. Resta evaluar el modo en que ha operado el Estado ante estas emergencias. Aun así, es posible aprender de ahí sobre cómo abordar la multidimensionalidad de la pobreza.

La política social afecta nuestras relaciones sociales y también la forma en que las personas se relacionan con el Estado. No siempre estos aspectos se toman en cuenta al diseñar, implementar y evaluar las políticas.

Un ejemplo ilustrativo –aunque quizá extremo– es el Bono por Logro Escolar, creado en 2012 como parte del programa de Ingreso Ético Familiar. La prestación entrega recursos monetarios a las familias del 30 % más vulnerable si sus hijos e hijas en edad escolar muestran rendimientos en el 30% superior de su cohorte. El objetivo es fomentar el aprendizaje, con el objetivo de elevar las oportunidades de inserción laboral futuras de niños, niñas y adolescentes.

Al igual que la mayoría de los programas, los beneficiarios son las personas o sus familias. Rara- mente el Estado chileno atiende a una comunidad. Sin embargo, en este caso, sería natural atender a toda la generación de estudiantes, no solo a unos pocos.

Asimismo, como en muchas prestaciones, la focalización del programa tiene un corte abrupto: quienes están justo por debajo del 30 % de vulnerabilidad pueden beneficiarse, y quienes están justo por arriba, aunque sean muy parecidos, no.

Adicionalmente, los programas en Chile son moni- toreados conjuntamente por la Dirección de Presu- puestos del Ministerio de Hacienda y la Subsecreta- ría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Las evaluaciones se hacen sobre la base de tres indicadores. Primero, si los programas están bien focalizados; esto es, si llegan a la pobla- ción para la cual se crearon. Segundo, si son eficien- tes; es decir, si los recursos que se les destinan se gastan de la mejor manera posible. Finalmente, si son eficaces. En otras palabras, si cumplen sus ob- jetivos.

El impacto de los programas en la cohesión social o en las percepciones de justicia de las familias potencialmente beneficiarias no son aspectos considerados en la evaluación. Un programa como el Bono por Logro Escolar invita a los estudiantes y sus familias a competir más que a colaborar y pone presión sobre los profesores a poner buenas notas a algunos estudiantes en particular.

Al mismo tiempo, carga sobre los hombros de niños, niñas y adolescentes la tarea de superación de la pobreza. También equipara mérito con resultados, aun cuando, por condiciones de vida, muchas veces el esfuerzo no es suficiente para conseguir mejores resultados. No todos están en las mismas condiciones de desplegar sus capacidades.

El Consejo Asesor para la Cohesión Social realizó un diagnóstico y sugirió recomendaciones que merecen ser implementadas para una política social más cohesiva.

La pobreza expresa una debilidad en el desarrollo de las capacidades humanas elementales para funcionar, insertarse socialmente y elegir en libertad. Experimentarla tiene repercusiones duraderas en las personas, familias y comunidades.

Esta problemática es aún una tarea actual y urgente, aunque ya no se hable de ella como antes. Si bien superarla debe ser compromiso de todos, el Estado tiene una responsabilidad central en promover el desarrollo de capacidades, liberando a las personas de la experiencia de la pobreza. Para ello, debe actuar de manera integral, con herramientas que aporten a la cohesión social.