La polarización del electorado: Las izquierdas y la polarización en Chile: historia y actualidad
Tras un largo proceso de transición, el péndulo electoral corre de un lado a otro en las encuestas que preceden a las elecciones que se celebran este año. La intensidad del momento político ha descartado la tibieza en los discursos. Los extremos que se enfrentan directamente en las urnas han sido estudiados y analizados en distintos momentos históricos por académicos de la universidad. ¿Esta situación corresponde a tensiones propias de un periodo eleccionario o responde a pulsiones más profundas de la sociedad chilena que deben ser observadas?
Desde hace largo tiempo, las izquierdas han sido señaladas en Chile y el mundo como responsables de la polarización política que, desde la emergencia de la cuestión social y de la crisis institucional que el país enfrentó hace un siglo, se ha presentado con cierta periodicidad hasta nuestros días. Esta acusación, proveniente sobre todo de sus adversarios políticos de las derechas y del centro, se ha sustentado en el carácter radical de las políticas transformadoras impulsadas por el sector, orientadas a realizar cambios profundos en la organización de la economía, subvertir jerarquías sociales largamente establecidas y redistribuir recursos y poderes en un sentido igualitario. Asimismo, la acusación se ha fundamentado en la recurrente inclinación de las izquierdas por la movilización de sectores populares organizados, así como de la multitud, con la consiguiente alteración de la vida cotidiana, para hacer realidad demandas sociales o alcanzar objetivos políticos.
Contradicciones de las izquierdas
Desde el primer acceso de las izquierdas al gobierno en alianza con el hegemónico y centrista Partido Radical (1938), hasta el golpe de Estado de 1973 que derrocó el primer gobierno en que los partidos Socialista y Comunista (PS y PC) lograron la primacía, estas fueron alcanzando algunos de sus principales objetivos históricos. Estos fueron logrados mediante políticas de reformas que, gradualmente, expandieron a la ciudadanía, introdujeron el bienestar social y modificaron el régimen de propiedad y el balance de poder social en el país.
Sin embargo, esas prácticas reformadoras realizadas en el marco de la institucionalidad democrática, entre 1938 y 1970, mediante acuerdos con sectores de centro (radicales, populistas y demócrata- cristianos), coexistieron en las izquierdas con el predominio de una imaginación revolucionaria en
permanente y creciente tensión con el carácter aliancista, reformador y gradualista de aquellas políticas.
ELOGIO A LA POLARIZACIÓN
Durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), esa imaginación revolucionaria condujo a un segmento de la izquierda, que incluyó a la mayoría de su propio partido (PS) –y que se autodenominó con grandilocuencia “polo revolucionario”– a rechazar cualquier acuerdo con la Democracia Cristiana (DC). También llegó a hacer un elogio explícito de la polarización, expresado en la consigna “avanzar sin transar” o en la tesis de “agudizar las contradicciones”. Las políticas impulsadas desde esta imaginación revolucionaria, sumadas a las que impuso a las derechas y al centro, produjeron una antagónica imaginación contrarrevolucionaria que se fue haciendo hegemónica en la oposición. Así, terminaron por bloquear todo acuerdo político y precipitaron la crisis institucional en medio de la que se abrió paso el golpe militar y el consentimiento de una parte no menor de la sociedad y de sus élites a la brutalidad sistemática y despiadada del terror estatal pinochetista.
La dictadura militar, sustentada por las derechas entre 1973 y 1990, no puso fin a la polarización vivida en los años anteriores. La proscripción de toda expresión de las izquierdas en las instituciones políticas y culturales del Estado o controladas por este no logró eliminar a las izquierdas en la sociedad, a pesar del exterminio de miles de sus dirigentes y militantes.
En este sentido, el régimen de Pinochet exacerbó una polarización soterrada que saldría a la luz entre 1983 y 1986. En esos años, un ciclo de multitudinarias movilizaciones antidictatoriales convergió con el resurgimiento de un ámbito público que se impuso a las prohibiciones y que se caracterizó por una aguda polarización entre los actores políticos de centro e izquierdas, por una parte, y las derechas alineadas con el régimen autoritario, por la otra.
La larga transición a la democracia, que sobrevivió gracias a que la oposición de centro y de izquierdas logró frustrar el intento del dictador de prolongar por ocho años más su dominio, al imponerse el “No” en el plebiscito de 1988, se caracterizó por la continuidad de una polarización política estructural. Esta siguió enfrentando a quienes habían sido adversarios de la dictadura con quienes habían sido sus sostenedores. La anterior situación fue acompañada, desde 1990 y tras dos décadas de negación del otro, por el reconocimiento mutuo de la legitimidad de sus diferencias y de la apertura a alcanzar acuerdos y consensos en el marco de las instituciones representativas y de una cultura política democrática y pluralista.
Esta acusación (de provocar la polarización), proveniente sobre todo de sus adversarios políticos de las derechas y del centro, se ha sustentado en el carácter radical de las políticas transformadoras impulsadas por el sector, orientadas a realizar cambios profundos en la organización de la economía, subvertir jerarquías sociales largamente establecidas y redistribuir recursos y poderes en un sentido igualitario.
NACE UNA TERCERA Y NUEVA IZQUIERDA
En el contexto del restablecimiento de esa cultura política, entre 1990 y 2010 primó en las izquierdas
una adhesión a políticas no solo gradualistas, sino abiertas a acordar cualquier reforma significativa con las derechas que ejercieron su influencia desde el Congreso Nacional. Este sector practicó una especie de veto sobre la base de su respaldo electoral, reforzado por la institucionalidad forjada en dictadura, solo parcialmente reformada en 1989 y de un modo más completo en 2005.
Sin embargo, durante esas dos décadas se fue desplegando desde el segmento de la izquierda que no se incorporó a la coalición de gobierno (sectores de los propios partidos de izquierda, PS y PPD, y principalmente desde el PC) una crítica a lo que se consideró un excesivo gradualismo y a la persistencia del veto de las derechas a cualquier cambio significativo en el orden económico y social.
Se reprochó también cómo, en un contexto de minimalismo democrático, se habían ido articulando relaciones y compromisos más o menos tácitos entre los representantes de la ciudadanía y los principales controladores del poder económico y mediático, que habían adquirido una preeminencia desmedida en la formación de la opinión y en las decisiones políticas.
Esta visión se incrementó, paradójicamente, durante los exitosos gobiernos de Ricardo Lagos (2000-2006) y de Michelle Bachelet (2006-2010), cuando el Socialismo Democrático encabezó la coalición de centroizquierda y se realizaron importantes modernizaciones y reformas orientadas a garantizar de forma gradual más oportunidades y derechos a toda la ciudadanía.
El regreso en 2010 de la derecha al poder ejecutivo, tras 20 años de gobiernos de la Concertación, provocó una convergencia en la oposición de la izquierda que había gobernado durante la transición –el llamado Socialismo Democrático– y de aquella que la había criticado –principalmente el PC– por el minimalismo de sus propósitos y realizaciones.
A esta convergencia se sumaría una tercera y nueva izquierda, surgida del movimiento estudiantil de 2011 –el actual Frente Amplio–, fundada en una crítica radical a las políticas de consensos y acuerdos de los gobiernos concertacionistas, la que estuvo acompañada de una admiración algo candorosa hacia los protagonistas históricos de la polarización inspirada en la imaginación revolucionaria. Simultáneamente, académicos próximos a las tres izquierdas instalaron la idea de transitar a otro modelo de desarrollo, y difundieron el imperativo de un proceso constituyente para sustituir una constitución que –a pesar de las reformas de 1989 y 2005– seguiría siendo una institucionalidad impuesta por la dictadura, que dos décadas de democracia no habrían logrado desmantelar.
Tras el rechazo ciudadano en septiembre de 2022 a la radical propuesta constitucional que había hecho suya, el actual gobierno ha evitado conscientemente, y con éxito, una polarización que en el mundo de hoy se ha convertido en el camino al poder de la derecha populista y liberal.
ESTALLA EL PROCESO CONSTITUYENTE
Las sucesivas alternancias en el poder ejecutivo entre izquierdas y derechas de 2014 y 2018 no produjeron grandes cambios en el contexto recién esbozado. Este solo sería modificado radicalmente con el llamado “estallido social”, desencadenado en octubre de 2019. Su intensidad y duración pondrían en jaque al gobierno de la época y también a la gobernabilidad democrática misma, provocando una polarización entre las derechas que respaldaban los esfuerzos del gobierno de Piñera para restablecer el orden público, por una parte, y las tres izquierdas y la Democracia Cristiana, por la otra. Todos estos sectores imaginaron el complejo fenómeno en curso como el establecimiento “por la vía de los hechos” de “un proceso constituyente”, impulsado por “las y los ciudadanos movilizados”.
En un marco de extrema polarización, el acuerdo político transversal que abrió paso en noviembre de 2019 a dos procesos constituyentes sucesivos, sujetos al derecho y en el marco de la continuidad institucional, restableció un inestable equilibrio entre polarización y acuerdos que se proyectó hasta diciembre de 2023. En ese mes, el segundo de esos procesos –conducido por el segmento más radical de las derechas– fue rechazado por la ciudadanía, corriendo así la misma suerte que el primer proceso –hegemonizado por las facciones más radicales de las izquierdas–.
En el contexto de ese inestable equilibrio entre polarización y acuerdos, y de la oscilación de la ciudadanía entre el rechazo a la polarización y el repaldo a algunos de sus protagonistas, en marzo de 2022 Gabriel Boric se convirtió en el primer Presidente de la República sustentado en una coalición integrada solo por las izquierdas después de Salvador Allende. A diferencia de entonces, y sobre todo tras el rechazo ciudadano en septiembre de 2022 a la radical propuesta constitucional que había hecho suya, el actual gobierno ha evitado conscientemente, y con éxito, una polarización que en el mundo de hoy se ha convertido en el camino al poder de la derecha populista y liberal.
En la actualidad, la candidata presidencial de las tres izquierdas, Jeannette Jara, ha ampliado su base de apoyo hacia la DC y, ante los detractores de su militancia comunista, puede exhibir como su mejor carta de presentación política el logro –como ministra del Trabajo– de un gran acuerdo transversal en torno a la previsión social. Contra todo pronóstico, este hecho doblegó la larga resistencia de los sectores más radicales de las derechas y de las izquierdas –incluso al interior de su propio partido–, mediante el diálogo y la negociación que condujeron a un consenso entre actores políticos y sociales al que, finalmente, solo se restó la extrema derecha y que tiene un muy amplio respaldo ciudadano.