Reparar sin excluir: una política democrática frente a las incivilidades

Hay una grieta reveladora en lo que opinamos los chilenos sobre las incivilidades, y conviene mirarla antes de tomar partido. La encuesta Cadem de la segunda semana de junio muestra que un 67% respalda el Registro de Vándalos e Incivilidades que el Gobierno firmó tras la Cuenta Pública del 1 de junio. Pero la misma encuesta muestra algo menos comentado: cuando se pregunta por el castigo concreto, la gente se inclina por la reparación. Un 49% prefiere multas o reparación del daño frente a un 30% que opta por suspender beneficios sociales. Un 84% pide que, antes de retirar cualquier beneficio, se obligue al responsable a reparar lo que rompió. Y un 60% reconoce que quitar beneficios golpea más a los pobres que a los ricos.

Esa grieta no expresa confusión ni indecisión. Expresa una intuición democrática: la ciudadanía pide orden, pero también reparación, justicia proporcionada y condiciones para volver a habitar lo común. El problema es que el debate público traduce esa demanda casi exclusivamente como registro y sanción, dejando fuera su dimensión reparadora. La gente no pide solo castigo: también pide recomponer lo dañado.

Digámoslo sin rodeos, porque el malestar es real y no merece caricatura: el deterioro del espacio público existe, el miedo cotidiano existe y la demanda de orden es legítima. Quien cruza una plaza con la basura quemada, el mobiliario roto y el consumo a plena luz no está siendo manipulado por una campaña del miedo: está leyendo una señal correcta, la de que ahí el cuidado de lo común se retiró. La seguridad encabeza, por lejos, las preocupaciones del país. Responder a eso encogiéndose de hombros sería deshonesto e inútil.

La pregunta, entonces, no es si las incivilidades importan. Importan. La pregunta es qué pasa cuando las convertimos en el centro absoluto de la mirada. Porque hablar solo de incivilidades nos encierra en una gramática muy precisa: la del déficit, la sospecha y el castigo. En ella, el desorden es siempre la falla moral de un individuo peligroso, y la solución es siempre identificarlo, anotarlo y restarle algo. El espacio público aparece como una vitrina que limpiar, no como una trama de relaciones que sostener. Y la convivencia se imagina como un orden previo que los incívicos rompen, cuando en realidad es un equilibrio frágil que se construye todos los días y que, cuando se daña, también puede repararse.

La pregunta, entonces, no es si las incivilidades importan. Importan. La pregunta es qué pasa cuando las convertimos en el centro absoluto de la mirada. Porque hablar solo de incivilidades nos encierra en una gramática muy precisa: la del déficit, la sospecha y el castigo

Ahí está el límite más hondo del registro, que no es jurídico sino de fondo. Un registro puede, en el mejor de los casos, contar incivilidades. No puede producir convivencia. Son operaciones distintas, y confundirlas cuesta caro. Quitarle la gratuidad o una pensión a quien rayó un muro no repara el muro ni el barrio: le quita a una persona —casi siempre de pocos ingresos— precisamente aquello que necesita para rehacer su vida en común con los demás. La gratuidad en la educación, una pensión básica y un subsidio de arriendo no son premios por buena conducta, son las condiciones mínimas para que alguien pueda participar en la vida del barrio y de la ciudad.

Vale la pena un cambio de mirada. El debate de estas semanas gira por completo en torno a las incivilidades. Propongo girarlo hacia las civilidades, ese reverso que casi nunca nombramos. No se trata de buenos modales ni de un llamado bienpensante a tratarnos con amabilidad, sino de algo mucho más concreto. Civilidades son las prácticas, los acuerdos tácitos, los servicios que funcionan, las instituciones presentes y los gestos cotidianos que permiten a personas distintas, desiguales y a menudo desconfiadas vivir juntas sin destruirse. Es la calle iluminada que se puede caminar de noche, el consultorio que atiende a tiempo, la dirigenta que desactiva un conflicto antes de que estalle. Es la presencia del Estado no como fuerza que reprime, sino como cuidado que sostiene.

Quien investiga territorios golpeados por la violencia aprende algo que desde fuera cuesta ver. La tentación, a la distancia, es leer esos barrios solo como déficit: desorden, peligro, incivilidad. El trabajo de campo muestra otra cosa. Muestra que incluso ahí, y muchas veces sobre todo ahí, la gente produce civilidad a pulso. Arma acuerdos para convivir con el riesgo, sostiene formas de cuidado mutuo, le pone límites a la violencia con recursos mínimos. No lo idealizo. Esa civilidad de los márgenes convive con el miedo, con la coerción, con la presencia de economías ilegales. No es una postal comunitaria. Es un trabajo frágil, hecho en condiciones adversas, que el resto del país rara vez ve y casi nunca nombra. Una política que mira esos territorios solo con el lente de la incivilidad no se equivoca apenas de diagnóstico; corre el riesgo de tratar como delito lo que muchas veces es la última forma de orden que queda en pie.

Civilidades son las prácticas, los acuerdos tácitos, los servicios que funcionan, las instituciones presentes y los gestos cotidianos que permiten a personas distintas, desiguales y a menudo desconfiadas vivir juntas sin destruirse. Es la calle iluminada que se puede caminar de noche, el consultorio que atiende a tiempo, la dirigenta que desactiva un conflicto antes de que estalle. Es la presencia del Estado no como fuerza que reprime, sino como cuidado que sostiene.

Las civilidades no niegan el conflicto ni prometen un mundo sin fricción. Las sociedades desiguales como la nuestra están atravesadas de conflicto, y pretender suprimirlo es una fantasía autoritaria. Lo que hacen las civilidades es otra cosa: tramitan el conflicto, lo reparan, le ponen límites y dejan que la vida democrática siga siendo posible en medio de él. Por eso, la intuición ciudadana de la reparación es más sabia que el diseño de la ley: reparar restituye el vínculo dañado; restar derechos lo corta.

Conviene mirar hacia afuera. El instrumento chileno es estructuralmente afín a las órdenes contra conductas antisociales que existen en el Reino Unido desde hace décadas. La diferencia es reveladora: en su versión más reciente, esas órdenes no solo prohíben o sancionan; también pueden exigir reparación, tratamiento o acompañamiento social. Junto al castigo, existe una puerta de reintegración. El diseño chileno parece quedarse con la mitad punitiva y descartar la otra. Y la evidencia comparada no anima al optimismo: después de casi tres décadas de estas órdenes, el Parlamento británico no ha encontrado evidencia sólida de que reduzcan las conductas antisociales. Estaríamos apostando, con todo, por una herramienta que ni en su versión más desarrollada ha probado cumplir su promesa.

Nada de esto supone cruzarse de brazos ante el deterioro. Supone cambiar la pregunta. Mientras nos preguntemos solo cómo castigamos la incivilidad, seguiremos produciendo registros, listas y exclusiones, y mediremos el éxito por la cantidad de personas marcadas. Si, en cambio, preguntamos qué sostiene la civilidad, aparecen otras respuestas: reparación efectiva del daño, presencia institucional constante, servicios que funcionan, justicia que no humilla, condiciones materiales para que la gente tenga algo que cuidar. Son respuestas menos vistosas que un registro, más lentas, más difíciles de exhibir. Pero son las que la ciudadanía ya está pidiendo cuando prefiere reparar antes que excluir.

Una democracia no se mide solo por su capacidad de registrar a quienes la incomodan. Se mide por su capacidad de producir las condiciones para que personas muy distintas entre sí, que no se eligieron y a menudo ni siquiera se conocen, puedan seguir compartiendo un mundo sin destruirse. Las incivilidades nos señalan dónde esa capacidad está fallando. Las civilidades nos dicen qué habría que construir. El registro sabe nombrar lo primero. Ojalá supiéramos también —como ya lo intuye la gente cuando pide reparar antes que castigar— nombrar lo segundo.