Vivienda digna: un lugar para todos en la casa común
“Se impone una campaña en pro de la vivienda popular tan enérgica, como si el país estuviera en pie de guerra: de lo contrario el problema no se solucionará. Mientras este problema esté pendiente, el estado de guerra interior estará latente, pues es imposible que pueda vivir en paz un pueblo al cual le falta la más indispensable de sus necesidades”
Estas son palabras del Padre Hurtado, escritas a comienzos de la década del 50 del siglo pasado y dramáticamente vigentes aún hoy. Entonces, Santiago tenía poco más de un millón de habitantes, hoy ronda los ocho.
Y aunque desde entonces se han desarrollado múltiples iniciativas, tanto públicas como privadas, estas no han sido suficientes.
En la tradición judeocristiana tiene una alta valoración la hospitalidad con el extranjero, así como el cuidado prodigado hacia los huérfanos y las viudas, hacia toda persona desamparada. Las obras de misericordia corporales (Mt. 25, 31ss), a las que invita el mismo Jesús, implican estar atentos a las necesidades de los demás y procurar aliviarlas. ¡Traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten! (Mt. 7, 12).
En nuestros tiempos el desamparo de no tener un lugar digno donde vivir tiene su más radical expresión en las personas en situación de calle –que son objeto de atención preferente en las conclusiones de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano realizado en Aparecida, en 2008– aunque también en el allegamiento, el hacinamiento crítico y la campamentización.
Los principios de la doctrina social de la Iglesia –el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación, la solidaridad, la caridad – encuentran en el derecho a la vivienda y a la ciudad un punto de convergencia particular que es urgente atender, muy concretamente.
Estos derechos refieren a procesos colectivos progresivos que involucran a distintos actores e instituciones: dejarlos exclusivamente a los criterios del mercado, dando rienda suelta a la especulación urbana, en ausencia de una regulación adecuada, provocan expulsiones a la periferia que han sido muy dañinas para el conjunto de la ciudad. ¡Estos son temas de alta política, de gobernanza de la ciudad! No se trata solo de la vivienda, sino de las condiciones sociales que sean favorables para que cada cual despliegue su propia perfección y vocación: eso es cuidar el bien común. En el ámbito urbano ello incluye, entre otras cosas, el acceso a redes, trabajo, servicios, áreas verdes, seguridad, asociatividad, cohesión y tejido social: que todos podamos compartir y disfrutar los frutos del trabajo colaborativo que supone la vida en sociedad.
El Papa Francisco ha señalado en Evangelii Gaudium (59): “cuando la sociedad –local, nacional o mundial– abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad”. En sintonía con la frase del Padre Hurtado con que abrimos esta columna, es esta una preocupación que debiera hacernos dedicar nuestros máximos esfuerzos: primeramente por cada persona y su familia; pero junto a ellos por toda la sociedad que se beneficia de que todos quienes la conforman estén cada vez mejor. La consideración sobre el cuidado de la casa común, a la que se nos ha invitado desde hace 5 años con la encíclica Laudato si’, incluye también la preocupación por las ciudades que vamos construyendo, que estas le permitan a todos tener un lugar al que podamos llamar hogar.