Menores infractores de ley: la tarea pendiente contra la delincuencia juvenil
Los datos sugieren que, durante los últimos años, los delitos cometidos por menores de edad en Chile se han vuelto más violentos. Las variables asociadas incluyen un acceso inusitado a las armas. ¿Existe una forma de romper ese círculo? Aquí, una radiografía del fenómeno.
Mixael Ortiz (32) se acomoda en la cabecera del comedor de su casa y, con la misma franqueza que marcará toda la conversación por venir, dice:
—Estoy arrepentido de haber hecho el daño que hice durante un tiempo.
Es una apacible mañana de domingo en la ciudad costera de Pichilemu, Región de O’Higgins. Mixael, quien trabaja en un taller mecánico y en sus ratos libres arregla autos en su domicilio, reconstruye la que, a su juicio, es una etapa oscura: cuando, durante la adolescencia, cometió una serie de delitos que terminaron en una condena de cuatro años, de los cuales tuvo que cumplir dos años y siete meses, en el centro de régimen cerrado Tiempo Joven, en San Bernardo. La causa: un robo con violencia.
—Eso es parte de lo que me tocó vivir. Lo bueno es que pagué por todo. Y aquí estamos.
Nacido en Santiago, llegó a Pichilemu hace seis años para internarse en el centro de rehabilitación Yo Vivo, ubicado en la zona, y tratar su consumo problemático de alcohol y cocaína. Ahí permaneció nueve meses, durante los cuales, cuenta, tuvo la posibilidad de reflexionar por primera vez de manera profunda sobre su historia de vida.
—Pude reencontrarme conmigo mismo y entender muchas cosas. Y tuve un tiempo que dediqué solo para mí, para ver qué me estaba haciendo mal.
Esa experiencia lo cambió radicalmente. Poco después, decidió establecerse en esta tranquila ciudad de alrededor de 18.000 habitantes. A partir de entonces, ha consolidado poco a poco su proceso de sanación. Pero un giro de esta naturaleza requirió mucho más que los meses que pasó en el centro de rehabilitación.
Cuando niño, Mixael vivió en casas guardadoras del ex Servicio Nacional de Menores. Durante una temporada que pasó junto a su mamá y su hermano, sufrió abusos sexuales reiterados por parte de un padrastro. Más tarde, fue derivado al hogar San Pedro del Bosque y, a medida que empezó a delinquir, al Centro de Tránsito y Diagnóstico de Pudahuel y el Centro de Internación Provisoria San Joaquín. Entremedio, se arrancaba a una caleta del río Mapocho cerca de La Vega, donde convivía con un grupo de personas adictas a la pasta base.
—Lo más fome fue crecer sin los papás, que es lo que un niño más quiere. Al fin y al cabo, no pertenecía a una familia. Sientes que estás abandonado. Creo que eso me hizo falta: que alguien me educara como correspondía. Pero no me tocó.
“Lo más fome fue crecer sin los papás, que es lo que un niño más quiere. Al fin y al cabo, no pertenecía a una familia. Sientes que estás abandonado. Creo que eso me hizo falta: que alguien me educara como correspondía”, cuenta Mixael Ortiz.
Mientras estaba privado de libertad en San Bernardo, conoció a Alejandra Michelsen, directora de la Fundación Cultural para la Reinserción Social ITACA, quien impartía talleres de terapia narrativa, orientados a “un proceso de resiliencia a partir de la introspección y la apertura de horizontes”, como los definen en la organización. Mixael descubrió en la escritura una herramienta para sanar, al menos parcialmente, sus dolores más hondos: “Sirve mucho para conocerse y desahogarse”. Escribir fue, recuerda, el primer trazo en su camino hacia la reinserción.
SENTIDO DE PERTENENCIA
Según el Sistema Nacional de Información de la Niñez y Adolescencia, el número de incorporaciones al sistema de justicia juvenil y la frecuencia de los delitos ingresados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, registros que incluyen a personas que delinquen entre los 14 y los 17 años, han mostrado un descenso importante entre 2009 y 2022: de casi 22.000 a menos de ocho mil, en el primer indicador; de 55.000 a 27.000, en el segundo.
Sin embargo, la misma fuente consigna que, a contar de 2015, los delitos violentos cometidos por adolescentes aumentaron. En 2022, 57% de los ingresos al sistema se debió a delitos de este tipo.
—En Chile, la delincuencia juvenil está cometiendo menos delitos, pero a la vez se está concentrando en delitos más violentos –resume Catalina Droppelmann, psicóloga, doctora en Criminología y directora del Centro de Estudios Justicia & Sociedad de la UC–. No estamos viendo tanto como antes a esos jóvenes que cometían delitos de manera esporádica y salían rápidamente del sistema, lo que probablemente se relaciona con una mejora en los mecanismos de protección social durante la última década. Sí tenemos, e incluso aumenta un poco, ese núcleo duro que comete delitos más violentos.
Droppelmann, quien ha hecho un seguimiento del fenómeno durante las últimas dos décadas, advierte que, si bien las bandas juveniles aún no se relacionan con el crimen organizado al nivel del resto de América Latina, exhiben, en cambio, una característica inquietante: un acceso inusitado a las armas.
—En nuestros trabajos cualitativos, comienza a aparecer un grupo adolescente que ya no habla tanto del poder de consumo. No roban, necesariamente, para ir en el auto mostrando lo que compraron. Ahora hablan del poder de fuego.
“Comienza a aparecer un grupo adolescente que ya no habla tanto del poder de consumo. No roban, necesariamente, para ir en el auto mostrando lo que compraron. Ahora hablan del poder de fuego”, afirma Catalina Droppelmann, directora del Centro de Estudios Justicia & Sociedad de la UC.
La experta agrega que formar parte de una banda delictual puede proveer a los jóvenes un sentido de pertenencia ausente en su entorno, lo que “no implica que quieran desarrollar una carrera criminal, sino que es un proyecto de vida momentáneo”. Pero, sobre las raíces del comportamiento delictual, hay más:
—La transgresión de la norma genera cierto goce psíquico –explica Droppelmann, citando Las seducciones del crimen (1988), un clásico en la materia del abogado y sociólogo estadounidense Jack Katz–. Y eso está muy presente en la infracción adolescente: hay una adrenalina asociada a la autoeficacia y el poder. Por lo tanto, salirse de la conducta delictual es un proceso doloroso. Los jóvenes tienen un apego emocional tan grande con el delito, que dejarlo atrás les genera un vacío.
La palabra como liberación. Esta ilustración de Fundación ITACA representa cómo la posibilidad de escribir permite a los jóvenes salir del presente difícil y construir otros futuros posibles. | Ilustración: María Trinidad Barros
UN DESAFÍO INTERSECTORIAL
Para evitar ese salto al vacío, en enero de este año empezó a implementarse el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El Gobierno anunció que el próximo año el organismo se extenderá al sur del país, desde el Maule hasta Magallanes, mientras que, a contar de 2026, estará disponible en las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana.
Esta nueva institucionalidad, se lee en un comunicado oficial, “incorpora un modelo de intervención especializado, nacional y vinculante, para estructurar el trabajo e intervención con foco en el sujeto de atención y con énfasis en las particularidades de cada adolescente y/o joven”. De este modo, se dará un cierre definitivo al Sename, cuestionado durante los últimos años por los numerosos casos de vulneración de derechos ocurridos a menores bajo la tutela del Estado.
Ante el desafío que supone la infracción de la ley juvenil, los expertos coinciden en que la labor intersectorial resulta clave, lo que contempla las áreas de la educación y la salud. “Se observa un 62% de jóvenes del sistema con consumo problemático de drogas y/o alcohol y un 40% de jóvenes que corresponde a un perfil con policonsumo, una mayor probabilidad de dependencia, abuso y trastornos de salud mental, además de una mayor diversidad en la cantidad de adversidades tempranas”, concluye el documento Datos en perspectiva: delincuencia juvenil, del Centro Justicia & Sociedad UC.
Además, existe consenso respecto a la necesidad de incorporar criterios de género, considerando que las mujeres constituyen apenas la décima parte del sistema de justicia juvenil, junto con presentar algunas características distintivas: una alta prevalencia en la comisión del delito de hurto, una participación frecuente en infracciones a la ley de drogas y, en general, un comportamiento menos violento que el de los hombres.
—La primera razón por la cual las mujeres adultas están privadas de libertad es por el delito de tráfico –señala Marcela Aedo, una abogada y académica de la Universidad de Valparaíso cuya línea de investigación principal es la crítica de la criminología feminista al sistema penal y su vínculo con las niñas y adolescentes infractoras–. Hay una diferencia importante en relación con el comportamiento de las adolescentes, pero me llama la atención que en estas últimas ya haya una mayor prevalencia. Eso podría indicar un comportamiento incipiente en esta conducta. En muchos casos, se explica por las trayectorias de vida, sobre todo cuando se van a convertir en jefas de hogar solteras al cuidado de un niño o una niña.
Ante el desafío que supone la infracción de la ley juvenil, los expertos coinciden en que la labor intersectorial resulta clave, lo que contempla las áreas de la educación y la salud.
Dada la dificultad de la tarea, el apoyo que prestan las organizaciones intermedias –como clubes deportivos, fundaciones y asociaciones vecinales– también es fundamental en la prevención y la rehabilitación. Se trata, eso sí, de una labor a la vez local y global. ITACA, por ejemplo, forma parte de la red de Homeboy Industries, un programa internacional de reinserción que, además de promover un proceso de sanación, busca que los jóvenes infractores se incorporen al mundo del trabajo.
—Los jóvenes privados de libertad suelen padecer un presentismo galopante, es decir, no pueden pensar más allá del día a día, porque han pasado toda la vida protegiéndose de la violencia que los rodea –plantea Lucas Costa, mediador de talleres en ITACA–. Eso genera un nivel de estrés brutal que no los deja conectar con ellos mismos. En estos contextos, la palabra produce una liberación: permite habitar otro tiempo. Por otro lado, imaginar otros mundos les resulta imposible. Necesitan instancias de vínculo profundas en las que puedan confiar en que el otro no va a usar sus palabras en su contra.
AMPLIAR LA MIRADA
Hoy, Mixael Ortiz se siente tranquilo con que su vida sea distinta a lo que fue. Ahorra para, eventualmente, comprar un terreno e instalar su propio taller mecánico. Junto a su pareja, está esperando un hijo. Y se muestra disponible a colaborar en la reinserción de otros jóvenes infractores, como lo hizo durante un año, cuando narró su experiencia a menores que asistían a los talleres de ITACA en Graneros, San Bernardo y Tiltil.
En su opinión, se necesita un cambio en el trato que reciben los jóvenes bajo tutela estatal. Quienes han estudiado el tema coinciden en este punto.
—Muchos de estos adolescentes que han cometido delitos tienen trayectorias de vida tremendamente violentadas –dice Marcela Aedo–. Así como son infractores, en general han sido vulnerados en sus derechos. Cuando ingresan al sistema de responsabilidad adolescente, solo se les mira como infractores. Me parece que es necesario ampliar esa mirada, entendiendo que también requieren ser sujetos de protección del Estado.
“Muchos de estos adolescentes que han cometido delitos tienen trayectorias de vida tremendamente violentadas”, dice Marcela
Aedo. “Así como son infractores, en general han sido vulnerados en sus derechos”.
—Hace falta que el trabajo (en las instituciones penales) no sea tanto por la plata, sino por querer ayudar a la persona a que cambie y salga adelante –reflexiona Mixael Ortiz–. Pero sé que es difícil.
—¿Qué dirías, si pudieras, al Mixael de nueve o 10 años?
—Que lo respeto. Que le doy todo mi apoyo. Que es una persona que va a cambiar la mirada sobre lo que ha vivido y va a dar vuelta la página. Y que lo amo mucho. ¿Qué más le podría decir?