Niños que migran solos

Hélène, una adolescente haitiana, cuida a su hijo en un hogar para menores de Valparaíso, mientras su madre, con quien no mantiene contacto, intenta ganarse la vida en Estados Unidos. Aníbal, proveniente de Ecuador, pasó su undécimo cumpleaños en una residencia de La Serena: su mamá, el único adulto con que cuenta en Chile, atiende a una persona mayor puertas adentro. Julia, de un año y medio, da sus primeros pasos en una institución cuidadora de Temuco, a más de tres mil kilómetros de su natal Bolivia, debido a que su abuela está privada de libertad por transgredir la ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas.

Hélène no se llama Hélène. Aníbal no se llama Aníbal. Julia no se llama Julia. Todo lo demás es rigurosamente cierto. Los tres constituyen una muestra de los 174 casos de menores que migraron a Chile sin un adulto o que fueron separados de sus familiares hasta fines de 2024, de acuerdo con un documento de la Corte Suprema fechado en diciembre.

Sin embargo, podrían ser más: esa cifra solo corresponde a los niños, niñas y adolescentes que cuentan con una medida de protección cursándose en algún juzgado de familia. ¿Cuántos son en total? ¿Dónde están? Y sobre todo: ¿cómo viven?

–En este tema, como en otros, existe un problema en la generación de información oficial por parte de los órganos del Estado –dice Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Chile, quien admite–: Amnistía no cuenta con cifras fidedignas al respecto.

La opacidad de los registros se debe, entre otros motivos, a que algunos menores han entrado al país por pasos no habilitados y se han mantenido en una situación migratoria irregular. Esto último, a su vez, los induce a evitar el contacto con aquellas instituciones que, según ellos o sus cercanos, podrían expulsarlos.

–Hay una desprotección judicial y un desconocimiento increíble –advierte Fabiola Vásquez, asesora jurídica del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), que apoya procesos de regularización–. ¿Cuál es una de las primeras alternativas que va a tomar el Poder Judicial? Colocar al niño a disposición de una casa de menores o separarlo de algún vínculo que tenga aquí. En la mayoría de los casos de niños que vienen solos, el padre o la madre ha fallecido. O, derechamente, ya venían en una situación de desamparo.

“El valor y la riqueza de los migrantes, entendiendo toda la carga emocional, social y cultural que tiene para ellos dejar su país e incorporarse a otro que no siempre los recibe con los ‘brazos abiertos’, es parte de lo que se ha trabajado en el colegio, entendiendo que en algún momento todos somos migrantes. Lo que sucede es que algunos cruzan las fronteras”.

El asunto va más allá de la poca claridad de los números. Una presencia fuera de la órbita del Estado, afirman los expertos, aumenta la probabilidad de que se atropellen los derechos de los menores.

–Pueden ser víctimas de vulneraciones a diversos derechos humanos –dice Rodrigo Bustos–. Existe el riesgo de que sean objeto de tráfico de migrantes o del delito de trata de personas.

Olaya Grau, doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad Católica, agrega que esas vulneraciones a menudo comienzan antes de la diáspora.

–No hay que olvidar que, muchas veces, los niños, niñas y adolescentes no acompañados pueden ya estar siendo víctimas de ciertos abusos. Por lo tanto, toman la decisión de migrar de forma más insegura. Es interesante resaltar que se genera un cúmulo de vulneraciones.

Los abusos pueden llegar, incluso, a formas de esclavitud moderna. En abril pasado, un reportaje de Canal 13 reveló que una niña boliviana de ocho años, sin documentos de identidad ni registros de escolarización, llevaba a cabo trabajos de servidumbre para un matrimonio de la misma nacionalidad asentado en un campamento a orillas del río Claro, en la Región de O’Higgins. La abuela de la niña, hoy en prisión preventiva, la había vendido por 350 mil pesos, según la fiscalía de Rengo. “Esto evidencia un preocupante vacío en la protección de los derechos de la infancia migrante”, sostuvo entonces Carla Morales, diputada de Renovación Nacional por la región.

Un informe del Poder Judicial, adjunto al oficio de diciembre, establece que los países de origen son, principalmente, Venezuela, Haití, Bolivia y Colombia, con 49, 41, 38 y 19 casos, respectivamente. La diversidad de nacionalidades plantea un reto a las instituciones encargadas de dar seguimiento y solución al problema.

“Viendo que hay un montón de extranjeros en su país, cualquier persona podría preocuparse, porque el trabajo puede ser menos. Pero no creo que se deba tratar mal a la gente solo por buscar algo mejor” (Mara, 18 años).

–Los profesionales deben tener competencias interculturales –recomienda Olaya Grau–. Eso es muy importante a la hora de mirar qué intervenciones podrían ser más efectivas.

Hay indicios de que el caso de la niña esclavizada no es el único en su tipo. En febrero, el equipo televisivo que investigó la denuncia dio con una situación parecida, que correspondería a una menor haitiana de 11 años. Y, en lo inmediato, el panorama general no luce menos inquietante, en la medida de que ni siquiera se sabe cuántos niños migran solos o son separados al llegar a Chile.

“Existen temáticas en las que no se cuenta con registros”, señala una funcionaria de la sede regional de Tarapacá de la Defensoría de la Niñez. “Hay algunos datos, pero no son representativos”, dicen desde el Servicio Jesuita a Migrantes. “Es escaso el conocimiento que se tiene sobre la situación actual de la niñez en contexto de movilidad humana en Chile”, concluyó un informe de 2022 de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Colectivo Sin Fronteras. “Forma parte de los flujos migratorios de comunidades que podrían ser, a su vez, refugiadas o desplazadas, producto de la migración forzada”.

Una nueva vida

De vez en cuando, la situación se presenta más alentadora. Lo es, al menos, para los niños y jóvenes que asisten al colegio San Alberto, donde el 60% de los poco más de mil estudiantes viene de Venezuela, Haití y otros países del continente. En establecimientos como este, la acogida a los menores migrantes se traduce en iniciativas como la enseñanza del castellano a niños hablantes de kreyòl y la ayuda en la regularización de su estatus migratorio.

Sentada bajo un tragaluz en la sala de reuniones del colegio, Mara cuenta que, hasta hace un año, vivía en un barrio residencial de Lima, la capital peruana. Tras una serie de episodios personales difíciles que prefiere no recordar, decidió dejarlo todo atrás y venir a Santiago, donde vive con su hermana, su cuñado y su sobrino de nueve años. Aunque extraña a los familiares que quedaron al otro lado de la frontera, siente que, de a poco, se adapta a esta nueva etapa.

–En realidad, no estaba planeado que viniera. De un momento a otro, le pregunté a mi hermana si podía hacerlo. Quería estudiar acá. Había pasado muchas cosas allá. Me sentía abrumada. Y, a veces, muy triste.

Es una mañana fría de mediados de mayo. Afuera, los primeros transeúntes del día empiezan a circular por las calles de la población Los Nogales, en Estación Central, una de las comunas de la Región Metropolitana con mayor número de inmigrantes, según el Servicio Nacional de Migraciones. Mara, quien pidió que se la identifique así para mantener en reserva su nombre real, casi no ha cruzado los confines de esta zona, salvo para conocer el mall Costanera Center y el zoológico metropolitano. No se siente completamente segura en una ciudad que aún está por conocer.

Si se lo compara con otras historias de movilidad sin compañía adulta, el suyo es un caso privilegiado: viajó desde Perú en avión, en Chile la esperaba su familia y, asegura, no sufrió contratiempos durante el trayecto.

–Mis papás se pusieron de acuerdo… por primera vez –relata, mientras sonríe levemente–. Hicieron los papeles y hablaron con mi hermana. Fue la primera vez que subí a un avión. En el momento en que iba a abordar, mi mamá me estaba mirando y me sentí extraña. Mi decisión estuvo a punto de cambiar. Pero no podía hacerlo a última hora. Entonces, simplemente respiré y subí.

María José Maldonado, profesora de inglés y coordinadora de interculturalidad del establecimiento, explica que, entre los estudiantes que han ingresado al país sin un adulto, un desafío se impone con frecuencia: la desmotivación como consecuencia del desarraigo. Y añade:

–A la larga, muchas veces estos estudiantes terminan volviendo a su país.

No es lo que Mara espera para ella. Con 18 años, que cumplió pocos días antes de esta entrevista, proyecta una vida en Chile. Sueña con ser fonoaudióloga o trabajadora social.

–Me imagino viviendo acá. No está en mis planes regresar a vivir a Perú.

Los prejuicios

Las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que, además de exponerse al atropello de sus derechos fundamentales, los menores migrantes sin compañía adulta corren otro riesgo: ser cooptados por agrupaciones al margen de la ley. Por eso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) incluye la participación en actividades ilegales entre los hechos de violencia frente a los cuales esta población es vulnerable.

No obstante, esas mismas fuentes subrayan la necesidad de evitar los prejuicios sobre la presunta tendencia a la criminalidad de los menores migrantes. De hecho, solo uno de los 174 casos reportados por el Poder Judicial está inculpado por algún ilícito. Se trata de un joven boliviano, hoy mayor de edad, imputado por el delito de robo con violencia.

–Efectivamente, existen factores de riesgo, como la ausencia de vínculos afectivos, la falta de redes de apoyo y la necesidad económica, que pueden llevar a que se acerquen a pares que no son prosociales y terminen involucrándose en actividades delictivas –dice Francisca González, coordinadora del área de estudios en infancia y adolescencia del Centro Justicia y Sociedad UC. Pero agrega–: Sin embargo, según datos del Sename, a julio de 2023 solo un 5,3% de los jóvenes infractores en Chile eran migrantes, lo cual representa una proporción baja dentro del total de adolescentes que cometen delitos en el país. Aunque es posible que existan casos no detectados o no registrados, es razonable pensar que su número es reducido.

A juicio de González, la respuesta institucional resulta clave para la prevención y la reinserción de los menores migrantes que incumplen las leyes.

–Si bien existe una vulnerabilidad real de los niños y adolescentes migrantes no acompañados frente a situaciones de abuso o captación por parte de redes delictuales, esto no significa que todos o la mayoría terminen involucrados en delitos. Es fundamental implementar estrategias de protección adecuadas para este grupo, que incluyan la derivación a instituciones competentes y procesos de intervención acordes con su realidad y contexto cultural, tanto para prevenir su exposición al delito como para brindar apoyo efectivo a aquellos que hayan infringido la ley.

“Hay una desprotección judicial y un desconocimiento increíble. ¿Cuál es una de las primeras alternativas que va a tomar el Poder Judicial? Colocar al niño a disposición de una casa de menores o separarlo de algún vínculo que tenga aquí. En la mayoría de los casos de menores que vienen solos, el padre o la madre ha fallecido. O, derechamente, ya venían en una situación de desamparo”.

Quienes trabajan con esta población apuntan a que, en ocasiones, las comunidades escolares son permeables a los estigmas contra la juventud migrante.

–Te aseguro que, con un niño chileno que tiene la misma conducta que un niño venezolano o haitiano, no se levantan las mismas denuncias –reflexiona Fabiola Vásquez, la asesora del Incami–. El propósito es, de alguna manera, hacer sentir un poco de temor: “Si te portas mal en este país, te va a pasar esto. Te van a quitar a tu hijo. O te vamos a denunciar y vas a ir a una cárcel de menores”.

Para fortuna de Mara, no parece ser el caso del colegio San Alberto. Ahí, la existencia de un departamento de interculturalidad, dependiente del área de Formación y Pastoral, representa un esfuerzo sistemático por fomentar la inclusión.

Cecilia Araya, quien dirigió el establecimiento durante cinco años, plantea:

–El valor y la riqueza de los migrantes, entendiendo toda la carga emocional, social y cultural que tiene para ellos dejar su país e incorporarse a otro que no siempre los recibe con los “brazos abiertos”, es parte de lo que se ha trabajado en el colegio, entendiendo que en algún momento todos somos migrantes. Lo que sucede es que algunos cruzan las fronteras.

"Falla sistémica"

Existe un protocolo para abordar todos estos casos. En 2021, una decena de organismos nacionales e internacionales, que van desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta la Agencia de la ONU para los Refugiados, elaboraron un documento donde se detallan, paso a paso, los procedimientos a seguir para proteger a niños, niñas y adolescentes migrantes sin compañía adulta. Ese protocolo explica conceptos como el “principio de no devolución”, que apunta a la obligatoriedad de acogerlos sin condiciones, y el “interés superior del niño”.

También fija la forma en que los funcionarios policiales deben entrevistar a los menores y el modo en que estos últimos han de ser derivados a los juzgados de familia, siempre con la prioridad puesta en sus necesidades personales. Pero en casos como el de la niña esclavizada en Rengo, las instituciones no llegaron a tiempo. “Hay una falla sistémica que tiene que ver con cómo aseguramos que las decisiones que se toman tengan en cuenta la protección de niños, niñas y adolescentes”, reconoció el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, en una entrevista radial reciente.

Por si fuera poco, abogados y activistas alertan respecto al daño que infligen los discursos políticos contra la migración, presentes en numerosas democracias occidentales. Fabiola Vásquez, del Incami, dice:

–Legalmente, nosotros batallamos de la siguiente manera: dándole a aquel que viene todos los mecanismos de ayuda para que regularice su situación y no esté en esta nebulosa.

Mara, la estudiante del colegio San Alberto, lo resume a su manera:

–Viendo que hay un montón de extranjeros en su país, cualquier persona podría preocuparse, porque el trabajo puede ser menos. Pero no creo que se deba tratar mal a la gente solo por buscar algo mejor.