Estado, donaciones, filantropía: por un sistema integral
El actual contexto de crisis ha afectado a muchas áreas de la economía que en los próximos años podrían recuperarse o empeorar. Es el caso de las artes y la cultura, la ciencia o la tecnología, entre otras actividades. En ese sentido, ¿debemos promover un Estado más fuerte, más rico, más proactivo? ¿Una sociedad civil más filantrópica y participativa? ¿Es posible una combinación en un país como Chile? Los académicos Rolf Lüders y Rodrigo Valdés nos entregan su mirada al respecto, desde sus múltiples aristas.
El rol del Estado en las ciencias y las artes, por Rolf Lüders
Chile es un país que gasta relativamente pocos recursos en las ciencias y las artes, lo que algunos atribuyen a la baja valoración social que han tenido estas actividades. Hay ciertos indicios de que la actual pandemia del covid-19 puede hacer variar en algo esta situación.
¿Perdurarán estos cambios una vez superada la pandemia? ¿Aumentará en Chile significativamente la proporción del PIB que se destinaba a las ciencias y a las artes? En los próximos párrafos y después de proporcionar algunos datos, esbozaremos un marco conceptual que permita determinar el rol del Estado y del mercado en la definición e implementación de las políticas públicas sobre la materia, claves para contestar la última pregunta.
Efectivamente, Chile gasta relativamente poco en ciencia, tecnología y las artes. El gasto es de menos de un 0,4% del PIB en materias relacionadas con la ciencia y la tecnología, siendo que el promedio de la OCDE es superior al 2% (Palabra Pública, Universidad de Chile). Según la misma fuente, su gasto relativo al PIB es incluso inferior al de Argentina, Brasil y México. En materia de la cultura y las artes, el gasto público es inferior al 0,4% del gasto público total y menos del 1 por mil del PIB.
Pues bien, es posible considerar a las ciencias, la cultura y las artes como bienes cuya producción y consumo se pueden explicar por los instrumentos estándar de la oferta y demanda, sin perjuicio de tomar en cuenta las peculiaridades de cada una de esas actividades (Heilbrun, J. y Gray C.M., 2001).
En este último sentido, el producto de la ciencia es un “bien público”, en principio de libre acceso. Por eso su oferta en una economía de libre mercado y sin Estado será (muy) inferior a la óptima, dado que todos los potenciales demandantes tratarán de ser free riders (colados). Esta “falla de mercado” se ha solucionado conceptualmente mediante el uso de dos instrumentos: las patentes y los programas de subsidios estatales. Al evaluar la implementación de los últimos hay que siempre tener presente la existencia de las inevitables ineficiencias burocráticas (fallas del Estado).
Los bienes culturales, en cambio, son “bienes privados”, es decir, si una persona consume más de ellos, otros tendrán que consumir menos. Además, a diferencia de los bienes públicos, el productor cobrará por ellos el precio competitivo y el consumidor que no quiera o no pueda pagarlos no tendrá forma de poder consumirlos. En general, estos bienes se ofrecen en forma razonablemente competitiva (no hay fallas de mercado significativas) y, sobre todo, la demanda de ellos tiene las características estándar, con elasticidades precio* (en torno a menos dos) y elasticidades ingreso normales (alrededor de uno) (Legoux, R., et al.; 2014). La oferta, en cambio, se caracteriza normalmente por estar concentrada, teniendo los trabajadores del rubro ingresos muy desiguales.
El esquema anterior implica que el Estado –uno de los instrumentos que tiene la sociedad para asignar recursos disponibles– debiera subsidiar a las ciencias en aquellos casos en que no se pueda solucionar el problema del free riding mediante patentes. En cambio, la producción y distribución de los bienes culturales y de las artes debiera realizarse utilizando principalmente el mercado, el otro instrumento de asignación disponible. Y lo anterior es lo que sucede en Chile, si bien en forma imperfecta, a pesar de las permanentes presiones existentes para aumentar, como sucede con casi todos los rubros, el gasto público en materias culturales. En efecto, reflejando lo sugerido por el marco conceptual, el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación equivale a unos cuatro presupuestos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por supuesto que juzgar si los actuales subsidios a las ciencias en Chile son los adecuados y están bien distribuidos, una tarea extremadamente compleja, excede el objetivo de este escrito.
Chile está, como prácticamente todo el mundo, sufriendo una brusca reducción de su PIB por persona como consecuencia de la pandemia del covid-19. No sabemos cuán pronto se recuperará la economía, pero no será en breve. En el intertanto, el gobierno estará financiando los subsidios a las familias y a las empresas viables que se han quedado y se quedarán, temporalmente sin ingresos, por lo que seguramente no habrá espacio para aumentar los subsidios a las ciencias. Y es muy poco probable que el cambio cultural que la pandemia está produciendo sea de tal magnitud que pueda contrarrestar el efecto negativo que la caída del producto tendrá sobre la demanda de las artes.
A más largo plazo, sin embargo, si el país retoma la senda del crecimiento, es posible ser optimista. Ese crecimiento podrá generar los espacios fiscales necesarios para implementar los subsidios óptimos a las ciencias y producirá la demanda necesaria para que florezcan las artes.
PARA LEER MÁS
- Heilbrun, J. y Gray, C.M.; The economics of art and culture, Cambridge University Press, 2001.
- Legoux R., Carrillat F., Boeuf B., and Darveau J.; “A meta-analysis of price and income elasticity in the performing arts”, presentado en la 18th International Conference on Cultural Economics, Montreal, Canadá, 2014.
¿Filantropía o Estado? Por Rodrigo Valdés
En tiempos en que en Chile se discute un nuevo contrato social, es oportuno preguntarse por el rol de la filantropía y las donaciones. ¿Qué tipo de facilidades darles? ¿Pueden sustituir el rol del Estado en algunas materias?
En principio, las donaciones –que un sujeto le entregue patrimonio a otro de manera gratuita, sin contraprestación– pueden ser un aporte para la construcción de una sociedad mejor; áreas verdes o seguridad, más educación, deporte o cultura.
Una comisión que funcionó al alero de la Universidad Adolfo Ibáñez, en 2017, sugirió aliviar las cargas procedimentales y disminuir la dispersión normativa existente. Son buenas ideas, no tiene sentido tener que consultar a abogados y contadores para este tipo de aportes, y es apropiado tener más certeza jurídica.
Además, cuesta entender la racionalidad detrás del trato diferente de personas jurídicas y naturales (si algo se debiera favorecer es la donación de la persona natural, no al revés).
Una dimensión distinta para valorar las donaciones es su potencial rol disciplinador para hacer más eficiente el trabajo de las organizaciones receptoras. Dado que estas deben atraer donaciones y esperar que se repitan en el tiempo, existe un incentivo a la transparencia, a dar cuentas. Este mecanismo podría incluso ser más intenso en donaciones que en el gasto público, debido a las presiones políticas a las que está sujeto.
Las preguntas difíciles son otras y giran en torno a qué incentivos tributarios son adecuados para las donaciones. Existen distintas alternativas para incentivarlas. La minimalista es hacer que no paguen impuestos. Otra más potente es permitir deducirlas como gasto o que se consideren como ingreso, no renta. En ese caso, el Estado deja de recaudar una parte de la donación (el ahorro de impuesto que logra el contribuyente). También se podría entregar un crédito tributario, lo que tiene la ventaja de desvincular el ahorro tributario y la tasa de impuestos de la persona.
Un primer problema, por el cual existe el impuesto a las donaciones, es el potencial mal uso de la franquicia, dado que existen maneras para evadir impuestos disfrazando transacciones como donaciones.
Incluso suponiendo que no se hiciera un mal uso de la facilidad, corresponde preguntarse qué se gana y qué se pierde al premiar esta práctica. En esto, cabe reconocer, colisionan dos consideraciones: un premio tributario podría fomentar la filantropía, pero dañar principios democráticos.
Si dar un crédito tributario produjera un aumento significativo de la filantropía, habría un mejor caso para premiarla, pero la evidencia más reciente y cuidadosa, lamentablemente para quienes quieren un mundo filantrópico construido con incentivos, sugiere que los efectos son bastante pequeños. De hecho, es común que el aumento de las donaciones sea menor que la pérdida de recaudación fiscal gatillada por la franquicia.
Del lado negativo, se da el siguiente problema. Aún si una franquicia gatillara una importante contribución filantrópica, cosa que los datos no ratifican, surge otro problema: definir quién decidirá y en qué se gastará.
Cuando el Estado recauda tributos es la democracia la encargada de resolver en qué gastar y, si esta funciona bien, las preferencias de los ciudadanos dictarán la pauta. Con las donaciones, esa misma recaudación está en manos de un privado que decidirá en qué se gasta. Es un esquema que promueve las donaciones y también que las personas de más recursos puedan tener más influencia en qué se gasta una parte del presupuesto nacional. En suma, si bien sería absurdo dificultar la filantropía, hay dilemas nada triviales. No por nada hay países desarrollados que entregan cero (o mínimos) beneficios a las donaciones. Porque una persona tiene derecho a elegir qué causa quiere financiar con su dinero, pero no es evidente que tenga el derecho a decidirlo con el dinero de todos. Eso es algo que, probablemente, sea mejor definir en las urnas.
