Brecha digital en Chile: aun falta por democratizar la red
La brecha digital sigue presente en el país. El acceso a redes sociales se ha masificado de manera transversal. Sin embargo, cuando pensamos en conceptos más complejos como el acceso a trámites del Estado o la protección de sus datos personales, el tema se vuelve desigual. Esto representa un problema para implementar el Big Data, que requiere que tanto instituciones como individuos estén conectados y afianzados en la mecánica de internet. Las cifras indican que Chile todavía no está preparado.
Casi sin cuestionamientos, el ciudadano contribuyente “sabe” que en el mes de abril de cada año se inicia la “Operación Renta”. También “sabe” que puede realizar el trámite a través de internet y, aunque el uso de una página web no sea lo habitual en su trabajo o actividad, “sabe” que logrará hacer su declaración de todas formas.
Estas son las cosas que se han ido naturalizando en nuestra sociedad. Hasta hace quince años, era impensado que muchas de las diligencias que debíamos hacer de forma presencial pudieran prescindir de nuestro traslado de un lugar a otro. Pagar las cuentas, descargar certificados, hacer una reserva de hotel, hasta comprar vestuario es posible desde la comodidad de un escritorio o desde un celular.
¿Es este el auge digital del que todo el mundo habla?, pues sí, pero lo que ahora nos parece casi evidente no ha estado exento de dificultades y dudas. Es más, nos está enfrentando a nuevos desafíos de los cuales tenemos que hacernos cargo como sociedad.
Porcentaje de usuarios de internet. El último informe de País Digital muestra que el año 2016 casi un 71% de la población en Chile se declaró usuaria de internet. Esta cifra duplica la cantidad en diez años. Sin embargo, es recomendable analizar lo que esconden esos números.
EL NUEVO ROSTRO DE LA DESIGUALDAD
Siguiendo los datos del último estudio País Digital 2017, al año 2016 casi el 71% de la población en Chile se declaró usuaria de internet, más que duplicando la cantidad en diez años (34,5% en 2006). Esto parece una buena noticia para la digitalización del país, pero siempre es recomendable mirar qué es lo que esconden estos promedios.
Precisamente al realizar un acercamiento sobre este dato, las diferencias no están ancladas solo a características del ciclo de vida de los individuos –como la edad–, sino que también se observan según ingresos y nivel de instrucción. El año 2015, el 45,4% del decil de ingreso más pobre se declaró usuario de internet, aumentando en 9 puntos porcentuales si se le compara con los datos del año 2011. No obstante, este incremento no logra nivelar al grupo más pobre del país con el más rico: en el último decil, el uso de internet sobrepasa el 92% para el año 2015.
Comparando a las personas según nivel educativo se da un escenario similar. Quienes tienen baja instrucción formal, ya sea enseñanza básica incompleta o completa, menos de un 50% es usuario de internet, mientras que en el nivel técnico profesional el uso sobrepasa el 94%. Esto indica que las personas con mayor nivel educativo tienen, en proporción, mayor acceso a la red si se les compara con las de menor nivel educativo.
Esto es, en parte, a lo que nos referimos cuando hablamos de brecha digital, pues solo estamos mirando el uso general de internet. Cuando pensamos en conceptos más complejos como la alfabetización digital, los números se vuelven más críticos. Y es que esta contempla la digital literacy, que va más allá del uso de internet, puesto que busca el desarrollo de competencias básicas en la producción de contenido digital a través de las distintas plataformas disponibles.
Es aquí donde los números no acompañan a la realidad chilena: según datos generales de la VIII Encuesta de Acceso, Usos y Usuarios de Internet del año 2017, las actividades más desarrolladas por los internautas están asociadas con la comunicación, como el uso de redes sociales (71% lo realiza), chatear por WhatsApp (81%) y enviar o escribir correos electrónicos (63%). En cuanto a la adquisición de información, el 45% usa internet para realizar tareas o informes relacionados con el estudio y un 42% lo hace para realizar trabajos o informes relacionados con su actividad laboral.
Por otra parte, el e-government o trato con organismos del Estado no logra superar el 18%, así como el e-commerce o comercio electrónico solo llega al 30%, impulsado por los trámites que se pueden realizar en la banca.
Se podría pensar que la falta de acceso a la red repercutiría en los usos diferenciados, lo cual tiene bastante sentido. Lo que no es esperable es que, incluso con la posibilidad de desarrollar estas actividades, estas se vean segmentadas según otras características del individuo como el nivel de ingresos. Es así que en los grupos de ingreso más bajo, el porcentaje de personas que utiliza internet para enviar o recibir correos electrónicos es veinte puntos porcentuales menor que en el grupo de mayores ingresos. Esto se repite en usos como realizar pagos en línea, ya sea para organismos del Estado como para la provisión de servicios básicos.
¿Avanza la Agenda 2020?
De 63 medidas, 23 están cumplidas. En 2016 nació la Agenda 2020 como una hoja de ruta para impulsar el desarrollo digital del país. En su construcción participaron representantes de instituciones públicas, del sector privado, la academia y la sociedad civil. Se estructura en cinco ejes con lineamientos estratégicos que dan origen a 63 medidas.
Los cinco ejes son: Derechos para el Desarrollo Digital, que implica adecuar la normativa, Conectividad, para masificar el acceso digital de calidad; Gobierno, relacionado con los servicios en línea del Estado; Economía, para fomentar el desarrollo de la economía digital, y Competencias, para mejorar la calidad de la educación con tecnologías digitales y abrir oportunidades laborales en la era digital.
El seguimiento de la Agenda 2020 muestra que, a 18 de junio de 2018, de las 63 medidas, 23 están cumplidas y 40 en proceso. El eje con mayor progreso es Conectividad, con 92% de avance, seguido de Economía, con 85%, y Gobierno, con 81%. Derechos para el Desarrollo ha logrado un 74% y Competencias un 69%.
EXPUESTOS Y VULNERABLES
¿Qué es, entonces, lo que se ha “democratizado” en cuanto al uso de internet? En el área de las comunicaciones y las redes sociales está la respuesta a esta pregunta: no se observan diferencias por nivel de ingreso o educación a la hora de utilizar Facebook o WhatsApp. Las personas han visto en las redes sociales una fórmula para integrarse a la vorágine digital, aunque esto no signifique mayor conocimiento sobre su funcionamiento y sus riesgos asociados.
En este último punto, es importante poner atención sobre temáticas emergentes como el uso de datos, la privacidad y los riesgos potenciales. Son pocas las personas que implementan medidas de seguridad en internet. La misma VIII Encuesta de Acceso, Usos y Usuarios de Internet (2017) indica que un bajo porcentaje de individuos usa alguna estrategia de seguridad y control en torno a la privacidad: un 40% borra el historial de navegación y un 42% cambia los ajustes de privacidad en una red social. ¿Este nivel de exposición puede tener consecuencias negativas? Por supuesto que sí. Independientemente de la atribución de responsabilidades, la interacción con internet no es inocua y tiene efectos, a veces indeseados, en nuestras rutinas y la sociedad en su conjunto.
El cuestionamiento hacia la privacidad y el control es un tema tan incipiente en Chile, que no se le ha tomado realmente en serio. Si queremos seguir avanzando en la materia, la “nueva” alfabetización digital debe ir acompañada de un entorno que sea transparente para todas las personas, y no solo para el más educado y con más ingresos. Las posibilidades están, y los datos señalan que estamos cada vez más cerca de una cobertura universal.
Por otro lado, las iniciativas gubernamentales y privadas en esta materia han buscado ser un aporte en masificar no solo las posibilidades del usuario de interactuar con la red, sino que también de vincular a las instituciones con los ciudadanos. Desde el antiguo programa Gobierno Electrónico a inicios del año 2000 hasta la actual Agenda Digital 2020, se ha acentuado la responsabilidad de las instituciones de hacerse disponibles y receptivas para los ciudadanos.
Este ha sido un camino complejo y lento. Y es así como las brechas no solo se encuentran al nivel de las personas, sino que también de las instituciones: hay instituciones que dentro del Programa de Modernización del Estado han podido apostar por la Agenda Digital; no obstante, la falta de recursos o los procesos de excesiva burocratización han impedido que todas las instituciones del Estado puedan subirse al carro, retrasando la meta pactada para el 2020, donde se esperaba que todos los trámites de usuarios pudieran ser realizados de forma digital.
¿En qué nos deja este diagnóstico? En un escenario donde hay más desafíos de los que se piensa. La implementación del Big Data requiere tanto de instituciones como de individuos conectados y afianzados en la mecánica digital. También se necesitan recursos de inversión para la simplificación de procesos que apunten a una mejora sustancial en el manejo de la información. Las iniciativas actuales se han basado en la búsqueda de una eficiencia individual y no en un conglomerado centralizado de datos, cuya disponibilidad sea aprovechada por todos. Si tuviéramos que hacer un símil sería como ver un conjunto de islas donde cada grupo se observa a sí mismo y desarrolla sus estrategias para funcionar de la mejor forma posible.