Desastres naturales: una nación que resiste

Chile es considerado uno de los países más expuestos a amenazas de origen natural, con un 54% de su población y el 12,9% de su territorio (M. Dilley et al., 2015). De acuerdo al World Risk Report (K. Radtke, editor, 2018), esto nos posiciona en el decimocuarto lugar a nivel mundial en términos de exposición. Sin embargo, si consideramos el ranking de riesgo en  el mismo reporte Chile baja al vigésimo octavo lugar. ¿Cómo se explica esta diferencia? Porque un desastre no depende solo de una amenaza natural, sino mayormente de la existencia de una población vulnerable, tanto socialmente como en términos de su infraestructura e instituciones.

Lo anterior tiene raíces históricas y está asociado principalmente a nuestra experiencia sísmica. Desde la perspectiva institucional, el Estado chileno ha sabido reponerse luego de cada gran catástrofe nacional, desarrollando políticas públicas, regulaciones e instituciones, que nos han permitido aprender de lo vivido y anticiparnos a futuros eventos.

Dentro de esta historia, cabe destacar la fundación del Centro Sismológico Nacional en 1907, la creación de la CORFO en 1939 y la ONEMI, existente desde 1964. En términos de infraestructura, cada gran desastre ha significado una fuerte inversión en reconstruir lo perdido, pero también en avanzar hacia generar mayores estándares.

La primera Ordenanza General de Construcciones fue promulgada luego del terremoto de 1928, demostrando su eficacia en el terremoto de 1939 y siendo revisada continuamente luego de cada evento mayor. Asimismo, los planes reguladores son exigidos a las municipalidades a partir de 1939, lo que obligó a repensar Chillán y varias ciudades de Ñuble.

Estos nuevos estándares también han sido muchas veces acompañados de mayor inversión en infraestructura. Por ejemplo, luego del mencionado terremoto de 1939, se contabilizó como destruidos más de mil kilómetros de vías públicas en Chile. Sin embargo, para 1944 ya se habían construido 6.543 kilómetros nuevos como parte del programa de reconstrucción. Similarmente, en 1960 fueron destruidos casi mil kilómetros de caminos, lo que fue enfrentado con un ambicioso plan de pavimentación que permitió construir 6.456 kilómetros nuevos de caminos hacia 1966 (Braun et al., 2000). De este modo, podemos decir que los grandes desastres de la historia de Chile han sido un factor importante en el desarrollo de nuestra institucionalidad, así como también de una infraestructura resiliente.

Sin embargo, es mucho todavía lo que podemos hacer para gestionar  y mitigar el riesgo de desastre, y los costos asociados en vidas e infraestructura. De hecho, solo considerando los últimos diez años, nuestro país ha sido afectado por cinco erupciones volcánicas, cuatro terremotos de alto impacto, tres incendios forestales con  impacto en zonas urbanas y dos aluviones altamente catastróficos (de la Llera, Juan Carlos, et al., 2018). Estos eventos han implicado un costo anual promedio aproximado de US$ 950 millones para el país, lo que equivale a un 37,5% del total de la inversión anual del Ministerio de Obras Públicas en los últimos nueve años (ONEMI, 2017).

Para enfrentar este desafío se necesita avanzar en varios frentes. Entre los más relevantes se encuentran, sin duda, resolver la nueva institucionalidad de la ONEMI (en discusión legislativa desde 2010); la inclusión de los mapas de amenaza y riesgo generados por Sernageomin en los planes reguladores comunales y, finalmente, incorporar crecientemente la Metodología Complementaria para la Evaluación de Riesgo de Desastres de Proyectos de  Infraestructura Pública (ONEMI) en los grandes y pequeños proyectos. Solo así podremos prepararnos para un futuro en que los eventos naturales extremos serán cada vez más relevantes, debido principalmente a las consecuencias del cambio climático (“Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030”, UNISDR, 2015)