Chile, la desigualdad que persiste

La  desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas.

Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.

Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que a todos nos distinguen como personas.

Disparidad salarial

Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo.

En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados.

Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas que impactaron sobre la desigualdad de ingresos. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos (figura 1). Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 2). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país.

En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.48 en la medición más reciente disponible para Chile (2015) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2).

De acuerdo a la última encuesta CASEN del año 2015, el 10% más rico de los hogares obtiene un 33,4% del ingreso monetario, mientras el 10% más pobre un 2,1%, con ingresos promedios de $2.870.000 y $179.000, respectivamente. La caída de la desigualdad de ingresos en este período se explica, principalmente, por las mayores transferencias monetarias a grupos vulnerables y el aumento en el número de técnicos y profesionales, lo que amplió el segmento de clase media acomodada y moderó el crecimiento de los salarios en la parte media alta de la distribución, proceso que opera con mayor fuerza en las cohortes jóvenes (Sapelli, Claudio, Chile ¿más equitativo? Una mirada a la dinámica social del Chile de ayer, hoy y mañana).

Debe tenerse en cuenta que las mediciones de la desigualdad monetaria basadas en encuestas a hogares no capturan bien los salarios más altos, porque estos se subdeclaran y, además, las entradas de utilidades figuran como inversión en las empresas. Al tomar en cuenta estos factores, se observa que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en el 2013 fue captado por el 1% más rico, esto de acuerdo a una investigación del Banco Mundial (“Chile: efectos distributivos de la reforma tributaria de 2014”) que accedió a los registros tributarios de personas y empresas.

La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.

Un desafío ético

Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero.

Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico.

La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Por tanto, la sociedad tiene responsabilidad en que todos tengan una vida digna.

Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos.

Movilidad social

La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida (conocida por los expertos como movilidad social relativa) o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Pero uno de los problemas de esta problemática es su persistencia (movilidad social absoluta).

Los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a mostrar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen.

Traba al desarrollo económico

Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación. Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población.

Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas.

Tareas pendientes

Por todo lo anterior, hay razones suficientes para afirmar que Chile debiera hacer un esfuerzo serio para reducir las diferencias en las próximas décadas. ¿Por dónde podemos avanzar? De estudios recientes se derivan algunos lineamientos a tener en cuenta. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo.

Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos.

Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respecto, y por los valores de justicia y solidaridad social.

Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario.