El llamado de los pueblos originarios

Si bien el  Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en Chile en 2002, reveló que un 4,6% de la población se declaraba perteneciente a un pueblo originario, la cifra registrada en el proceso abreviado de 2017 (ver resultados) casi se triplicó: 2.185.792 personas, correspondiente a un 12,8% de los chilenos. Este crecimiento significativo de la adscripción indígena tendría que ver, en parte, con el cambio de la pregunta realizada en la encuesta. Inicialmente se consultó por la condición de indígena, en cambio, en 2017 se optó por la autoidentificación (“¿Pertenece usted a…?”, en 2002, y “¿Se considera perteneciente a…?”, en 2017).

A su vez, el aumento en los últimos años del reconocimiento del Estado y de la sociedad a los pueblos originarios; las firmas de convenios internacionales –OIT 169, Derechos Indígenas de Naciones Unidas–; la nueva Ley Indígena; la instalación de la CONADI y, especialmente, el cambio cultural de los chilenos en términos de reparación y visibilización de lo indígena, explican este incremento tan relevante.

Los estudios también muestran que los tres pueblos originarios con mayor porcentaje de presencia en el territorio nacional son los mapuche, aymaras y diaguitas. Según el Censo de 2017, los primeros representan el 79,8% del total identificado como indígena en Chile.

El escenario anterior desafía a los chilenos a avanzar en estas materias, tanto desde una perspectiva política como del aporte a la riqueza cultural y de convivencia nacional que pueden brindar. Todo ello en un plano de apertura a la diversidad y a los más recientes retos que propone la interculturalidad.

VIVOS Y ACTIVOS

A inicios de la década de los 90, tanto en Chile como en otros países de la región y en el marco del cumplimiento de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, diversas organizaciones indígenas se movilizaron como opositoras a las actividades de conmemoración y celebración bajo lemas como “500 años de resistencia”, cristalizando una etapa de fuertes reivindicaciones políticas asociadas a los derechos indígenas emergentes.

Este periodo fue fundamental para la promulgación en 1989 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y en las reformas constitucionales de diversos países latinoamericanos, que los consideraron como culturas preexistentes o parte constituyente de estos.

En el caso de Chile, a pesar de la participación activa de las organizaciones indígenas, el reconocimiento constitucional no se ha realizado hasta hoy y la ratificación del Convenio 169 de la OIT fue tardía, pues recién se concretó en 2008 y entró en vigencia en 2009.

Sin embargo, desde 1990 se han realizado cambios plasmados, en un primer momento, en la dictación de la ley indígena 19.253 de 1993. La normativa considera un total de nueve pueblos indígenas y el concepto de etnia –término parcialmente corregido por el de pueblos originarios– introducido por la Ley 20.249 de 2008 y por el propio Convenio 169. Los reconocidos inicialmente son: mapuche, aimara, rapa nui, atacameño, quechua, colla, kawésqar y yagán, a los que posteriormente se sumó en 2006 el pueblo diaguita. Actualmente (2018) se discute en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca el reconocimiento del pueblo chango, que se creía extinto.

Asimismo, la ley indígena creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a partir de la cual se generaron diversas acciones que, poco a poco, fueron permeando diferentes instancias gubernamentales.

Sin embargo, todo lo anterior no significó la superación de los conflictos originados en Chile por el proceso de conquista e instalación de un proyecto nacional homogeneizante. Si bien la visión indigenista, de sesgo asimilacionista (modelo social que propone una uniformidad cultural), de los años 50, 60 y 70 dio paso a proyectos políticos que, a partir de los 90, han buscado instalar un nuevo trato hacia los pueblos indígenas. Estas iniciativas han tenido una penetración social y éxito discutibles, ya que las tensiones se han mantenido y reformulado ante nuevas dinámicas económicas, sociales y culturales.

Tal como reseñan los datos del Censo, la población indígena está plenamente activa y presente, con sus identidades diferenciadas de la nacional, lo que sin duda no está exento de conflictos latentes o explícitos en diversas zonas del país. El más visible se relaciona con el territorio centro-sur y, en particular, al sector comprendido por el sur de la Región del Biobío, la Región de La Araucanía y la Región de Los Ríos. En este espacio se desarrolla en gran parte el denominado conflicto mapuche.

Esta disputa encuentra sus raíces en la reivindicación territorial de algunos sectores que han sufrido procesos históricos de usurpación, degradación de tierras, presencia de empresas extractivas-forestales e hidroeléctricas, con megaproyectos públicos que impactan en diversos ámbitos de la vida cotidiana de la población originaria y también con elementos religiosos.

Así, el conflicto mapuche se manifiesta públicamente con diversas caras: hechos de violencia relacionados con demandas a la propiedad por problemas de tierras entre comuneros mapuches y particulares, ataques incendiarios a maquinarias forestales y a templos católicos y evangélicos, entre otros.

En este escenario, el Estado se ha enfocado en materias de seguridad, potenciando su fuerza policial, labores de inteligencia y persecución criminal, manteniendo una estrategia zigzagueante con respecto a la aplicación de la ley antiterrorista. Lo anterior no ha logrado la instalación de procesos de diálogo y negociación eficaces para las partes involucradas, que les permitan acomodarse a ese contexto complejo por su larga historia de tensiones.

CAMINO RECORRIDO

En las últimas tres décadas, las políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas han sufrido diversas transformaciones. Uno de estos esfuerzos fue el Programa Multifase de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas llamado Programa Orígenes, que se inició en 2001 y contó con una vasta inversión pública y recursos del BID. Además de incorporar a diversas instituciones estatales, fortaleció otras como educación y salud. La iniciativa no estuvo exenta de observaciones y para muchos careció de impacto social.

En 1996 se inició el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que en un comienzo estaba condicionado a escuelas ubicadas en sectores de alta concentración indígena, orientado a entregar contenidos culturales y cursos específicos. A través del Decreto 280 que crea el sector de lengua indígena en 2009, se inició un proceso orientado a fortalecer la enseñanza de la lengua propia en las escuelas básicas que cuentan con un porcentaje mayor al 20% de estudiantes que se identifican como indígenas. La enseñanza es impartida principalmente por educadores tradicionales (sabios indígenas en el conocimiento ancestral de su pueblo) en diversos establecimientos del país y programas de este tipo en educación parvularia.

Asimismo, a fines de 2014 se creó la Secretaría de Educación Intercultural Indígena (SEII) dentro del Ministerio de Educación, la cual busca hacer transversal la interculturalidad, o bien otorgarle una orientación para todos, más allá de los propios pueblos originarios. En este contexto, para el año 2020 se discute la posibilidad de incorporar a la enseñanza general una asignatura obligatoria en cultura de pueblos originarios.

Desde los años 90 en adelante también se ha avanzado en materias de salud, con diversas acciones agrupadas en el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, dispuestas en zonas con un alto porcentaje de población indígena. Módulos de salud y construcción de hospitales interculturales, infraestructura para atención de la medicina indígena por agentes propios, son algunas de las iniciativas más conocidas.

En el marco del Programa Orígenes se generaron también acciones para agregar la variable cultural en el ámbito productivo, especialmente en INDAP. Esto llevó a implementar en 2009 el Programa de Desarrollo Territorial indígena (PDTI), en diversas comunas del país con población rural. En 2017 se aprobaron normas técnicas y procedimientos que incorporaron con mayor fuerza la variable participativa y cultural indígena en las políticas productivas, tomando como base el Convenio 169 de la OIT.

A nivel municipal, en diversas regiones operan las oficinas de asuntos indígenas orientadas a apoyar y coordinar acciones municipales específicas en el área de los pueblos originarios. Sus funcionarios son indígenas (la mayoría de las veces) y claves en la instalación de políticas interculturales o indígenas locales.

Relevante ha sido el rol de la Consulta Indígena, desarrollada bajo el mismo Convenio 169, en la discusión de diversas políticas públicas y también en la evaluación ambiental de proyectos de inversión, susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas.

Si bien la implementación del proceso no ha sido homogénea y existen críticas respecto de los estándares que se han observado en algunos casos, no cabe duda que ha cambiado la dinámica de las relaciones entre el Estado, los pueblos indígenas y los privados. Destaca, por ejemplo, el rol de la consulta en la reciente creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde la palabra “culturas” en plural muestra el resultado de este esfuerzo conjunto.

Otro tema crucial son las iniciativas de organizaciones, profesores e intelectuales mapuches en la revitalización y promoción de la cooficialización de la lengua mapudungún en la Región de la Araucanía. Gran relevancia ha cobrado también en los últimos años el turismo indígena como una alternativa de desarrollo económico y de reivindicación política en diferentes territorios del país, por medio de procesos de patrimonialización.

El reconocimiento actual que existe de los pueblos indígenas demuestra que en Chile es posible rescatar y fortalecer las potencialidades de vivir en diversidad, situación ineludible y urgente para el proyecto país.

DIÁLOGO Y RECONOCIMIENTO

Es posible afirmar que, en diversas instancias gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, se han generado formas de coordinación que abordan el tema indígena, lo que se conoce como transversalización de la interculturalidad. Este esfuerzo no ha estado libre de conflictos, sobre todo por la diversidad cultural y organización política que se evidencia en diversos territorios indígenas.

Por un lado, algunos sectores de la población apuntan a la necesidad de generar una política que no solo busque la inclusión, sino que propenda a generar espacios de encuentro intercultural para todos los chilenos, y que avance hacia dinámicas transformadoras de las relaciones desiguales y discriminatorias que aún persisten en la sociedad. Por otra parte, la interculturalidad como principio activo también ha sido objeto de críticas por algunas fracciones indígenas, pues se le acusa de ser una forma más que ha tenido el Estado de invisibilizar o postergar la verdadera agenda temática.

Es necesario entonces abordar la problemática desde una perspectiva política y de derechos indígenas, considerando el marco internacional y la coyuntura nacional. En la actualidad, el escenario es propicio ya que existe consenso político transversal para avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, aunque falta diálogo para consensuar el contenido específico que este debería tener.

Dos proyectos de ley se discuten en el Congreso Nacional que buscan reestructurar en forma relevante la institucionalidad pública, creando un Ministerio de Pueblos Indígenas y consejos representativos de cada uno de ellos, más un consejo nacional que los incluya a todos. Estos esfuerzos tienen el desafío de superar los déficits de la actual institucionalidad y generar un diálogo cualitativamente mejor entre el Estado y los pueblos indígenas.

En materia de tierras, asimismo, se insinúa un debate dirigido a atenuar las severas restricciones al dominio indígena que establece la ley actual, sin por ello afectar el criterio de protección avalado por una proporción creciente de la opinión pública indígena. Otro tanto ocurre con los mecanismos de ampliación territorial y en particular con la compra de tierras con recursos de la Conadi.

Por último, se vislumbra la posibilidad de modificar la regulación de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) a fin de transformarlas en espacios territoriales relevantes para la preservación de las identidades indígenas. Algo similar ocurre con la participación de los pueblos en la administración de las áreas silvestres protegidas, constituyendo el Parque Nacional Rapa Nui y su concesión por Bienes Nacionales a la Comunidad Ma’u Henua una novedosa e interesante experiencia en esta materia.

La alfarera. Elena Tito fue reconocida Tesoro Humano Vivo en el año 2013 por desarrollar la alfarería tradicional atacameña. Esta denominación es la instancia oficial que el Estado chileno otorga a comunidades, grupos y personas que son destacados por los significativos aportes al patrimonio cultura inmaterial.