La inclusión en la educación superior chilena

Las prácticas de exclusión son invisibles hasta que las comunidades cuestionan el orden considerado como natural y están dispuestas a transformarlo. Y es que el concepto de inclusión solo se entiende desde su antónimo. En la historia de la Humanidad han existido exclusiones naturalizadas, ya sea por razones de raza, sexo, nacionalidad, origen social, discapacidad, religión, ideas políticas, lo que hace que la transformación de comunidades inclusivas sea importante.

Sin embargo, lo que nos convoca en este artículo es la historia progresiva de las prácticas de inclusión en las universidades chilenas. Además, nos atreveremos a sugerir cómo será esta evolución aventurándonos en 50 años más.

HACER VISIBLES A LOS INVISIBLES: TRAYECTORIA DE LA LEGISLACIÓN

A principios de los años 60, el sistema universitario chileno tenía una admisión basada en el bachillerato (prueba escrita de selección) y una composición estudiantil bastante homogénea. Si bien las mujeres ya habían ganado su derecho a ser admitidas, el acceso seguía siendo mayoritariamente masculino.

La Universidad de Chile y sus sedes mostraban una mayor heterogeneidad social que la UC, la que seguía siendo una institución reservada a las clases más acomodadas. La universidad era el lugar de las mentes más privilegiadas, la elite intelectual. Personas con discapacidad sensorial eran excluidas naturalmente. Estudiantes con bajo rendimiento en pruebas de selección, a causa de menores oportunidades académicas, no eran considerados.

No sabemos con certeza desde cuándo el sistema universitario chileno comenzó a aceptar alumnos con discapacidad sensorial, pero sí tenemos claridad que desde los años 80 eran aceptados en contadas carreras de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Desde 1991 se inauguró en la UC una vía de admisión especial para estudiantes con discapacidad sensorial (visual o auditiva) o motora, y numerosas carreras comenzaron a recibir a alumnos ciegos, sordos y con discapacidad motora.

La legislación sobre inclusión ha tenido avances mayores en la educación escolar que en la superior (ES), posiblemente por consideración al principio de autonomía universitaria. También ha ido avanzando de la mano de movimientos sociales que han reclamado una sociedad más igualitaria. Ejemplos de ello han sido la Ley General de Educación de 2009, resultado del “movimiento pingüino” de 2006 o las protestas estudiantiles de 2011, que desencadenaron la Ley de Inclusión Escolar de 2015.

La posibilidad de legislar sobre esta temática nació en el contexto de las campañas presidenciales de 2013. Así, la administración Bachelet (2014-2018) consiguió aprobar para todo el sistema la Ley 21.091 de ES, y para las universidades del Estado la Ley 21.094. Esto permitió dar un salto que llevó a las universidades a incorporar y fortalecer estrategias inclusivas.

Se planteó una promoción proactiva de la inclusión de estudiantes, a través de la eliminación y prohibición de la discriminación arbitraria. Lo anterior permitió ajustes razonables para el caso de personas con discapacidad, en contextos de respeto y promoción de los derechos humanos, que prioricen los principios de pluralismo, participación, libertad académica e interculturalidad.

Por otro lado, estableció que se deberá contar con programas especiales para fomentar la equidad en el acceso bajo los principios de no discriminación arbitraria, transparencia, objetividad y accesibilidad universal. Y afirmó que corresponde al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad “el desarrollo de políticas que promuevan la calidad, pertinencia, articulación, inclusión y equidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de Educación Superior” (art. 81). Cabe destacar que, hasta ese momento estos temas no aparecían en la normativa sobre aseguramiento de la calidad de la ES.

La Ley de Universidades Estatales, por su parte, reconoce el respeto a los pueblos originarios y, entre otros principios, el pluralismo, el respeto a toda expresión religiosa, la libertad de pensamiento y expresión, participación, no discriminación, igualdad de género, tolerancia, valoración y fomento del mérito, inclusión y solidaridad.

De esta forma, se han ido generando acciones institucionales para el reconocimiento de grupos históricamente invisibilizados. Hoy el desafío es avanzar desde políticas segmentadas, que respondan a acciones de reivindicación de grupos que trabajan por separado en diferentes momentos históricos (mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad, migrantes, entre otros) hacia políticas interseccionales.

AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES

Actualmente, las universidades se están responsabilizando por su capacidad de tomar acciones críticas frente a las inequidades y plantear una nueva forma de abordar la diversidad, por lo que es clave orientar las políticas institucionales hacia una política que aborde la diferencia.

Un ejemplo de esto es la creación de la Dirección de Inclusión en la UC, a fines de 2014, cuya misión es articular las acciones proinclusión existentes y proponer otras nuevas. No solo se trata de becas o acciones afirmativas, sino que la institución se ve desafiada a repensar lo realizado hasta ahora –fundamentalmente referido a apoyos económicos y admisión– y ampliar las oportunidades respondiendo a otras desigualdades, así como considerando apoyos para la permanencia y titulación de todos.

Así, se consideran vías de admisión para estudiantes de contextos académicamente desaventajados, con discapacidad, migrantes y de pueblos originarios; y acciones de vinculación, inserción, diagnóstico y nivelación, junto con acompañamientos, adecuaciones curriculares y trayectorias académicas diferenciadas.

Aun cuando las acciones parecen ir por buen camino, surgen nuevos grupos que levantan la voz y movilizan cambios en la estructura institucional, como la reciente consideración de las experiencias y necesidades de los estudiantes transgénero.

¿HACIA DÓNDE DEBIERAN EVOLUCIONAR LAS UNIVERSIDADES?

No cabe duda que el acontecimiento más relevante en estos 50 años han sido las tecnologías, que han revolucionado cómo se genera y transmite el conocimiento; cómo se organiza la investigación y la docencia y cómo los estudiantes construyen el conocimiento. Abrámonos a imaginar lo que podría pasar con tecnologías de una proporción y magnitud aún más sofisticadas, en un contexto cultural en el que todos puedan trazar sus caminos. En un escenario que ha cuestionado los límites y formas de participación universitaria y se abre a otras posibilidades.

En ese caso podríamos esperar una institución que sea aún más diversa: ofreciendo un espacio para que las personas con mayor dificultad tengan más soporte. Abierto incluso a personas con limitaciones intelectuales u otras discapacidades, hoy excluidas.

La tecnología podrá facilitar prótesis cognitivas (por ejemplo, dispositivos con tecnología que combina seguimiento y control ocular con la generación de voz) que favorecerán que más personas puedan seguir diferentes formatos de formación universitaria. Las casas de estudio podrían ser lugares que reciban a alumnos de tercera, cuarta y quinta edad, con sistemas de entrada abiertos a quien necesite o desee actualizar competencias en algún ámbito específico, o que quieran aportar a la investigación desde su experiencia. Una institución cuya infraestructura tecnológica facilite la participación de estudiantes de diferentes lenguas y desde cualquier parte del mundo.

Esperaríamos una universidad que se inserte de otro modo en el quehacer de la sociedad. Con la tecnología sería posible una detección más rápida de los avances de la investigación, y una aplicación mayor en la toma de decisiones. Así, las fronteras entre las aulas y la sociedad serían más difusas y el conocimiento más democrático.

Imaginamos una institución que se piensa y opera para todos, cuyo rol central será la certificación de logros de estándares y títulos, y que ofrezca trayectorias diversas, diferentes objetivos a alcanzar, con más oportunidades de demostrarlo; casas de estudio que no solo acogen la diversidad, sino que la producen y la potencian.

Una cultura universitaria que mira a los individuos desde sus múltiples características, que lleva a la integración a partir de intereses comunes más que por características identitarias unidimensionales; con el desafío de promover los vínculos y encuentros entre personas que sean más equitativos; donde los estudiantes puedan elegir lo que quieren ser, con identidades que se modifican; en un contexto social con generaciones que se reinventan.

Si pensamos en esta universidad en medio siglo más vemos un riesgo: que, en la búsqueda de equidad e inclusión, se excluya a otros para dar respuesta a las necesidades específicas de un grupo o se pierda el foco de aquello que debe proveer y asegurar a las personas y a la sociedad. En tanto, surge la oportunidad de que se reconsidere lo existente y se expandan un poco más los límites, enriqueciendo así a la universidad y a cada persona que forma parte de ella. Existe la necesidad de conocer la diversidad y pensar los procesos desde ahí, para entender que las personas no pueden considerarse en función de una (solo una) de sus características.

Para ir en esta dirección es importante que las casas de estudio reconsideren su rol, al alero de políticas de inclusión que funcionen de forma coherente e integrada. Se requiere una diversificación de opciones de ingreso y de trayectorias y “certificar” los logros al término de ellas; profesores abiertos a liderar procesos por sobre “enseñar contenidos”, una universidad constantemente alerta a las exclusiones que puedan darse, que promueva la integración y sea abierta a mirar desde la fortaleza y con apertura a lo que no se ha considerado aún.