El genuino interés de “querer ser parte”
Los grandes desafíos que ha planteado la pandemia, junto al proceso constituyente que se inicia este año en nuestro país, invita a plantearse qué tipo de sociedad soñamos y cómo queremos que los ciudadanos –es decir, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)– sean parte de ella.
Las sociedades contemporáneas enfrentan hoy problemas cada vez más complejos y, como vemos, Chile no está ajeno a ello; los desafíos que se presentan requieren del trabajo coordinado y de la colaboración entre diversos actores, donde la alianza entre el Estado y la sociedad civil es fundamental. Durante la pandemia, un gran número de iniciativas han demostrado esta labor colaborativa, no solo para ir en apoyo de quienes más lo necesitan, sino que también generando datos y evidencia que contribuyan en la toma de decisiones.
Hoy existen en Chile más de 319.000 Organizaciones de la Sociedad Civil. Este gran número muestra el genuino interés de miles de personas que, comprometidas con un sinfín de causas, se agrupan para impulsarlas. Esto no es un fenómeno solo de los últimos años, sino que ellas han sido figuras relevantes del proceso de desarrollo en Chile, abordando problemas de interés público e implementando soluciones, anticipándose, complementando e incluso sustituyendo la labor del Estado en ciertas temáticas.
Es clave contar con una institucionalidad pública que reconozca a las OSC y que incentive y facilite la colaboración estableciendo de manera adecuada los roles, responsabilidades y valores de cada uno. En Chile, la existencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil está respaldada por una serie de normativas que garantizan su desarrollo y que también regulan su funcionamiento. La Constitución parte de la base de que el hombre tiene una natural inclinación hacia la sociabilidad, que lo mueve a agruparse en asociaciones y grupos de la más diversa naturaleza y con los más diversos fines. Tal sociabilidad la expresa y desarrolla a través de una pluralidad de “grupos intermedios”, los cuales son voluntarios, y que el Estado no solo debe permitir, sino que también fomentar.
En general, las Organizaciones de la Sociedad Civil cumplen dos roles principales. Por una parte, uno expresivo y de incidencia en políticas y temas de interés público; por otra, trabajan en la provisión de bienes y de servicios públicos.
Sin embargo, esto no se traduce necesariamente en canales de participación efectivos para estas organizaciones, lo que implica, para la sociedad en su conjunto, una pérdida importante de información, conocimiento de la capilaridad territorial, y orientaciones que podrían dar mayor legitimidad y mejorar el diseño y ejecución de las políticas públicas.
En este contexto, y para el proceso que se viene, es relevante preguntarse cómo se incluye en el debate constitucional ese genuino interés de los ciudadanos de querer agruparse y ser parte de la construcción de lo público y el rol que se les quiere dar y garantizar para los próximos años a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Es importante plantearse también cómo incluir las capacidades públicas y privadas para la solución de problemas complejos, entregando una gobernanza que puede contribuir a incluir la visión de diversos actores, y que permita darle mayor realidad, conexión territorial y, finalmente, legitimidad a las políticas públicas.