Isidora Larraín: vivir juntos la ciudad
Cuando Isidora Larraín visita una ciudad lo hace con la actitud de un verdadero detective en la escena del crimen. La recorre a conciencia, reconstruye el recorrido de las piezas que la conforman, indaga en lo que se escapa de lo común y conversa con quienes llegaron ahí antes que ella. Como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el sector de vivienda y desarrollo urbano, ha ejercido este rol de investigadora cívica en más de una decena de ciudades latinoamericanas. Su objetivo es diseñar e implementar proyectos que integren la vivienda social al centro de las metrópolis.
La arquitecta y master en Patrimonio Sostenible, de 32 años, Isidora Larraín, sigue en la medida de lo posible la contingencia chilena desde Washington. En sus cuantiosos viajes por la región ha sido testigo de que los problemas urbanísticos que se discuten en Santiago son los mismos que padecen nuestros vecinos, por muy distintas que sean las dinámicas sociales. Como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el sector de vivienda y desarrollo urbano, concluye que comulgamos especialmente en los inconvenientes residenciales: las casonas que están abandonadas o tomadas; la gente que ya no vive en el centro; los mecanismos de arriendo ya no funcionan correctamente; y las viviendas en arriendo que se ubican en edificios patrimoniales.
—En Chile se está intentando redireccionar la localización de la vivienda social. ¿Hacia dónde se deberían dirigir los esfuerzos?
— Creo que tienen que enfocarse en aquellas comunas o áreas con mejor accesibilidad (metro y corredores de buses), y con posibilidades de densificación, considerando el tejido urbano y la capacidad de cabida de los edificios. Para que no solo reciban a personas de ingresos medios y altos y con mayores niveles de educación, los proyectos deben contar con subsidios a grupos vulnerables, especialmente para los de tercera edad, capacidades diferentes y jóvenes. En los casos que a mí me ha tocado diseñar, el uso mixto (comercial y residencial) ayuda a disminuir los gastos comunes y a asegurar ingresos para manutención, aun cuando algunas viviendas puedan no estar habitadas durante meses o no paguen al fondo común.
El planteamiento de la exalumna de la Universidad Católica está alineado con el proyecto de ley de Integración Social y Urbana, firmado por el presidente Sebastián Piñera el pasado diciembre, que busca transformar el Minvu en el nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda. Uno de los pilares de la cartera será llevar a cabo una nueva política de “arriendo protegido”. Se facultará a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) para concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad, bajo la condición de contemplar un porcentaje de casos a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una vez finalizada la concesión, el terreno y las viviendas serán restituidos al Serviu, lo que permitirá capturar la plusvalía.
Larraín celebra la propuesta, pero alerta que el desafío está en implementar una correcta manutención y gestión, si se quiere garantizar la calidad de vida en esos edificios. La arquitecta pone de ejemplo el caso de la calle San Francisco en Santiago, que a pesar de su “impecable” ejecución física, evidenció lo necesario que era mejorar en gestión para lograr una real integración. “Fue un poco un caos, pero hubo medidas remediales, de capacitación y convivencia, y nos dejó como enseñanza que hay que diseñar desde un inicio un modelo de ingresos que sobrepase los gastos base, para incluir acompañamiento social”, destaca.
—¿En qué proyectos se ha trabajado este asunto y cómo lo han resuelto?
—Dos ciudades tan diversas como Paramaribo (Surinam) y Montevideo (Uruguay) tienen proyectos donde las aspiraciones de integración social se juntan con oportunidades de edificios y sitios vacíos bien situados en el centro histórico. Evidentemente las condiciones políticas y de mercado son muy distintas. Por ejemplo, en Paramaribo se van a construir cinco edificios, pero tienen que atender también las necesidades del Gobierno de remodelar el Parlamento. No sabemos aún si los números darán para que sean viviendas sociales o de estudiantes. Nos estamos asociando con privados y generando nuevos sistemas de préstamo para que ellos puedan hacer la otra parte. En Montevideo acaba de partir un préstamo en el centro que, entre otras cosas, pretende plantear soluciones para las fincas abandonadas. Estamos revisando el piloto más conveniente según su forma de gestión. El modelo francés es el que miramos con más apetito, porque ha logrado una mayor integración social, pero tiene un sistema público totalmente distinto a la realidad latinoamericana. Un nivel de toma de decisiones del Estado más fuerte.
LUGARES CON IDENTIDAD
Antes de llegar al BID, la joven arquitecta construyó su propio camino. Comenzó con una base de concreto, como significó obtener el puntaje máximo en la PSU de Matemáticas. Estudió en la Universidad Católica de Chile con la ayuda de la Beca Juan Pablo II y durante dos años recibió Matrícula de Honor por su excelencia académica. Esas fueron unas de las primeras distinciones que iría acumulando en el camino.
“En arquitectura hay un mito que es real y es que en los primeros años a las personas que crecen en un ambiente de arquitectos les va muy bien y a quienes son los primeros de su familia les cuesta mucho partir, pero después levantan cabeza si es que les apasiona el tema. Mi caso fue el segundo”, explica.
Al año de haber egresado ya estaba trabajando en la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del Ministerio de Vivienda, al que renunció en 2014 para irse a estudiar un master en Patrimonio Sostenible en la University College of London (UCL). Al volver a Chile en 2015 entró a trabajar como arquitecta en la Municipalidad de Santiago en la Subdirección de Patrimonio.
“Las comunidades tienen una información muy valiosa que surge de habitar un lugar a diario, el desafío de los técnicos es diseñar un proceso que avance de manera lógica, paso a paso y, a la vez, velar que los intereses personales no se interpongan con los colectivos cuando se trata de decisiones de la ciudad”.
—¿Fue difícil aplicar lo aprendido en un máster europeo a un trabajo de la municipalidad?
—Es un tema de discurso para mí. Uno no vende la idea del patrimonio por sí misma, porque el patrimonio no vende. Lo que uno debe promover es su contribución a aspectos más fundamentales que todos quieran solucionar. Cuando se convierte en un aporte para mejorar la calidad de vida de las personas, porque da la oportunidad de vivienda social en un espacio muy bien localizado, el interés político como que gira. Cuando el patrimonio logra que un parque no sea solo un parque más (que podría estar en Renca, Conchalí o Puente Alto), sino que es un lugar con identidad, que la gente entiende, que los niños distinguen porque tiene cosas particulares y que genera una atmósfera distinta, es el patrimonio el que está al servicio de lo que a todos les interesa.
—¿Y eso se logra trabajando con la comunidad?
— Se logra generando mecanismos que parecen muy complejos, donde uno trabaja con la comunidad y ella es quien toma las decisiones, pero donde también se entienda que los técnicos no están ahí solo por molestar. Que realmente tienen un aporte que hacer. En las comunidades empoderadas existe un nivel de pasión por el lugar, no solo les interesa, es que lo han venido viviendo desde sus generaciones anteriores, y ven que hay que encontrar soluciones que los beneficien a todos y no a casos particulares; ahí hay un desafío enorme en términos de participación. Todos los barrios tienen divisiones sociales y políticas, pero casi todos están de acuerdo en qué aspectos de este quieren mantener.
—Existe una clara tendencia en diversas ciudades a hacer partícipe a la sociedad en la toma de decisiones urbanísticas, lo que algunos critican por la falta de conocimiento de sus habitantes. ¿Cómo se debe valorar la integración de las personas en estos procesos?
— Concuerdo con que hay un riesgo en la toma de decisiones participativas, pero es mucho menor si el proceso participativo es informado. Es decir, si se escucha a la población local, se encuentran los puntos críticos que técnicamente requieren una solución, y si se dirigen las preguntas de una manera sencilla y con objetivos específicos. Las comunidades tienen una información muy valiosa que surge de habitar un lugar a diario, el desafío de los técnicos es diseñar un proceso que avance de manera lógica, paso a paso, y a la vez velar que los intereses personales no se interpongan con los colectivos, cuando se trata de decisiones de la ciudad.
—La gentrificación (revitalización de un barrio) ha sido una inquietud vecinal que también está en aumento. ¿Cómo se abre paso la sostenibilidad mientras se desbordan las grandes ciudades?
—Es importante aclarar que hay una diferencia entre gentrificación y desplazamiento. Si tú tienes un espacio en el que antes habitaban personas de un estrato medio bajo sin acceso a educación superior, y luego tienes más población, donde aumenta la de un estrato medio alto que tiene acceso a la educación superior, eso puede ser hasta positivo. Siempre y cuando el estrato anterior no se vea obligado a irse porque no puede enfrentar que la panadería, por ejemplo, sea más cara. Ese tipo de mecanismos se están tratando de trabajar bastante con menor éxito, pero al final también es positivo que los espacios no tengan ninguno de los dos segmentos en ninguno de los dos sentidos. Tampoco quieres que un barrio decaiga.
—La polémica que sacó a relucir el argumento de que un barrio podría decaer por los nuevos inquilinos fue el de la Rotonda Atenas, en Las Condes. ¿Es una buena propuesta?
—Las ciudades segregadas son otro de los patrones que se cumplen en todas las urbes de América Latina. A mí lo que me parece más grave de ese caso es la percepción ciudadana sobre la integración, pero también creo que es un proceso que hay que trabajarlo desde los espacios comunes. Tenemos que partir por los aspectos en los que estamos todos de acuerdo, los elementos que más valoramos, los que más queremos cuidar… Creo que falta impulsar una labor más sutil a nivel de tejido social, para lograr la integración a través de una educación que te permita que las personas vivan de una mejor manera. Esto no es que te pongan de la noche a la mañana a vivir en la diversidad, creo que eso puede ser un caos. Lo mismo que nos pasó en proyectos de integración en Santiago Centro, donde había familias que por primera vez vivían en un espacio formal y no lidiaban bien, por ejemplo, con la basura.
—¿Hubo algún proyecto de los que le tocó participar en la comuna de Santiago que cumpliera con sus aspiraciones de integración?
—Abate Molina 601 fue y todavía es un proyecto ambicioso, que se lleva los costos y aprendizajes propios de un piloto. Este es un edificio ubicado al lado del Club Hípico, de propiedad pública patrimonial y que estaba siendo mal utilizado. En el pasado, la municipalidad se lo había entregado a dedo a un puñado de personas, sin ningún sistema de beneficio social. Cuando llegamos después del terremoto lo estaban ocupando cinco personas a las que hubo que echar. Tenía mucha visibilidad porque ocupaba una manzana completa en una punta diamante, por lo que se eligió como una bandera de lucha para demostrar que se podían hacer viviendas sociales en arriendo, en un inmueble patrimonial. Hubo que diseñar 22 departamentos distintos, porque la forma en triángulo no te permitía replicar. Fue un trabajo con distintos equipos y tratamos de encontrar cuáles eran las condiciones de esa edificación tan cara para que quisieran invertir en él.
Por ejemplo, apostamos porque todo el primer piso estuviera destinado a gente con movilidad reducida –que era una oferta que Santiago Centro no tenía– y conservamos los comercios de barrio que mantienen el estilo de vida y te permiten ingresos fijos para gastos del edificio. Los fondos venían del Consejo Nacional de la Cultura y, después, el Minvu evaluó cómo podían ayudar, sumándose. Ahora está en su última fase y ha pasado, como es de costumbre, por una serie de vaivenes políticos y por muchas personas que se han esforzado arduamente por sacarlo adelante. Lo bueno es que el gobierno nacional está muy a favor de las políticas de arriendo, no así ahora el local, pero este va a tener que atenerse, porque los fondos vienen del nacional.
Larraín reflexiona que la mayoría de los proyectos en los que ha participado están próximos a convertirse en realidad, años después de sus pilotos, pero sostiene que en arquitectura le enseñaron a batallar, y eso es lo que ha estado haciendo desde entonces. Cada vez, desde una mirada más integral: “En el Ministerio de Vivienda el énfasis era lo social y lo físico. En el máster era la economía, la historia, la arqueología y la arquitectura, y ahora es cómo hacer que todo eso se logre cuadrando los números”.